La Legislatura recibió a representantes legales de Iberte por el conflicto por Fecovita

La Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza, presidida por el legislador José Luis Ramón  analizó nuevamente el conflicto judicial entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y las empresas Evisa e Iberte. Durante la reunión, el abogado Carlos Aguinaga, representante legal de estas últimas, presentó documentación sobre las disputas legales y comerciales en curso.

Doble frente 

Aguinaga detalló que el caso se desarrolla en dos vías paralelas: por un lado, un arbitraje en el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y por otro, una investigación penal en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. En esta última, se indagan presuntas irregularidades en los balances de Fecovita correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, además de denuncias por supuesta estafa y administración fraudulenta.

“El núcleo de la investigación se centra en las personas físicas que, usando el nombre de Fecovita como escudo, habrían cometido irregularidades. Aún estamos esperando que se realice una pericia contable sobre los balances cuestionados”, afirmó Aguinaga.

El abogado destacó un conflicto de intereses entre los directivos de Fecovita y la entidad cooperativa, subrayando además la desventaja de sus representados frente al poderío de Fecovita: “Nuestras empresas son significativamente más pequeñas y enfrentan grandes dificultades en este contexto”.

 ^{Luis Ramón escucha a Carlos Aguinaga en su exposición sobre el conflicto Iberte-Fecovita}

Denuncias y balances en la mira

El conflicto se originó en 2021, cuando Fecovita e Iberte, una firma de capitales españoles, crearon Exportadora Vitivinícola S.A. (Evisa) para exportar productos vitivinícolas a Europa del Este. La relación se deterioró en mayo de 2022, dando lugar a denuncias cruzadas. Iberte acusa a Fecovita de incumplir contratos y exige el pago de una deuda millonaria.

Entre las denuncias más graves presentadas por Iberte se encuentran las acusaciones de balances falseados por parte de Fecovita, lo que llevó a imputaciones contra directivos de la cooperativa. Por su parte, Fecovita sostiene que sus balances fueron auditados y que las acusaciones carecen de fundamento.

Aguinaga sostuvo que “la Dirección de Cooperativas de Mendoza al igual que el INAES evaluaron la presentación de los balances en tiempo y forma, aunque eso no implica que los hayan aprobado, como mencionan desde Fecovita” y agregó que “el contrato final es el que no estaba en los balances y tampoco se le dio vista al auditor externo”.

Impacto económico y preocupación legislativa

El litigio ha tenido repercusiones económicas. Según José Luis Ramón, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, el conflicto ha encarecido las condiciones de acceso al crédito para Fecovita, afectando a 29 cooperativas asociadas y a más de 5.000 pequeños productores.

Ramón subrayó la preocupación de los legisladores por el impacto en las familias de los productores: “El objetivo debe ser preservar la integridad del sector cooperativo y proteger a quienes dependen de esta actividad para subsistir”.

El camino judicial

A pesar de la complejidad del caso, Aguinaga aclaró que aún no hay una sentencia firme respecto al pedido de quiebra de Fecovita y que las investigaciones continúan. También denunció que algunos contratos clave no habrían sido auditados adecuadamente, aumentando las dudas sobre la transparencia de los procesos internos de la cooperativa y adelanto que las empresas quieren “que nos paguen las deudas, ni un centavo más ni un centavo menos”, añadiendo que estas empresas “tienen la espalda financiera” para poder tomar una decisión como que lo que se obtenga económicamente de los procesos judiciales en Mendoza contra Fecovita, será destinado a entidades de bien público.