
Más de 16 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en Argentina, mientras millones de personas padecen hambre o malnutrición. Frente a esta contradicción, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para reducir el desperdicio de alimentos, promoviendo su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable.
“Somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes”, advirtió el legislador cordobés.
La iniciativa contempla beneficios fiscales para empresas que donen sus excedentes. Las micro y pequeñas empresas accederán a una reducción del 15% en Ganancias y contribuciones patronales, mientras que las empresas medianas obtendrán un 10% y las grandes, un 5%.
Además, se propone la creación de un sello distintivo para compañías que adopten buenas prácticas en el uso responsable de alimentos. Este reconocimiento les permitirá acceder a contrataciones estatales con prioridad y a créditos con tasas preferenciales.
“El objetivo no es solo evitar el desperdicio. Es reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir”, sostuvo Agost Carreño.
El proyecto establece la creación de una plataforma digital nacional que vincule a empresas con organizaciones sociales y bancos de alimentos, con el fin de facilitar la redistribución de excedentes. También prevé campañas de concientización en escuelas, supermercados, restaurantes y hogares.
Estas campañas estarán orientadas a educar en consumo responsable y a fomentar una cultura de la solidaridad y la responsabilidad social en torno a los alimentos.
No todo se trata de donación. La ley también promueve el uso sustentable de los alimentos no aptos para consumo humano, como su transformación en compost, biogás o alimentos para animales.
En cuanto a la fiscalización, se prevén advertencias y multas escalonadas para las empresas que desechen alimentos en condiciones aptas sin justificación. Las sanciones se graduarán según la conducta, la cantidad desperdiciada y la reincidencia.
La propuesta se inspira en legislaciones de países como Francia, España y Dinamarca, que ya cuentan con marcos legales para reducir el desperdicio alimentario. En esos casos, las políticas públicas no solo lograron un impacto ambiental y social positivo, sino que también generaron beneficios económicos indirectos.
“Donar no puede ser más costoso que tirar. Esta ley busca revertir esa lógica”, concluyó Agost Carreño.