
La eterna disputa entre FECOVITA y los socios de IBERTE y EVISA parece no tener fin y ahora tiene un nuevo capítulo en el marco de la Vendimia. Tras una primera postergación, los directivos cooperativos estaban citados para el pasado viernes en la tradicional jornada de Vía Blanca, sin embargo, todo se ha aplazado hasta el 25 de marzo.
De este modo, los directivos y exdirectivos de FECOVITA, Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, deberán presentarse ese martes para notificarse de las imputaciones por presunta estafa contra las empresas IBERTE SRO y EVISA. El Jefe de Fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, ratificó la imputación y, como es de práctica habitual, impuso deberes procesales y ordenó una investigación sobre el patrimonio de los acusados y sus familias, previendo posibles embargos.
Inicialmente citados para el miércoles en el Ministerio Público Fiscal, los imputados lograron postergar la notificación de su imputación gracias a un recurso presentado por su defensa, que argumentó la ausencia del abogado Marcelo Biglieri.
Este viernes, sin embargo, el fiscal Iturbide emitió un dictamen aplazando la audiencia para el 25 de marzo, además de fijar cauciones, la obligación de presentarse a futuras citaciones y la prohibición de obstruir la justicia. También ordenó rastrear bienes muebles e inmuebles a nombre de los imputados y de sus familiares directos, con el objetivo de garantizar posibles indemnizaciones a los afectados.
El abogado de la querella, Carlos Aguinaga, celebró la decisión: “Es prudente investigar el patrimonio de los imputados y sus familias, porque muchas veces son ellos quienes terminan siendo titulares de crecimientos económicos injustificados. Los productores no deben pagar los platos rotos”.
El exjuez federal Eduardo Gerome, abogado de Fecovita, es quien encabeza la estrategia defensiva junto con los abogados de los directivos imputados. Según Gerome: “Vamos a pedir la suspensión de esto y recurrir al tribunal colegiado. Las restricciones que dictaminó el fiscal son las normales que prevé la ley, pero el problema es el origen de la imputación”.
Gerome sostiene que el fiscal se apartó de lo dictaminado por los peritos contables, quienes en su informe aseguraron que no había anormalidades. Sin embargo, un cambio de fiscal habría llevado a la reapertura del caso: “Como por arte de magia, cambian al fiscal, quien rescata el expediente del archivo en un procedimiento infundado y lo envía para consulta con Iturbide, el fiscal jefe. Este último, en una actitud desusada y cuestionable, decide interpretar de forma distinta lo dicho por los peritos y llega a una conclusión opuesta”.
Además, Gerome denunció una posible falta de imparcialidad: “No pedimos que la Fiscalía sea imparcial porque un fiscal es parcial. Pero en este caso, hay un fiscal con dependencia del denunciante”. Adelantó que avanzarán con la recusación de Iturbide e, incluso, con un posible pedido de Jury.
El caso tiene su origen en octubre de 2024, cuando la Fiscalía N.º 7 de Delitos Económicos imputó a los directivos de FECOVITA por estafa, un delito tipificado en el artículo 172 del Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión. Según la investigación, FECOVITA habría engañado a IBERTE para que invirtiera más de 3000 millones de pesos en la sociedad EVISA (formada por IBERTE y FECOVITA) con la promesa de aportar activos como la Bodega Resero y terrenos en San Juan, compromisos que luego habrían sido incumplidos.
La denuncia sostiene que los fondos aportados por IBERTE fueron redirigidos a cuentas propias bajo la figura de “anticipos de productos”, los cuales nunca fueron entregados. La Fiscalía considera que no se trató de un simple incumplimiento contractual, sino de un plan engañoso que abusó de la confianza de los cooperativistas de FECOVITA. Estos fueron convencidos de respaldar el acuerdo como una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”, sin conocer las verdaderas intenciones de sus dirigentes.
Además, se suma una imputación previa por falseamiento de balances en los años 2021, 2022 y 2023.
El abogado Carlos Aguinaga expresó su preocupación por el impacto de este caso en el sector vitivinícola: “Esperamos que este no sea un nuevo caso nefasto como el de Giol, La Colina o el Grupo Greco, donde los productores fueron los principales perjudicados”. La historia de la vitivinicultura argentina ha estado marcada por episodios de fraude que han dejado cicatrices profundas en el tecido productivo, y este caso podría sumarse a esa lista si no se logra justicia, aseguró el abogado que representa a las empresas de Juan José Retamero.
Con la audiencia fijada para el 25 de marzo, de la cual FECOVITA pedirá su nulidad, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos insiste en la necesidad de profundizar la investigación para esclarecer responsabilidades en un caso que se ha transformado en una larga novela judicial.