por Marcelo López Álvarez
Algunas horas atrás en el encuentro del IAEF en Mendoza, vía virtual se produjo la disertación del Presidente del Banco Central del Perú, Julio Velarde (algunos dicen que es en realidad el verdadero presidente del Perú). En diálogo con la moderadora y su par argentino buscó similitudes entre lo que pasó en Perú y la situación de Argentina.
Es cierto que en el campo económico duro, con números estadísticos en la mano, se pueden trazar similitudes, las diferencias son en la economía social, en los comportamientos de las sociedades y la composición de estas que hacen que sea absolutamente imposible comparar los efectos de las políticas monetarias y económicas que llevó adelante Perú con un poder de Velarde por encima incluso del presidencial.
Quien haya leído algo más que El Comercio de Lima o si tuvo la posibilidad de visitar Perú y haya recorrido algo más que Machu Picchu y en Lima haya caminado algo más que Miraflores, San Isidro o en el casco histórico de Lima puede preguntarse dónde está el éxito de ese modelo.
Ese modelo que profundiza el extractivismo para producción de dólares y que importa hasta autos usados de oriente y solo ofrece como trabajo masivo el sector servicios, es el que tiene en mente el gobierno de Javier Milei y deja explícito en cada una de sus medidas desde el DNU 70 fundacional y en los soeces discursos del primer magistrado.
La historia dice que instalar ese modelo en la Argentina no es fácil, ya fracasaron al menos una dictadura y tres gobiernos democráticos. Si bien es cierto que hoy las condiciones sociales y políticas actuales son bien distintas y no garantizan que el modelo pueda ser aplicado.
El gobierno parece dispuesto a jugar a fondo para concretar su proyecto político y económico, no solo con el RIGI de beneficios que en cualquier economía seria son insólitos, sino que ahora se confirma que también está dispuesto a hacerlo manu militari.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la convención de IAEF
Si bien pasó como una línea más en su exposición, durante la misma convención de IAEF la ministra Patricia Bullrich adelantó la creación de una unidad llamada Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Ayer se conoció que la creación del cuerpo ya es oficial, "militarizando" de hecho las zonas productiva del país y en el borde (casi cayendo al precipicio) de la constitucionalidad de la medida.
Según la resolución, el objetivo principal es realizar tareas de prevención y control del orden en enclaves productivos estratégicos del país.
Fuentes del Ministerio aseguraron a publicaciones porteñas que "Este nuevo comando responde a la necesidad de proteger a los sectores económicos esenciales que, debido al volumen de su producción, su conexión con servicios públicos sensibles o el alto valor de sus productos, requieren de una protección especializada para garantizar la continuidad de sus actividades"
Según la resolución, y lo que informaron desde el Ministerio, el nuevo Comando tendrá el control e injerencia sobre la seguridad en zonas como los puertos de Bahía Blanca, San Lorenzo - Timbúes (o sea todos los puertos exportadores sobre el Parana), Vaca Muerta, los polos industriales y proyectos mineros en desarrollo u operación.
En esas zonas donde se fortalece la producción de divisas, que consolidan el modelo de primarización, la seguridad y control será reforzada por el comando que estará integrado por una larga lista de reparticiones como la Secretaría de Seguridad, la subsecretaria de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y por representantes de las fuerzas de seguridad que designen las provincias donde se despliegue el Comando. Desde el Ministerio de Patricia Bullrich no descartan que proximamente se sumen representantes del Ministerio de Defensa.
Según el Ministerio de Seguridad la creación responde a “una demanda ciudadana por una mayor protección física de los trabajadores y de las empresas en áreas de alto valor estratégico para la economía nacional", sin embargo, a juzgar por las declaraciones de Patricia Bullrich en los últimos tiempos parece una acción clara, por parte del gobierno, de controlar a los trabajadores y movimientos sociales que protegerlos y garantizar la silenciosa pero permanente entrega de recursos.
De hecho la resolución en sus considerandos asegura que se propende a una "mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales".
El gobierno parece decidido a consolidar un modelo basado en la primarización de la economía sin reparar demasiado en las formas y quizás hasta en los métodos. ¿Tendrá éxito? solo el tiempo lo dirá.