
por Marcelo López Álvarez
Tal como adelantamos reiteradamente en las redes sociales y aquí en Mendoza Economico la privatización de IMPSA estaba lejos de concretarse. Las supuestas fechas límite o la preadjudicación —presentada como adjudicación final en una desmedida operación de prensa— solo eran maniobras para tratar de ganar tiempo.
El objetivo de ese “ganar tiempo” era (y es) uno solo: tratar de que el primer “hito” privatizador de Javier Milei no termine en un fracaso. La nueva fecha límite, no confirmada oficialmente por nadie, del 10 de febrero, parece ser más de lo mismo.
El proceso de privatización de la compañía, que lleva meses en negociación, sigue en un escenario crítico tras el continuo reiterado vencimiento de los plazos para la presentación de un acuerdo global de reestructuración de la deuda, que, como ya se contó, supera los 565 millones de dólares.
La situación, sin embargo, puede resumirse muy simplemente para los lectores que no siguen el tema de cerca: los acreedores quieren cobrar y ARC Energy (la única oferente) no quiere pagar.
La magnitud de la deuda, la multiplicidad de acreedores y los conflictos de intereses dentro del propio gobierno nacional y la idea de los preadjudicatarios de que se podían quedar con IMPSA a precio de remate hacen que la negociación sea interminable.
ARC Energy, en la mesa de discusión, tiene un punto en contra fuerte: los acreedores tienen un caso sólido, ya que podrían reclamar su deuda total no contra IMPSA, sino contra los Estados Nacional y de Mendoza. Entonces, ¿por qué ceder a los pedidos de renegociación de ARC Energy?
ARC Energy es una empresa perteneciente al fondo de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF), y según algunos medios de comunicación —voceros jamás identificados— se muestran optimistas respecto al cierre del acuerdo. Nada nuevo: lo mismo dijeron antes de la fecha límite de diciembre y de la del 31 de enero.
La deuda de IMPSA es diversa y compleja. Incluye a entidades internacionales como Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento, fondos de inversión como Moneda de Chile, del cual el chileno José Luis Daza fue director principal hasta que renunció para asumir como viceministro de Economía de este gobierno.
A ese lote de acreedores se suman los locales, como el Banco Nación, el Hipotecario y el BICE. Según fuentes cercanas a la negociación, ARC reclama una importante quita de la deuda y ofrece un bono en dólares con vencimientos entre 2028 y 2035. Condiciones que los acreedores, sobre todo los internacionales —que manejan e invierten fondos de pensión, como el Grupo Moneda— no aceptan.
Además, en las últimas horas también se conoció que el Estado argentino tampoco le garantiza a ARC los contratos de este con IMPSA, que están a tiro de la motosierra de Javier Milei.
Si bien nadie lo confiesa, es un secreto a voces que ARC Energy tenía la intención de quedarse con IMPSA solo capitalizándola con poco más de 25 millones de dólares en poco más de cinco años y licuar la deuda, sobre todo con los acreedores vinculados al Estado.
La relación de ARC Energy con figuras políticas ha añadido un matiz intrigante al proceso. Jason Arceneaux, CEO de ARC Energy y fundador de IAF, junto con otros directivos de la empresa, han sido identificados como donantes de la campaña de Donald Trump. Además, Mike Pompeo, exsecretario de Estado bajo la administración de Trump, asesora actualmente a ARC Energy en proyectos petroleros en Guyana. Conexiones que han generado especulaciones sobre posibles influencias en la privatización de IMPSA, especialmente en un contexto político y económico tan volátil como el actual.
La prórroga solicitada por ARC Energy es tolerada por el gobierno, que enfrenta una situación de urgencia política en torno a IMPSA. Mientras 700 trabajadores directos y la historia de la industria metalmecánica argentina ven cómo el verde esperanza se transforma en verde oscuro.