
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una resolución impulsada por la comisión de Derechos y Garantías, solicitando al Ministerio Público Fiscal un informe detallado sobre el estado actual del expediente F-17.924/2023, radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 7, a cargo del fiscal Juan Tichelli, con la supervisión del Fiscal Jefe Alejandro Iturbide.
La causa, que tiene en su centro a la empresa Fecovita y a la firma extranjera Evisa, fue analizada recientemente por la comisión legislativa, que también resolvió solicitar la acumulación de expedientes relacionados. Como parte de una política de transparencia, la documentación será almacenada en un archivo Drive de acceso público para facilitar el trabajo de fiscales, periodistas y ciudadanos interesados en el avance del caso.
Durante la sesión, el diputado José Luis Ramón (CxC) destacó la importancia estratégica de Fecovita para Mendoza:
“Estamos hablando de una empresa nacional y un polo de desarrollo económico, no de una sociedad anónima más. Fecovita es una Federación de Cooperativas auditada sistemáticamente durante todo el año”.
Ramón subrayó que más de 5.000 pequeños productores integran esta estructura cooperativa, participando de un esquema que les permite acceder a los mercados internacionales. En ese sentido, advirtió que la situación judicial pone en juego la credibilidad de una empresa clave para la región:
“Es una empresa que representa una bandera comercial para Mendoza. Si se erosiona su imagen, también se impacta a toda la cadena productiva”.
Uno de los puntos centrales de la resolución aprobada es la decisión de generar un archivo compartido en Drive que contendrá toda la información recabada por la comisión, así como expedientes y documentos relacionados con la investigación.
El objetivo es poner a disposición datos claves para los fiscales, periodistas y ciudadanos, y así despejar dudas sobre el proceso judicial en curso, que según algunos legisladores, podría responder más a conflictos comerciales que a delitos penales.
“Hay una disociación entre los intereses económicos y el enfoque penal del caso”, remarcó Ramón, aludiendo a un eventual intento de judicializar una disputa comercial.
El diputado Miguel Ronco (UCR) también intervino, enfatizando el rol de Fecovita como plataforma de integración para los pequeños productores vitivinícolas:
“Muchos de los productores nunca habríamos podido comercializar sin esta estructura cooperativa. Una eventual quiebra de Fecovita sería catastrófica”.
Ronco recordó que Fecovita forma parte de los 10 principales grupos vitivinícolas del mundo, con 1.200 clientes estratégicos y acuerdos en más de 40 países. Su caída tendría un efecto dominó en toda la economía regional, advirtió.
La diputada Gabriela Lizana (FR-LN) cerró el debate legislativo llamando a la defensa del modelo cooperativo, sin dejar de lado la responsabilidad individual:
“Si alguien tergiversó el espíritu del cooperativismo, que pague. Pero no podemos permitir que, por errores individuales, se ponga en riesgo un sistema que sostiene a miles de familias”.
Lizana pidió enfocarse en la protección del precio justo para los productores asociados, al tiempo que defendió el actual sistema de comercialización vitivinícola como uno de los motores económicos más importantes de la provincia.