El Gobierno disolvió 21 organismos públicos y reestructuró otros 12 para reducir el gasto estatal

En una medida de gran alcance institucional, el Gobierno nacional oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos, como parte del plan de reducción del gasto público y achicamiento del Estado. La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial N.º 35.702 y abarca entidades vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras áreas estratégicas.

Reasignación de funciones y continuidad de los servicios

De acuerdo con la normativa, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal permanecerá en funciones hasta la definición de las nuevas estructuras organizativas. El objetivo declarado es evitar la interrupción de los servicios públicos y optimizar el uso de recursos disponibles.
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Organismos disueltos: una reducción transversal

La medida implica la eliminación de instituciones históricas como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

También se desactivaron organismos de salud como las Delegaciones Sanitarias Federales, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y el modelo hospitalario SAMIC. En algunos casos, la eliminación se justificó por superposición de funciones, duplicación de estructuras o falta de resultados concretos.

Transformaciones: de entes autónomos a dependencias ministeriales

En paralelo, el Gobierno resolvió reconvertir otros organismos en unidades organizativas dependientes de distintos ministerios. El Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejarán de operar como entes autónomos y pasarán a depender de las carteras de Salud, Industria y Agricultura, respectivamente.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue transformada en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte ahora será la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas al ámbito aeronáutico.

Nueva agencia para la gestión hospitalaria

Entre las principales novedades figura la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que concentrará la gestión de los hospitales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte. Esta centralización busca optimizar recursos, mejorar la articulación sanitaria y fortalecer las capacidades asistenciales del sistema público nacional.

Diagnóstico oficial: exceso de estructuras y falta de control

En los fundamentos de la medida, el Gobierno expuso un diagnóstico sobre el crecimiento desproporcionado del aparato estatal. Según datos oficiales, los organismos descentralizados pasaron de tener 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024. Además, se detectaron irregularidades administrativas, falta de control interno y solapamientos funcionales que motivaron la revisión integral.

Destino del personal, bienes y fondos

Los recursos humanos serán absorbidos por las nuevas estructuras ministeriales, en tanto que los inmuebles y vehículos sin uso se transferirán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reutilización o venta. Las sumas líquidas disponibles en los entes disueltos serán transferidas al Tesoro Nacional.

Asimismo, el Poder Ejecutivo instruyó a los ministerios a presentar en las próximas semanas propuestas de reestructuración administrativa, con el fin de garantizar la continuidad operativa de las funciones reasignadas.

Cuadro de destinos: organismos disueltos y su nueva asignación

Organismos transformados y su nuevo estatus

Con esta reforma estructural, el Gobierno avanza en su estrategia de consolidación fiscal, reducción del Estado y reasignación de recursos. La implementación efectiva y el impacto sobre los servicios públicos quedarán bajo observación en las próximas semanas, en medio del debate sobre el equilibrio entre eficiencia, institucionalidad y presencia estatal.