
Durante su exposición en la 70° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, detalló la profunda reestructuración del sistema de obras públicas encarada por el Gobierno nacional.
“El primer objetivo fue revisar el desorden administrativo y de deudas que tenían las 2.337 obras que analizamos”, expresó Giovine, al explicar el criterio de priorización que definió la continuidad o la baja de los proyectos.
El diagnóstico llevó al Ejecutivo a considerar que muchas obras municipales —como cordones, plazas o vestuarios— no eran prioritarias en la coyuntura actual. Así, se decidió:
Dar de baja 1.668 obras,
Transferir 500 proyectos a las provincias, y
Conservar 183 obras a cargo directo del Gobierno nacional.
El funcionario informó que el Ejecutivo renegoció 42 contratos y debió volver a discutir los términos en 9 casos, debido a irregularidades o inconsistencias heredadas.
En este marco, destacó cuatro obras de gran envergadura que serán finalizadas:
Acueducto Vipo (Tucumán): $127.000 millones
Acueducto Albigata (Catamarca): $102.000 millones
Acueducto Chaco: $71.000 millones
Planta de tratamiento de efluentes cloacales (Pinamar): $23.000 millones (con ocho oferentes en licitación)
El secretario también abordó los cambios en los programas Procrear y Casa Propia, que antes eran financiados 100% por Nación junto con un aporte del adjudicatario.
“Hoy el Gobierno Nacional ya no es el único financiador. Las provincias ahora tienen un rol clave, tanto en la administración como en la ejecución, en base a sus necesidades y capacidades de financiamiento”, explicó.
Con este nuevo esquema, hay cerca de 10.000 viviendas en ejecución, cuyos pagos se harán a medida que las obras avancen, sin anticipos ni renegociaciones que encarezcan los contratos.