
En un escenario de alta expectativa por la reactivación económica, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 como parte de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, se ha convertido en una herramienta clave para atraer capitales en sectores estratégicos. Si bien ya ha dado luz verde a varios proyectos energéticos, una porción significativa de las iniciativas de gran envergadura —sobre todo en el rubro minero— permanece a la espera de su validación definitiva.
El RIGI fue concebido como un esquema orientado a promover inversiones superiores a los 200 millones de dólares, con el objetivo de dinamizar sectores como la energía, la minería y las industrias de base exportadora. En sus primeros meses de funcionamiento, permitió el avance de megaproyectos energéticos como la planta de GNL y el oleoducto Sur Vaca Muerta, pero el verdadero termómetro de su alcance se mide por lo que aún no ha sido aprobado: una serie de iniciativas mineras con un potencial económico y geopolítico significativo.
El sector minero concentra la mayor parte de los proyectos actualmente bajo evaluación por parte del Poder Ejecutivo. La mayoría se focaliza en tres minerales considerados clave en la transición energética global: litio, cobre y oro.
Entre los proyectos más relevantes en este campo se destacan:
Hombre Muerto Oeste, de la empresa Galan Litio, en Catamarca. Con una inversión proyectada de 217 millones de dólares, su primera fase ya está en construcción y prevé iniciar la producción en 2027. La reciente aprobación de su Fase 2 alienta su inclusión en el régimen.
Sal de Oro, impulsado por Posco Argentina, se emplaza en los salares del Hombre Muerto, abarcando las provincias de Salta y Catamarca. La inversión supera los 633 millones de dólares y contempla una planta integrada para producir fosfato, hidróxido y carbonato de litio.
Proyecto Mariana, de la china Ganfeng, prevé una inversión de 273 millones de dólares para levantar una planta de cloruro de litio en Salta.
En este segmento, el proyecto de mayor envergadura es Los Azules, en San Juan, a cargo de McEwen Mining. La empresa solicitó la adhesión al RIGI por 227 millones de dólares para estudios de factibilidad y trabajos preliminares, aunque la inversión total alcanza los 2.700 millones de dólares. Se proyecta que este desarrollo podría comenzar a producir en 2029.
Un caso paradigmático es el del proyecto Gualcamayo, de Minas Argentinas, también en San Juan. Inicialmente concebido con una inversión de 1.000 millones de dólares, ha sido reconfigurado para ajustarse a los criterios del régimen: una nueva mina subterránea por 485 millones, una planta de cales industriales por 75 millones, y un parque solar por 37 millones. La eliminación de etapas que no calificaban como "inversión nueva" busca facilitar su ingreso al RIGI.
Aunque la minería domina la agenda pendiente, también hay desarrollos energéticos renovables en carpeta. El Parque Eólico Olavarría, una iniciativa conjunta entre PCR y Acindar, se propone generar 180 megavatios de energía eólica en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de 255 millones de dólares. Además de la generación, el proyecto incluye obras en la red de alta tensión, lo que evidencia una planificación integral del sistema.
Pese al entusiasmo inicial y a la presentación de más de diez proyectos desde la puesta en marcha del régimen, el ritmo de aprobación ha sido menor al esperado. A abril de 2025, el gobierno evaluaba activamente nueve proyectos adicionales. Pero al cierre de mayo, de once inscriptos, solo tres del sector energético habían sido aprobados. En contraste, seis proyectos mineros, que en conjunto representan una inversión de 5.074 millones de dólares, continuaban en evaluación, sin fechas concretas para su resolución.
Este desfase pone de relieve una tensión estructural: mientras las inversiones mineras avanzan en planificación, las definiciones administrativas y los criterios técnicos del RIGI demoran su ejecución. Algunos empresarios han optado por reestructurar sus propuestas para alinearse mejor con las exigencias del régimen, como el caso de Gualcamayo. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria se mantiene como un obstáculo no menor.
La Argentina se encuentra ante una ventana de oportunidad estratégica. La demanda internacional de litio y cobre no solo crece, sino que se proyecta como eje central en la electrificación del transporte y el almacenamiento de energía. La posibilidad de atraer capitales en estos sectores es real, pero requiere decisiones políticas ágiles y coherentes.
El RIGI, en su formulación, ofrece incentivos significativos: estabilidad fiscal, beneficios aduaneros y reglas claras a largo plazo. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para gestionar las evaluaciones con eficiencia y previsibilidad. En una economía con urgencias macroeconómicas, pero con activos naturales de enorme valor, la definición de estos megaproyectos será clave para el futuro del desarrollo productivo argentino.