03/06/2025 - Edición Nº426

Política

caza de dólares

Catamarca firmó el primer acuerdo con Nación por el Plan Colchón

30/05/2025 | Catamarca firmó el primer convenio del Plan Colchón con Nación para aplicar el nuevo régimen de Ganancias y alentar el uso de dólares no declarados. CABA y Provincia de Buenos Aires piden garantías legales.



 

El Gobierno nacional y la provincia de Catamarca firmaron el primer convenio de intercambio de información, en el marco del Plan Colchón, la estrategia oficial para incentivar el uso de dólares no declarados en la economía formal.

El gobernador Raúl Jalil rubricó el acuerdo en un encuentro con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

De este modo, Catamarca se convierte en el primer distrito que formaliza su adhesión, luego de que Nación realizara una reunión virtual con autoridades de 17 provincias, donde varias expresaron su respaldo al plan enmarcado en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.

El acuerdo sienta las bases para la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que busca preservar la información sobre consumos e incrementos patrimoniales, como herramienta clave para la fiscalización.

Advertencias del Gobierno a las provincias

Desde el Gobierno nacional señalaron que aquellas provincias que no adhieran al sistema "perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas", así como la relativa a consumos por encima de los $50.000.000, umbral fijado por ARCA.

Según el comunicado oficial, esta política busca garantizar la “decisión histórica de devolver a los ciudadanos la libertad de usar su dinero como quieran”, e invitan a las provincias a ser parte de “una nueva era” donde los ciudadanos “son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

CABA y Buenos Aires exigen leyes para adherir

A diferencia de Catamarca, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires todavía no se sumaron formalmente. Sin embargo, sus funcionarios mantuvieron reuniones por separado con ARCA para discutir los alcances del plan.

Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof indicaron que el diálogo fue “positivo”, aunque no se concretaron acuerdos. En el encuentro, la provincia exigió garantías de seguridad jurídica, no solo para quienes ingresen al régimen, sino también para los funcionarios responsables de la recaudación, con el fin de evitar eventuales sanciones judiciales futuras.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que hasta ahora lo anunciado no es suficiente:

“Es la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”.

El funcionario bonaerense advirtió que no se modificaron normas claves como el régimen penal tributario, el código fiscal ni la legislación sobre prevención del lavado de activos:

“Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva. Les guste o no, es así por ley”.

La Ciudad espera una ley del Congreso

Desde la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios exigieron una ley del Congreso para garantizar el funcionamiento del Plan Colchón. El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el titular de AGIP, Gustavo Krivocapich, asistieron a la reunión con Juan Pazo.

Arengo se mostró abierto al diálogo y afirmó:

“Vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica y eliminen burocracia”.

No obstante, aclaró que la Ciudad pretende “analizar en detalle” el convenio de intercambio de información fiscal antes de tomar una decisión.

Tres ejes del acuerdo con Catamarca

El convenio firmado con Catamarca establece tres compromisos clave:

  1. Fortalecimiento del intercambio de información fiscal entre Nación y provincia.

  2. Implementación plena del Régimen Simplificado de Ganancias en el territorio provincial.

  3. Revisión y simplificación de los regímenes informativos existentes, sin establecer nuevas exigencias burocráticas o administrativas.

Mientras avanza el debate político, el Gobierno nacional también trabaja en un proyecto de ley para reducir de cinco a dos años el plazo de prescripción de deudas fiscales, iniciativa que será enviada al Congreso la próxima semana.