La industria petrolera de Mendoza está sumida en una de sus crisis más profundas, agravada por la inacción de YPF en la activación de áreas maduras y las decisiones arbitrarias de empresas como San Antonio, que están poniendo en jaque la estabilidad laboral y económica de la región.
La promesa de YPF de transferir áreas maduras a nuevas operadoras, en un intento por revitalizar la producción y salvaguardar empleos, ha quedado en mero papel. A menos de un mes para el cierre del acuerdo de stand by, firmado el 27 de diciembre de 2024, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Cuyo ha manifestado su profunda preocupación por la demora en la transferencia de estos yacimientos.
El descontento no solo proviene de la falta de acción por parte de YPF, sino que se intensifica con la actitud de San Antonio. Esta empresa ha decidido proceder con despidos masivos, enviando telegramas a sus trabajadores en Mendoza ofreciendo solo un 50% de indemnización, violando así el acuerdo de stand by que debería garantizar estabilidad laboral hasta el 31 de enero de 2025. "Denunciamos enérgicamente el accionar irresponsable de la empresa San Antonio", declaró el sindicato, subrayando la falta de respeto hacia los empleados que han soportado una incertidumbre angustiante durante 8 meses.
La crisis no se circunscribe únicamente a un problema empresarial; es una cuestión de dignidad laboral y justicia social. Según el sindicato, aproximadamente 6,000 puestos de trabajo están en riesgo debido a la falta de decisiones claras sobre la transferencia de áreas maduras. Estas áreas, que deberían haber sido entregadas a operadoras como Petróleo Sudamericana para su reactivación, permanecen en el limbo, dejando a los trabajadores sin certezas sobre su futuro.
El secretario general del sindicato, Julián Matamala, expresó que "el problema no es técnico, es de voluntad política y de gestión. Tenemos trabajadores capacitados y tecnología disponible para reactivar estas áreas, pero la burocracia y la falta de decisiones están frenando todo". La situación en el sur de la provincia es particularmente crítica, con empleados en stand by desde hace meses sin perspectivas claras.
La inacción de YPF y las medidas drásticas de San Antonio no solo afectan la economía de Mendoza sino también la moral de los trabajadores que dependen de esta industria. Matamala enfatizó que "cada día que pasa sin actividad representa no solo una pérdida económica, sino también un golpe a la moral de los trabajadores".
Ante esta crisis, es imperativo que el gobierno provincial y las autoridades de YPF tomen medidas concretas. La reactivación de las áreas maduras no es solo una cuestión de productividad, sino de responsabilidad social y económica hacia una región que históricamente ha basado su prosperidad en el petróleo.
Es hora de actuar para evitar que esta situación se convierta en una catástrofe económica y social para Mendoza. La estabilidad laboral, la reactivación económica y el respeto hacia los trabajadores deben ser prioridades inmediatas para todas las partes involucradas.