por Marcelo López Álvarez
Es difícil comprender el recorrido que ha tenido, en la dirigencia política, empresarial y en los medios de comunicación, una noticia inexistente: el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea.
Al igual que en junio de 2019, cuando un patético canciller lloraba por teléfono transmitiendo al presidente una mentira, y los medios de comunicación la difundían como verdad, la situación se repite casi calcada. Solo falta que, al igual que aquella vez, se organicen seminarios para analizar los alcances y beneficios de la nada.
El Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur se viene negociando desde 1999. El 28 de junio de 2019 se alcanzó un entendimiento político en Bruselas (que el canciller Faurie transmitió al presidente Macri como el acuerdo final). Dicho entendimiento fue bloqueado posteriormente por la mayoría de los gobiernos europeos, y los distintos parlamentos del Mercosur ni siquiera lo trataron.
Casi seis años después, la nueva carta de intención o entendimiento firmada en Montevideo correría la misma suerte. Por lo tanto, si hay algo que no existe, es un Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea real.
El pacto busca conectar a dos de los mayores bloques económicos del mundo, abarcando una población de más de 700 millones de personas. La Unión Europea, que es el principal socio comercial del Mercosur, exporta bienes al bloque sudamericano por cerca de 50.000 millones de euros anuales, mientras su inversión acumulada supera los 330.000 millones de euros.
La carta de intención del posible acuerdo propone eliminar y reducir aranceles de forma masiva, impulsar exportaciones e inversiones, armonizar normas en áreas como propiedad intelectual, estándares sanitarios y protección medioambiental.
También incorpora compromisos adicionales en desarrollo sostenible, derechos laborales y políticas climáticas, incluyendo la obligación de respetar el Acuerdo de París y detener la deforestación antes de 2030.
Por su parte, la Comisión Europea estima que las empresas del bloque se ahorrarían más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles, beneficiando principalmente a sectores como automotriz, diversas maquinarias y las industrias química y farmacéutica.
Para los países del Mercosur, las principales ventajas recaerían en el sector agropecuario, que podría ingresar a Europa con mínimos requerimientos.
Aunque el acuerdo o intención política ya fue alcanzado, su implementación requiere un complejo proceso de ratificación. En Europa, la Comisión debe preparar los textos jurídicos y obtener el respaldo de los ministros de Economía algo complicado, por no decir imposible, en un contexto político delicado, de tensiones internas en los países de la UE y avances de las derechas nacionalistas.
Es importante aclarar que el texto firmado recientemente no está rubricado por los países, sino por la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula Von der Leyen, y es un documento político, no un acuerdo comercial.
En Europa, Francia lidera la oposición, respaldada por Bélgica, Austria, Irlanda y Luxemburgo, argumentando riesgos para su agricultura y preocupaciones medioambientales. A este bloque se sumó Italia en los últimos meses, lo que refuerza la percepción de que el acuerdo no avanzará.
Por su parte, España y Alemania se muestran favorables, a pesar de las críticas internas, pero sus votos no alcanzan.
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Si por alguna razón (más cercana a los milagros que a la política) el Consejo diera luz verde, el acuerdo pasaría al Parlamento Europeo. Sin embargo, considerando las realidades políticas de los países europeos, los votos a favor parecen más que lejanos.
Incluso si se aprobara, su implementación dependería de la ratificación de los 27 parlamentos nacionales europeos y los seis parlamentos regionales belgas. No hace falta explicar que el proceso podría durar años.
A la par, lo mismo debería suceder en los parlamentos nacionales de los cuatro países del Mercosur.
Un dato ilustrativo: el proceso europeo para aprobar un acuerdo mucho menos complejo con un solo país, como Canadá, duró nueve años.
Solo horas después de conocida la noticia, la grieta europea quedó en evidencia. Mientras Francia consideraba —a través de un comunicado oficial de su gobierno— el acuerdo "inaceptable" en su estado actual, el premier español Pedro Sánchez anunciaba su intención de trabajar para lograr su aprobación, tanto en el Parlamento Europeo como en las legislaturas nacionales.
La versión actual incluye nuevos compromisos, como un fondo de 1.800 millones de euros para la transición digital en el Mercosur y salvaguardas sobre contratos públicos y exportaciones de automóviles. Sin embargo, la base del texto es prácticamente la misma.
La pregunta es: ¿por qué se firma pomposamente un documento que se sabe que media Europa rechaza y que el propio gobierno de Javier Milei detesta en más de la mitad de sus puntos? Quizás allí esté la respuesta: firman porque saben que, mientras ellos gobiernen, nunca se concretará.