
En el marco del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación el próximo 8 de julio, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciaron una serie de decisiones que redefinen el rol del Estado en materia de infraestructura vial y transporte.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, ambos funcionarios confirmaron que el presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida será oficializada a través de un decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial.
Según informó Adorni, la decisión responde a la necesidad de reducir el gasto público, eliminar estructuras consideradas ineficientes y avanzar hacia un modelo más austero. En ese marco, anticipó que el Ejecutivo abrirá la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que “tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”.
Además, se anunció que la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será transformada en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, con el objetivo de garantizar mayor eficiencia en la fiscalización de servicios.
Con un tono enfático, Adorni afirmó que “la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada” y aseguró que, a diferencia de gestiones anteriores, el uso de las facultades delegadas por parte del presidente Milei tuvo como fin principal “aliviar la carga fiscal sobre los bolsillos de los argentinos”.
En esa línea, destacó que los 65 decretos delegados promulgados durante el último año generaron un ahorro anual de 2.000 millones de dólares en gasto público. “Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para ordenar las cuentas, no para ampliar el poder del Ejecutivo”, subrayó.
Por su parte, Sturzenegger remarcó que, a diferencia del kirchnerismo, la actual administración no buscará prorrogar las facultades delegadas. “Fueron planteadas por el presidente Milei con una intención y una modalidad totalmente diferente”, explicó. “Fue por un año; un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”.
El ministro describió que la gestión de Milei se propuso implementar transformaciones de fondo en ese período acotado, para luego devolver el control al Congreso. “No vamos a buscar prorrogar como hacía el kirchnerismo. Tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos”, sentenció.
Las medidas anunciadas se enmarcan en un proceso de transformación estructural del Estado iniciado con la sanción de la Ley Bases y la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Ambos instrumentos le permitieron al Gobierno avanzar en reformas que impactaron en áreas clave como:
Empleo público
Reforma laboral
Regulación de alquileres
Industria y comercio
Transporte y sector automotor
Sturzenegger calificó el conjunto de iniciativas como un “paquete histórico de reformas del Estado” y defendió la legalidad del camino elegido. “Este uso que ha hecho el Gobierno de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución”, afirmó.
Durante la conferencia, Adorni se refirió expresamente a la causa Vialidad, en la que se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Mencionó prácticas como adjudicaciones amañadas, adelantos financieros sin justificación, abandono de obras sin penalización y ampliaciones de plazos injustificadas.
“En virtud de todo esto, el presidente Javier Milei decidió cerrar definitivamente los organismos responsables de la obra vial y reorganizar su estructura de control”, justificó.
Sobre el final de su intervención, Sturzenegger citó una frase frecuente del presidente Milei: “prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante”. Y agregó: “¿Ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución, o uno aguerrido que la cumple?”.
La frase sintetizó el tono desafiante del mensaje oficial y reafirmó el rumbo elegido por el Ejecutivo, que busca profundizar las reformas iniciadas durante el primer año de gobierno, pero ahora sin las herramientas excepcionales que le otorgaban las facultades delegadas.