
Entre la crisis por el escaso o nulo envio de fondos y el inicio del calendario electoral, los gobernadores provinciales avanzan con una estrategia institucional para reducir la discrecionalidad de la Casa Rosada en la distribución de fondos. Reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), 18 mandatarios acordaron impulsar un proyecto de ley que apunta directamente a los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La iniciativa que será elevada al Congreso Nacional busca eliminar los fideicomisos que retienen recursos recaudados con el impuesto a los combustibles y permitir que tanto la Nación como las provincias puedan utilizar esos fondos de acuerdo con sus propias prioridades.
Los gobernadores señalaron que estos fondos “se encuentran atrapados en fideicomisos y que la Nación no los está distribuyendo”, a pesar de su importancia para salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública. En paralelo, solicitaron que el reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se realice de acuerdo con los criterios de coparticipación establecidos por la Ley 23.548, eliminando así la posibilidad de que el Ejecutivo nacional utilice estos recursos como herramienta de presión o premio político.
Los gobernadores argumentan que la medida “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales” y que, en cambio, promoverá un federalismo más equitativo. Según el documento firmado tras la reunión, esta redistribución permitirá a las jurisdicciones responder de manera más efectiva a las demandas sociales en un contexto de deterioro económico.
El gobernador Gerardo Zamora (Santiago del Estero) fue uno de los voceros más explícitos del encuentro, remarcando que estos fondos “son imprescindibles” y que su retención actual compromete la capacidad operativa de las provincias.
El encuentro en la sede del CFI, en el barrio porteño de San Telmo, reunió a una mayoría transversal de dirigentes, incluyendo a Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros. Solo estuvieron ausentes Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes), aunque sí participaron vicegobernadoras y representantes de otras provincias, mostrando la amplitud del reclamo.
Tras una reunión previa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los funcionarios nacionales enviaron como emisarios al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para presentar una contrapropuesta cuyo contenido no fue divulgado.
Mientras los gobernadores debatían en Buenos Aires, Guillermo Francos encabezaba en Córdoba un acto con tono de campaña. Desde el almuerzo aniversario de la Fundación Mediterránea, el jefe de Gabinete advirtió que el gobierno de Javier Milei no está dispuesto a ceder ni un punto del superávit fiscal comprometido con el FMI, en clara alusión a los reclamos provinciales.
“Hay gobernadores que hicieron un ajuste y otros que no hicieron nada”, sentenció Francos, remarcando la necesidad de que las provincias acompañen el plan de ajuste libertario. Además, dejó entrever que el oficialismo ya piensa en un segundo mandato de Milei, reforzando su discurso con una enumeración de supuestos logros económicos: baja de la inflación, aumento del salario real, apertura comercial y eliminación del cepo, entre otros.
El contrapunto entre la Nación y las provincias tensiona el escenario político. Mientras los gobernadores buscan institucionalizar un nuevo mecanismo de distribución de recursos, el gobierno central refuerza su relato de ajuste y control fiscal.
Francos también aprovechó para criticar a legisladores nacionales que votaron en contra del oficialismo en temas sensibles como la reforma previsional, y defendió el respeto a la división de poderes, aludiendo al rechazo de los pliegos judiciales de candidatos a la Corte Suprema.
“Estamos viviendo un momento especial, un cambio de estructura y de concepción del Estado que puede poner fin a 100 años de decadencia”, sostuvo el funcionario.
El proyecto de ley presentado por los gobernadores es un intento de replantear la relación fiscal entre Nación y provincias, en un momento donde el déficit social y la caída de la recaudación empujan a las administraciones locales a buscar más autonomía y previsibilidad.
Aunque desde la Casa Rosada buscan desactivar la ofensiva provincial, las provincias parecen decididas a sostener el reclamo en el Congreso. El debate por los recursos federales, que combina economía, política y poder territorial, promete ser uno de los ejes centrales en la segunda mitad del año.