Después de que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos (UFDE) de Mendoza formalizara la imputación por estafa contra cuatro altos directivos y exdirectivos de Fecovita, en la causa que investiga una posible defraudación millonaria en perjuicio de Iberte, y se desatara un insólito conflicto de poderes entre la Cámara de Diputados y la Justicia de Mendoza, esta contestó un pedido de informes sobre la causa realizado por el órgano legislativo.

Como se recordará, los imputados son Rubén Panella, actual presidente de Fecovita; Juan Ángel Rodríguez, gerente general; y los exdirectivos Eduardo Sancho y Jorge David Irañeta. Según la acusación, habrían incurrido en “engaño, abuso de confianza o falsas representaciones”, lo que encuadra en el delito de estafa simple (artículo 172 del Código Penal), en perjuicio de las empresas Iberte SRO y EVISA.

El camino judicial

El informe presentado por el Ministerio Público Fiscal a la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, el Fiscal Jefe Alejandro Iturbide expresa que la imputación se definió el 8 de noviembre de 2024, luego de una consulta interna que originalmente contemplaba otro tipo de defraudación (artículo 174, inciso 6). A partir de esa decisión, comenzó la Investigación Penal Preparatoria, tal como establece el artículo 313 del Código Procesal Penal.

La defensa de los imputados presentó una batería de recursos: pedidos de nulidad, oposición y excepciones de falta de acción. Todos fueron rechazados el 27 de febrero de 2025 por la jueza Eleonora Arenas, del Juzgado Penal Colegiado.

La audiencia de imputación formal, a cargo del fiscal Juan Ticheli, se concretó finalmente el 25 de marzo, tras varias reprogramaciones. En ella, los acusados se abstuvieron de declarar y sus abogados recusaron nuevamente a los fiscales, alegando falta de objetividad y perjuicio a los negocios internacionales de Fecovita. No obstante, dichas recusaciones fueron rechazadas por la fiscal adjunta subrogante el 25 de abril, quien ratificó la continuidad de Iturbide y Ticheli en la causa.

^{José Luis Ramón junto a  legisladores de Derechos y Garantias, autores del pedido del Informes a la Justicia}

Las apelaciones y el impacto

Pese a los reveses, la defensa no se dio por vencida: apeló la imputación, y el caso fue elevado a un Tribunal Penal Colegiado, integrado por los jueces David Mangiafico, Claudia Vallejos y Horacio Cadile. Las audiencias comenzaron el 28 de abril, y tras escuchar los agravios defensivos, el tribunal dictó un cuarto intermedio.

Paralelamente, el abogado querellante Carlos Aguinaga, representante de Iberte, denunció que los imputados habrían falseado balances entre 2021 y 2023 y retenido 32 millones de dólares, perjudicando a las cooperativas asociadas.

Mientras tanto, los acusados continúan en libertad, dado que el juez no consideró que existiera riesgo de entorpecimiento del proceso judicial.

Un modelo bajo presión

Este proceso judicial sacude los cimientos del modelo cooperativo vitivinícola mendocino. Fecovita, que reúne a decenas de bodegas y representa una porción vital de la economía regional, enfrenta potenciales consecuencias legales y financieras que podrían alterar el mapa productivo de la provincia.

Aunque desde la Federación salieron a respaldar a sus directivos y cuestionaron con dureza el accionar fiscal, la Justicia sigue avanzando, y el foco público está puesto en el desarrollo de una causa que puede marcar un antes y un después en el sistema cooperativo argentino.

Principales puntos del informe

1. Contexto general

• Los informes responden a la Resolución N.º 1197/25 de la HCD, solicitando al MPF detalles sobre el estado actual del expediente judicial P-17.924/23.

• El caso está en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, según el Código Procesal Penal (CPP).

2. Hechos investigados

• Se investiga la posible comisión del delito de estafa (art. 172 del Código Penal) por parte de:

  • Eduardo Ramón Sancho

  • Rubén Ariel Panella

  • Jorge David Irañeta

  • Juan Ángel Rodríguez Peregrina

• La imputación fue dispuesta el 08/11/2024 por el Fiscal Jefe, luego de evaluar una propuesta inicial por otra figura de defraudación (art. 174 inc. 6 CP).

3. Actuaciones judiciales

• Los imputados impugnaron la decisión fiscal con planteos de nulidad, oposición y falta de acción.

• La jueza Eleonora Arenas del Juzgado Penal Colegiado rechazó dichas incidencias el 27/02/2025.

• Se convocó a audiencia de imputación formal, inicialmente para el 05/03/2025, pero fue reprogramada al 25/03/2025, con comparecencia formal de todos los imputados.

4. Cuestiones procesales

• La defensa recusó a los fiscales intervinientes.

• La Fiscal Adjunta Penal Subrogante rechazó las recusaciones el 25/04/2025, por considerar que no hubo falta de objetividad.

• La defensa presentó un recurso de apelación contra el rechazo de sus planteos, el cual fue concedido.

5. Tribunal interviniente

• Se sorteó el Tribunal Penal Colegiado que atenderá la apelación:

  • Dr. David Mangiafico

  • Dra. Claudia Vallejos

  • Dr. Horacio Cadile

• La audiencia comenzó el 28/04/2025 y se pasó a un cuarto intermedio tras los agravios presentados por la defensa.

6. Intervención legislativa

• Se agregaron tres documentos a pedido del Dr. José Luis Ramón (diputado y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales), representando a la HCD.