
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos (UFDE) de Mendoza formalizó este martes la imputación por estafa contra cuatro altos directivos y exdirectivos de Fecovita, la mayor federación de cooperativas vitivinícolas de Argentina. Los acusados, señalados por perjudicar a la empresa Iberte, enfrentan una pena de hasta seis años de prisión y una compleja trama de presuntas irregularidades financieras.
Los investigados son:
Rubén Panella, presidente de Fecovita.
Juan Ángel Rodríguez, gerente general.
Eduardo Sancho y Jorge Irañeta, exdirectivos de la entidad.
Según la fiscalía, habrían cometido estafa agravada (artículo 172 del Código Penal) mediante "engaño, abuso de confianza o falsas representaciones" en perjuicio de las firmas Iberte SRO y EVISA.
Durante la audiencia, los imputados se abstuvieron de declarar, pese a que el fiscal jefe Alejandro Iturbide había reprogramado la notificación para interrogarlos personalmente. Además, sus abogados recusaron a Iturbide y al fiscal Juan Ticheli, acusándolos de perjudicar a Fecovita y sus negocios internacionales.
Panella, Sancho e Irañeta ya estaban imputados por falsear los balances de Fecovita (2021-2023). El abogado querellante Carlos Aguinaga (representante de Iberte) cuestionó: "Tienen mucho que explicar, especialmente qué hicieron con los 32 millones de dólares que retuvieron, perjudicando a las cooperativas y sus socios".
En tanto desde la Federación cooperativa salieron fuertemente al cruce del fiscal al cual además recusaron y apelaron la imputación.
La defensa apeló la imputación, que ahora será revisada por un Tribunal Penal Colegiado.
Los imputados permanecen en libertad, ya que el juez consideró que no obstaculizarán la investigación.
El caso sacude al modelo cooperativo vitivinícola, clave en Mendoza. Fecovita, que agrupa a decenas de bodegas, enfrenta posibles complicaciones en el ambito financiero y legal, mientras la Justicia investiga si hubo desvío de fondos y fraudes contables.
El proceso judicial avanzará en las próximas semanas, con posibles nuevas pruebas y declaraciones. Mientras tanto, la presión crece sobre los directivos para que expliquen el destino de los millones en juego.