El Gobierno argentino de Javier Milei oficializó, mediante el decreto 1131/2024 publicado este 30 de diciembre, la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025. Esta medida fue adoptada tras el fracaso en alcanzar un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes, marcando así la segunda prórroga consecutiva del presupuesto.
Aunque el Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto en septiembre, optó por no convocar sesiones extraordinarias para su tratamiento. Según fuentes oficiales, la decisión responde a preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal, una de las prioridades del presidente Javier Milei.
La prórroga se da en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno Nacional y las provincias, con negociaciones suspendidas debido a reclamos económicos que, según el Ejecutivo, atentan contra la premisa del déficit cero. Entre las demandas de los gobernadores se destacan:
Deudas por cajas previsionales.
Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP).
Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Estos reclamos representan un monto estimado de 3.700 millones de dólares. Desde Balcarce 50, sin embargo, mantienen una postura firme: “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.
El oficialismo sugiere que, si los gobernadores acceden a respaldar el proyecto original presentado en septiembre, el presupuesto podría tratarse en febrero. Sin embargo, señalan que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “Esto es día a día”, comentó una fuente oficial.
Por otro lado, un importante referente del espacio libertario afirmó: “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”.
Ante la falta de acuerdos concretos, el decreto aparece nuevamente como la carta principal para garantizar la continuidad financiera del Gobierno. Este instrumento, ya utilizado al inicio de la gestión en diciembre de 2023, permite al Ejecutivo prorrogar el presupuesto sancionado en 2022.
El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero, otorgando al Ejecutivo un margen de discrecionalidad en la asignación de recursos.
Esta práctica genera preocupaciones tanto a nivel provincial como internacional. Mientras las provincias exigen soluciones concretas, organismos como el FMI podrían observar con cautela el manejo discrecional de las cuentas del Estado.
En un panorama incierto, el Gobierno apuesta a sostener su compromiso con el déficit cero, mientras las provincias buscan respuestas que hasta ahora no han llegado. Febrero podría convertirse en un punto de inflexión para definir el futuro del presupuesto 2025.