Entre el colchón y la subasta: desconfianza ciudadana y privatizaciones en tiempos de Milei

En medio de una economía asfixiada por la falta de divisas, un endeudamiento estructural creciente y un clima político atravesado por la incertidumbre, el gobierno de Javier Milei ha redoblado su apuesta por una agenda de reformas que, lejos de generar confianza, profundiza los signos de escepticismo social. Las recientes decisiones de privatizar empresas públicas y lanzar planes para repatriar los ahorros en dólares de los argentinos se encuentran con una sociedad cada vez más desconfiada y menos dispuesta a colaborar con un Estado al que no percibe como garante ni como socio.

Dólares guardados, rechazo manifiesto

^{Lo dólares seguirán arrollados bajo el colchón}

La publicación más reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, a través de su serie Domingo de Datos, revela con nitidez este divorcio creciente entre el gobierno y los ciudadanos. Según el relevamiento, apenas un 19,9% de la población declara tener ahorros en dólares, y dentro de ese grupo, solo el 12,2% estaría dispuesto a blanquearlos. A contramano de las expectativas oficiales, los argentinos no están sacando los dólares del colchón. El resto, prefiere guardarlos, usarlos para gastos personales o destinarlos a vacaciones, pero bajo ningún punto de vista entregarlos al sistema financiero formal por pedido de una administración que no logra generar la más mínima dosis de credibilidad.

El dato más llamativo, sin embargo, no es económico sino político: el 57,8% de los tenedores de dólares sostiene que “lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden”. Más que un acto de protección patrimonial, la tenencia de dólares se convierte así en un gesto de resistencia política. La reacción emocional y visceral, como la describe el propio estudio, excede el cálculo racional sobre los beneficios de un eventual blanqueo. Es una respuesta al clima de enfrentamiento promovido por el oficialismo, que lejos de convocar a una reconstrucción colectiva, ha optado por el aislamiento ideológico.

Privatizar como doctrina, no como estrategia

En paralelo, el gobierno impulsa con celeridad el proceso de privatización de empresas estatales, como una vía expedita para obtener divisas y cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. El decreto 416/2025, recientemente publicado, establece los mecanismos legales para realizar ventas de activos a través de plataformas digitales. Empresas estratégicas como AySA, Trenes Argentinos, Enarsa o Nucleoeléctrica se encuentran en la lista de ventas. En el discurso oficial, se trata de “achicar el Estado” y “liberar recursos para el crecimiento”. En la práctica, el proceso recuerda demasiado al vendaval privatizador de los años noventa, con sus promesas de eficiencia, inversión extranjera y modernización… que la historia se encargó de refutar con crudeza.

^{El tradicional palacio de AySA ubicado en la avenida Córdoba de Capital será privatizado}

El paralelismo con la era menemista no es casual. Aquel experimento —también motorizado por el FMI— dejó como saldo la pérdida de activos estratégicos, el debilitamiento de las capacidades estatales y una estructura económica más dependiente. Hoy, Milei reedita esa receta con un condimento adicional: el desprecio explícito por lo público. El plan privatizador no solo busca sanear las cuentas o ganar competitividad, sino, sobre todo, consagrar una concepción ideológica donde lo estatal es sinónimo de ineficiencia y corrupción.

Democracia sin entusiasmo, votos sin fe

La novedad, si se quiere, radica en la velocidad y en la ingeniería institucional desplegada. La utilización de plataformas como CONTRAT.AR y SUBAST.AR intenta agilizar las operaciones y sortear resistencias parlamentarias o judiciales. Se trata de un esquema diseñado para minimizar obstáculos y maximizar retornos, al menos en el corto plazo. Pero ni el mejor diseño administrativo puede suplir la falta de un consenso social amplio. La operación se enfrenta a una ciudadanía que no solo desconfía del rumbo, sino que tampoco encuentra un horizonte que justifique los sacrificios.

Esa desconfianza se extiende también al plano democrático. El estudio de Zuban Córdoba revela un deterioro preocupante en la percepción del voto como herramienta de cambio. Aunque el 65% de los encuestados respalda el voto obligatorio, los niveles de desafección, sobre todo entre los jóvenes, son alarmantes. El desencanto se concentra en la falta de confianza hacia los partidos y candidatos, y en la idea de que el voto ya no cambia nada. Entre los votantes de Milei, incluso, crece el hartazgo por la frecuencia electoral. En todos los sectores, la apatía se impone como signo de época.

Una narrativa en crisis, un futuro sin certezas

El vínculo entre el agotamiento democrático y la desconfianza económica no es menor. Cuando el ciudadano se retira del sistema político y se refugia en decisiones individuales —como guardar los dólares o abstenerse de votar—, lo que se erosiona es la posibilidad misma de una salida colectiva. El Gobierno, en lugar de revertir esa lógica, la refuerza con políticas que fragmentan, excluyen o culpabilizan. El resultado es un escenario donde el Estado se vacía de recursos, pero también de legitimidad.

El dilema de la administración Milei es, en el fondo, doble. Por un lado, necesita dólares para sostener su esquema económico, pero no logra generar el clima de confianza que permita captarlos. Por otro, requiere adhesión política para avanzar con su programa de reformas, pero su estilo confrontativo y dogmático solo cosecha resistencias. Entre el colchón que guarda los dólares y la subasta que entrega las empresas públicas, la Argentina se debate entre la desconfianza y la resignación.

Nada indica que el rumbo vaya a cambiar. El oficialismo apuesta a que los mercados responderán con entusiasmo ante las señales de “orden macroeconómico”, aun sin inversión directa ni reactivación productiva. Pero la realidad es más tozuda: mientras los capitales se fugan y los ciudadanos se atrincheran, el gobierno navega en un mar de expectativas rotas. Privatizar en este contexto puede resultar funcional al relato, pero difícilmente resolverá los problemas de fondo.

 A falta de una narrativa integradora, el dinero permanece en el colchón y la política, en cuarentena.