El escándalo del “Coimasgate” y la fragilidad política del Gobierno libertario

El reciente estallido del “Coimasgate”, conocido también como “Karinagate”, ha colocado a la administración de Javier Milei en una de sus situaciones más comprometidas desde el inicio del mandato. El caso, que involucra a figuras de su círculo más próximo, no solo desnuda sospechas de corrupción en el corazón del poder, sino que además refuerza la idea de un gobierno atrapado en una dinámica de crisis sucesivas, incapaz de cerrarlas de manera efectiva.

El estudio de opinión pública realizado por Zuban Córdoba & Asociados, a fines de agosto, refleja de manera contundente el impacto político y social del escándalo. Con un trabajo de campo de 1.200 casos en todo el país y un margen de error del 2,7%, la encuesta ofrece un panorama que combina desconfianza ciudadana, reclamos de transparencia y un creciente escepticismo hacia la figura presidencial.

Una cadena de crisis sin resolver

La gestión libertaria venía atravesando momentos de tensión antes de este episodio. La derrota parlamentaria tras el veto a la ley de emergencia en discapacidad, la crisis del Libragate y el drama por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado habían dejado señales claras de desgaste político. En todos esos casos, la respuesta oficial se caracterizó por la negación inicial y la subestimación de los hechos, lo que terminó amplificando el problema.

El “Coimasgate” se diferencia de las controversias previas por la fuerza simbólica que tiene la palabra corrupción en la sociedad argentina. A diferencia de disputas técnicas o económicas, este tipo de acusaciones resultan claras y comprensibles para la ciudadanía, y despiertan un rechazo inmediato que erosiona con mayor rapidez la legitimidad política.

Reacciones sociales y políticas

Los resultados de la encuesta son reveladores: el 62% de los consultados calificó de “improvisada” la reacción del Gobierno frente a la crisis. Este dato refleja no solo un cuestionamiento a la estrategia oficial, sino también la percepción de que el Presidente carece de un plan sólido para enfrentar situaciones de esta magnitud.

Asimismo, un 70% rechaza la idea de respaldar a Karina Milei o a los integrantes de la familia Menem con la clásica frase de “poner las manos en el fuego”. Y un 65% reclama que los implicados renuncien y se pongan a disposición de la Justicia, un dato particularmente significativo por el consenso transversal que genera, incluso entre sectores del círculo rojo y votantes que hasta ahora se mantenían cercanos al oficialismo.

El costo electoral tampoco es menor. Según el estudio, un 12% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no lo acompañarían tras el escándalo, lo que se suma a otro 13% que había tomado esa decisión antes de que estallara la crisis. En un escenario competitivo, esa pérdida de apoyos puede ser decisiva.

Dimensión económica y financiera

El informe también advierte sobre los posibles efectos económicos del caso. El 61% de los encuestados cree que el escándalo tendrá consecuencias negativas en los mercados y en la confianza de los inversores internacionales. En un contexto donde el plan económico oficial depende en gran medida de la entrada de capitales externos, este deterioro en la imagen del país puede tener efectos inmediatos en la estabilidad financiera.

Más de la mitad de los consultados anticipa una caída en la confianza hacia la Argentina, lo que refuerza la idea de que los episodios de corrupción no solo afectan la legitimidad política, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico.

Un golpe a la narrativa oficial

Uno de los puntos más críticos del “Coimasgate” es que erosiona el relato fundacional del mileísmo, construido en oposición a la llamada “casta política”. Según la encuesta, el 47% de los argentinos considera que el actual Gobierno es más corrupto que sus antecesores, y solo un 22% sostiene que no lo es. Este quiebre simbólico representa un golpe directo al corazón del proyecto libertario, que había encontrado en la denuncia a la corrupción ajena uno de sus pilares de legitimidad.

El caso se inscribe dentro de lo que algunos especialistas denominan “policrisis”, es decir, una superposición de problemas de distinta índole: judiciales, económicos, políticos y de credibilidad. La suma de estas dimensiones coloca al Gobierno en una posición de extrema vulnerabilidad.
Por su parte, también, casí la mitad de los encuestados por Zubán-Córdoba asegurá que votara en contra del gobierno, un 37% asegura que pensaba votar a los candidatos de Javier Milei y lo seguira haciendo y casí un 11% confirmó que el "Coimasgate" le hará cambiar el sentido de su voto.

Cambio de voto. El coimasgate parece complicar el turno electoral para los libertarios

Entre la defensa cerrada y la necesidad de cambios

Hasta el momento, la reacción oficial se centró en respaldar a los funcionarios cuestionados, una estrategia que, según el estudio, resulta poco convincente para la mayoría de la ciudadanía. Lejos de interpretar ese gesto como una muestra de cohesión interna, la opinión pública lo percibe como un intento de autoprotección que agudiza la desconfianza.

La disyuntiva que enfrenta ahora el Presidente es clara: mantener la defensa cerrada de los involucrados, corriendo el riesgo de profundizar la crisis, o propiciar un recambio que envíe señales de transparencia y compromiso ético. Ninguna de las dos opciones está exenta de costos, pero la segunda aparece como la más demandada por la sociedad.

Perspectivas hacia adelante

De cara al año electoral, incluso variaciones menores en la intención de voto pueden resultar determinantes. El “Coimasgate”, en ese sentido, no solo amenaza con debilitar la base electoral del oficialismo, sino que también pone en cuestión la viabilidad del proyecto libertario como alternativa de poder estable.

La historia argentina enseña que los escándalos de corrupción suelen dejar marcas duraderas en la relación entre los gobiernos y la sociedad. La magnitud de este episodio, sumada a las crisis previas no resueltas, plantea un desafío mayúsculo para Milei: reconstruir la confianza perdida en un contexto político y económico cada vez más adverso.