RIGI y minería argentina: ¿motor de inversiones o abuso de privilegios?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el Gobierno como una herramienta clave para atraer capitales y dinamizar sectores estratégicos, entre ellos la minería. Sus defensores lo ven como un mecanismo para generar empleo, ampliar exportaciones y colocar a la Argentina en el mapa de los grandes proyectos internacionales. Sin embargo, sus ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias han despertado cuestionamientos por parte de sindicatos, especialistas y organizaciones, que advierten sobre un esquema demasiado favorable para las empresas y con potencial impacto negativo en la soberanía sobre los recursos naturales.

A un año de su puesta en marcha, el balance dista de ser el esperado. Se presentaron poco más de una docena de proyectos, varios sin cumplir los requisitos formales, y el Gobierno aprobó apenas seis —pocos de ellos vinculados a la minería—, en contraste con las expectativas oficiales que hablaban de un aluvión de iniciativas.

El rechazo sindical

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que representa a unos 35.000 trabajadores, ha sido una de las voces más críticas. Su secretario general, Héctor Laplace, sostiene que el régimen “no está beneficiando al país” y que, en lugar de impulsar la industrialización, “apunta a convertir a la Argentina en un país exclusivamente extractivista”, lo que podría derivar en un “saqueo de nuestros recursos”.

El gremio cuestiona también la obligación de resolver controversias en tribunales internacionales, lo que interpretan como una pérdida de soberanía: “Es como ir a negociar con los pantalones en la mano”, graficó Laplace.

Un paquete de beneficios sin precedentes

En el plano impositivo, el RIGI reduce la tasa efectiva de tributación minera del 47% al 38%, fijando el Impuesto a las Ganancias en 25% por 30 años y ofreciendo exenciones arancelarias a la importación de bienes de capital e insumos. También prevé la eliminación progresiva de derechos de exportación y la libre disponibilidad de divisas generadas, que en el corto plazo podría alcanzar el 100%, habilitando a que las empresas no liquiden dólares en el mercado local.

Consultoras y organismos internacionales ya señalaban que, antes del RIGI, la presión tributaria sobre el litio en Argentina era menor que en Chile y similar a Bolivia. Según la CEPAL, entre 2010 y 2020 la rentabilidad sobre el patrimonio en la minería de litio local superaba la de Chile y el promedio global. Casos como el de Livent, multada por subdeclarar exportaciones, refuerzan el argumento de que la rentabilidad no era el obstáculo principal.

El litio y el riesgo de primarización

Argentina forma parte del “Triángulo del Litio”, que concentra cerca del 60% de los recursos conocidos del mundo. El país tiene capacidad técnica para avanzar en industrialización y desarrollo de baterías, pero el RIGI no incluye exigencias en ese sentido.

La norma tampoco obliga a contratar personal argentino ni establece porcentajes significativos de insumos nacionales, más allá de permitir que el 20% de “componente local” se cubra con obras civiles. Esto, sumado a la eliminación de aranceles para bienes de capital usados e insumos importados, podría desincentivar la producción nacional y limitar el desarrollo de proveedores.

En provincias como San Juan, ya se registran tensiones por la llegada de mano de obra y contratistas extranjeros, una situación que podría intensificarse con la aplicación del RIGI.

Estabilidad por tres décadas y cesión de jurisdicción

El régimen asegura estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, y establece que cualquier disputa con inversores se resolverá en sedes internacionales como el CIADI. Para sus promotores, esto brinda previsibilidad a las inversiones; para sus detractores, implica resignar margen de maniobra estatal y debilitar la potestad regulatoria.

Una cláusula adicional impide a provincias y municipios modificar los beneficios otorgados, autorizando al Estado nacional a retenerles fondos coparticipables en caso de incumplimiento. Esto representa un choque con la autonomía provincial consagrada en la Constitución de 1994 sobre los recursos del subsuelo.

El debate sobre los beneficios del RIGI a la minería comienza a tomar vuelo

Las promesas de la industria

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Cámara de la Minería de Salta (CMS) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) se respalda con entusiasmo el RIGI. Afirman que es “fundamental para concretar inversiones” y que permitirá desarrollar proveedores y generar “miles de puestos de trabajo”.

Estimaciones privadas proyectaban que el régimen podría destrabar más de 30 proyectos por unos US$ 25.000 millones, con exportaciones mineras de hasta US$ 15.000 millones en 2030. Sin embargo, esos números aún no se reflejan en la realidad: la mayoría de los proyectos aprobados bajo el RIGI pertenecen al sector energético y no al minero.

Una apuesta con riesgos

El RIGI aparece como una jugada ambiciosa para reactivar la minería argentina, pero sus condiciones excepcionales para el capital extranjero y la falta de exigencias en materia de valor agregado, empleo nacional y reinversión local generan dudas sobre su verdadero aporte al desarrollo.

La pregunta que queda flotando es si este régimen será recordado como el impulsor de una nueva etapa productiva o como el punto de partida de un ciclo de dependencia y pérdida de oportunidades industriales.