
En el marco del proceso de saneamiento y disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, el Ministerio de Economía dispuso, a través del Decreto 234/2025, la eliminación definitiva del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF). Esta decisión se alinea con la disolución de 21 fondos previos y responde a graves deficiencias en la administración de recursos, falta de controles y escasos resultados.
El FFTEF, creado en 1999, tenía como objetivo la financiación de obras de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de alta tensión. Para ello, se estableció un porcentaje sobre el recargo de las tarifas que pagan las empresas distribuidoras y los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Sin embargo, este esquema de financiamiento sufrió diversas modificaciones a lo largo del tiempo.
El Gobierno disolvió hoy el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
Según el comunicado del Ministerio de Economía, una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) reveló irregularidades en su funcionamiento, entre las que destaco:
Incumplimiento del Reglamento de Contrataciones.
Demoras significativas en la ejecución de obras.
Inconsistencias en la registración de operaciones y transferencias.
Falta de trazabilidad de los fondos aplicados.
Estados contables sin auditar ni ajustar por inflación.
A pesar del cierre del FFTEF, la financiación para las obras de transporte eléctrico seguirá bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. De esta manera, según el comunicado, el Gobierno busca garantizar la continuidad de los proyectos sin comprometer la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El cierre del FFTEF es un paso más en la estrategia del Gobierno para lograr, según afirman, una administración pública eficiente y transparente, asegurando el uso racional de los recursos y fortaleciendo los controles financieros. Sin embargo la comunicación del Ministerio no explicita si se seguriran cobrando los recargos tarifarios y en caso de ser así quíen administrará esos fondos y quién decidirá las obras.