Ataques, apoyos y fracturas: el resumen de una semana agitada para Coviar

Termina la semana en la que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) recibió los ataques más fuertes desde su creación en busca de su desaparición o una degradación importante en las funciones que cumple de promoción, difusión e investigación en el ecosistema vitivinícola argentino.

Todo comenzó cuando el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Damián Arabia (PRO), que probablemente ni supiera de la existencia de la Coviar hasta que presentó el proyecto en el Congreso para derogar la Ley 25.849, la norma que dio origen a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

La propuesta, que todavía en el sector genera dudas si es realmente de autoría de Arabia, reclama el fin de los aportes obligatorios que realizan las bodegas y productores vitivinícolas al organismo, y generó una fuerte controversia en el sector y reavivó una vieja interna en la vitivinicultura argentina.

Arabia, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, argumentó que la Coviar "se financia con aportes compulsivos de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados". “La asociación es un derecho, no una obligación”, sostuvo el legislador, quien planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de “modernización, simplificación y desregulación”.

La iniciativa fue rápidamente respaldada por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien publicó en sus redes sociales: “Basta de aportes obligatorios”. También se sumó el Consejo Empresario Mendocino (CEM), que calificó el proyecto como un paso clave para reducir el "costo argentino".

Bodegas de Argentina y otras entidades apoyan la derogación

El respaldo más contundente provino de Bodegas de Argentina, la principal cámara empresaria del sector, que abandonó la Coviar en 2019. En un comunicado, la entidad calificó la estructura actual como “una carga impositiva insostenible” y denunció “falta de transparencia y eficacia en la gestión”. Se sumaron también el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y otras voces críticas que consideran que el modelo institucional vigente está agotado.

^{La industria vitivinícola en medio de una profunda interna por la Coviar}

Coviar y aliados rechazan el proyecto

Desde la vereda opuesta, Mario González, presidente de la Coviar, rechazó con dureza la propuesta. En diálogo con medios mendocinos, calificó de “irresponsable” el planteo del legislador y aseguró que la Coviar “no es una cámara gremial”, sino “una entidad ejecutora del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), creado por el sector privado en 2001”.

González explicó que el aporte obligatorio que realizan las bodegas es “insignificante”, con valores que oscilan entre 40 y 80 centavos por litro de vino, dependiendo del varietal. “Con pequeños aportes logramos mucho más que con esfuerzos individuales”, afirmó.

También sostuvo que los gastos administrativos de Coviar no superan el 3% del presupuesto, y que los fondos son destinados mayoritariamente a las unidades ejecutoras de programas de promoción e investigación.

Opiniones divididas en el Gobierno mendocino

El proyecto también generó fricciones dentro del propio Gobierno de Mendoza. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, empresario del sector, consideró que si bien la discusión sobre los aportes es válida, la iniciativa debió haberse impulsado desde las provincias vitivinícolas. “La vitivinicultura no es solo un negocio, es una forma de vida”, dijo.

Vargas Arizu reconoció que las metas del PEVI 2020 no se cumplieron y se mostró a favor de revisar el esquema de aportes, pero pidió una discusión más profunda y federal, con participación del Congreso y del sector productivo.

Un debate de fondo: ¿institución estratégica o carga innecesaria?

La Coviar fue creada por ley en 2003 con el objetivo de coordinar e implementar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) para ganar mercados internacionales, consolidar el consumo interno y promover el desarrollo del sector. Su disolución pondría en discusión la institucionalidad que sostiene al vino como producto insignia de exportación.

El debate sobre su continuidad expone dos modelos: uno que defiende la articulación público-privada para promover la vitivinicultura como política de Estado, y otro que busca liberar al sector de lo que considera trabas burocráticas e imposiciones tributarias.

La realidad es que la posibilidad de que el proyecto de Arabia llegue a ser ley y se concrete parece lejana. Debe todavía atravesar comisiones, llegar al recinto, y que se apruebe, y de allí viajar al Senado, debatirse en las comisiones y después ser aprobado por la Cámara sin ninguna modificación. Algo que parece imposible en un año electoral, pero sí es cierto que la Coviar ha quedado seriamente golpeada en su línea de flotación y deja al descubierto, definitivamente, la fractura que llega al corazón de una de las industrias más tradicionales de la Argentina.

Nota original publicada en Sitio Andino