Tensión entre poderes en Mendoza: denuncian coacción contra fiscales que investigan a Fecovita

Representantes legales de Iberte, empresa en litigio con Fecovita, advirtieron sobre una posible intromisión del poder legislativo en la función judicial, a raíz de un nuevo pedido de informe que estaría promoviendo la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza. Este requerimiento, dirigido al Ministerio Público Fiscal, fue denunciado por Iberte como una maniobra reiterativa e injustificada, ya que —según aseguran— el mismo informe ya fue presentado y documentado hace menos de dos meses.

La empresa considera que esta acción responde a presiones de los imputados de Fecovita con el objetivo de coaccionar a los fiscales que llevan adelante la investigación penal. Según un escrito elevado por Iberte a la Cámara de Diputados provincial, la Comisión habría actuado basándose en una denuncia sin sustento jurídico firmada por Osvaldo Coll, quien habría actuado bajo las instrucciones de los acusados de Fecovita.

Denuncia sin fundamentos y sin presentación judicial

El texto presentado por Iberte sostiene que la denuncia contra la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal no presenta pruebas ni fundamentos legales sólidos, ni especifica qué derechos habrían sido vulnerados. Además, remarcan que Coll o los imputados no formalizaron ninguna denuncia ante la justicia ordinaria, lo que pone en evidencia, según ellos, la intención de ejercer presión mediática y política sobre el Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que varios directivos de Fecovita —incluidos su actual presidente Rubén Panella, Marcelo Federici, Juan Rodríguez, Jorge Irañeta y Eduardo Sancho— se encuentran formalmente imputados por delitos como estafa y falsificación de balances.

Carlos Aguinaga el día que expuso ante Derechos y Garantias

Advertencia sobre la división de poderes

“Estamos muy preocupados porque el accionar de la Comisión pone en riesgo la división de poderes y podría constituir una intromisión del Poder Legislativo en el accionar del Poder Judicial”, declaró el abogado Carlos Aguinaga, representante de Iberte. También agregó que las acusaciones contra los fiscales “carecen de fundamento y tienen como único objetivo intimidarlos, tanto directa como mediáticamente”.

Aguinaga también criticó que la presentación de Coll omitiera mencionar que las imputaciones por estafa fueron avaladas por la jueza de garantías Eleonora Arenas, lo cual refuerza la legalidad y solidez del proceso judicial en curso.

Propuesta de solución técnica desestimada

Desde Iberte aseguran que intentaron resolver el conflicto mediante una instancia neutral: someter el caso a un dictamen vinculante de la auditora Ernst & Young (E&Y). Sin embargo, dicha alternativa fue rechazada por los directivos de Fecovita, lo que, según la empresa, demuestra una falta de voluntad para alcanzar una solución imparcial.

Aguinaga confirmó además que han solicitado que se remitan las actuaciones a la Fiscalía Penal correspondiente, para investigar la veracidad de la denuncia de Coll y, en caso de resultar falsa, determinar si corresponde imputar nuevos delitos a los autores de la denuncia y a los directivos de Fecovita.

Detalles de la imputación por estafa

El 25 de marzo, la Fiscalía N.º 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos notificó a Panella, Sancho, Irañeta y Rodríguez por el delito de estafa, según el artículo 172 del Código Penal argentino. Este artículo contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes, mediante engaños, defrauden a terceros.

De acuerdo con el expediente N.º P–17.924/23, Fecovita habría convencido a Iberte de invertir más de $3.139 millones en la sociedad EVISA, prometiendo aportes de activos como la Bodega Resero y terrenos en San Juan que nunca se concretaron. En cambio, la fiscalía sostiene que los fondos fueron redirigidos a cuentas controladas por los directivos de Fecovita bajo el concepto de "anticipos de productos" que jamás se entregaron.

Una estafa encubierta en una sociedad falsa

Para el Ministerio Público Fiscal, las acciones de Fecovita trascienden un simple incumplimiento contractual. Se trataría de un plan engañoso y premeditado para apropiarse de fondos de Iberte, valiéndose de la confianza de los cooperativistas, quienes fueron persuadidos de apoyar el proyecto como una “capitalización a tasa 0%”. Estos actos configuran, según la Fiscalía, una estafa agravada que debe ser investigada en profundidad.

Asimismo, los fiscales remarcan que ya existe una imputación previa contra varios de los acusados por la falsificación de balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 de Fecovita.