Andrés Edgardo Vázquez, designado recientemente como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), adquirió tres inmuebles en Estados Unidos por un valor superior a los 2 millones de dólares a través de sociedades offshore, sin declararlas en sus registros ante la Oficina Anticorrupción (OA), según una investigación de La Nación, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Vázquez, cuya responsabilidad es combatir la evasión fiscal, utilizó una compleja red de empresas para poseer y gestionar estas propiedades. Dos de estas propiedades en Miami siguen bajo su control; la tercera fue vendida sin que conste en los registros oficiales. Las sociedades involucradas incluyen una constituida en las Islas Vírgenes Británicas y dos en Panamá, que actuaron como vehículos para la compra de estos activos.
Esta no es la primera vez que Vázquez se ve implicado en operaciones financieras en paraísos fiscales. En 2011, fue denunciado por no declarar una cuenta bancaria en Curazao, junto con su hermana, con fondos que luego fueron transferidos a Luxemburgo. Aunque enfrentó una investigación penal, fue sobreseído en 2022 debido a la falta de cooperación internacional para confirmar las cuentas.
La Ley de Ética Pública, desde su entrada en vigor en 1999, exige a funcionarios de su jerarquía como Vázquez que declaren anualmente sus bienes y participaciones accionarias. La omisión de tal información puede constituir el delito de "omisión maliciosa" con graves consecuencias penales, incluyendo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y podría llevar a una investigación por enriquecimiento ilícito.
Las compras inmobiliarias comenzaron en 2013 con la adquisición de dos unidades en Miami por Alcorta Corp, seguida por una tercera compra en 2015 por Pompeya Group Corp. Tras los Panamá Papers, Vázquez distanció su nombre de estos activos mediante Galanthus Capital Limited, una holding que controlaba las sociedades panameñas.
La Nación intentó contactar a Vázquez para obtener comentarios sobre su situación patrimonial, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación.
Con una carrera de más de tres décadas en la AFIP (ahora ARCA), Vázquez fue nombrado jefe de la DGI en octubre, una decisión que causó controversia interna. El decreto de su designación fue firmado exclusivamente por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, excluyendo a otros altos funcionarios.
La revelación de estas actividades inmobiliarias no declaradas de Vázquez plantea serias preguntas sobre la transparencia y ética en el manejo de los altos cargos encargados de la fiscalización tributaria en Argentina, destacando las ironías de un funcionario encargado de combatir la evasión mientras se involucra en prácticas similares.