Energía nuclear en Argentina: debate por la privatización parcial de Nucleoeléctrica

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El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) abrió un debate que excede los números de un balance superavitario. En el centro de la discusión aparece la orientación de la política energética de la administración de Javier Milei y el futuro de un sector considerado estratégico para el desarrollo del país.

La decisión oficial de vender el 44% de las acciones de la compañía, pese a que se trata de una de las pocas empresas estatales con resultados positivos, encendió alertas en el Congreso, en la comunidad científica y en los especialistas del área nuclear. La medida se enmarca en la Ley Bases, aprobada en 2024, que habilita la privatización de firmas estatales y responde a la visión presidencial de avanzar hacia una “irremediable privatización” de todo el aparato público.

Un actor central en la matriz energética

Nucleoeléctrica Argentina opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse, que suman 1.763 megavatios de potencia instalada y aportan alrededor del 7% de la electricidad nacional. Con un desempeño económico destacado, la empresa registró en el primer semestre de 2025 un resultado operativo de 103.000 millones de pesos, unos 70 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

El Ejecutivo argumenta que la apertura al capital privado permitirá atraer inversiones para proyectos de gran envergadura, como la extensión de vida útil de Atucha I o la instalación del sistema de almacenamiento en seco de combustibles gastados. No obstante, la paradoja se mantiene: se privatiza una compañía rentable y de importancia estratégica.

Atucha 1 clave en el desarrollo y la historia nuclear argentino

El esquema de venta

La iniciativa oficial prevé licitar un 44% de las acciones en el mercado nacional e internacional, y destinar un 5% al Programa de Propiedad Participada, lo que habilitaría la inclusión de trabajadores en el capital accionario. De este modo, el Estado conservaría el 51% de control formal sobre la empresa.

Un aspecto controvertido es la obligación impuesta a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de desprenderse del 20% de su participación en NASA. Para ex autoridades del sector, como Adriana Serquis, ello implica marginar a la institución que formó a los profesionales que sostienen el desarrollo nuclear argentino.

El dilema del CAREM-25

El debate no se limita a la gestión financiera de la empresa. Una cuestión sensible es el futuro del CAREM-25, primer reactor modular de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina. Con un avance de obra del 65% y una inversión acumulada de 750 millones de dólares, el proyecto requiere de 200 millones adicionales para su finalización.

El CAREM posicionaría al país en el competitivo mercado internacional de los reactores modulares pequeños (SMR), dominado hoy por potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, su continuidad podría verse comprometida bajo un esquema de privatización. Serquis advierte que el riesgo no es solo financiero, sino humano: “Desfinanciar y desmoralizar a los equipos hace que sea más difícil reconstruirlos. Lo que se pierde es una cadena de valor que involucra a más de mil pymes y a un capital humano altamente especializado”.

Resistencias políticas y tensiones geopolíticas

En el plano legislativo, la oposición ya presentó iniciativas para frenar el proceso. El senador José Mayans propuso declarar al sistema nuclear como bien público y estratégico, con el objetivo de impedir la enajenación de activos. “Ni la Coca-Cola te vende su fórmula”, señaló, en alusión al conocimiento acumulado en NASA.

En paralelo, el Gobierno busca estrechar lazos con Estados Unidos. El presidente del Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel, anunció la incorporación del país al programa FIRST, destinado al desarrollo de reactores modulares pequeños. Para los críticos, se trata de una cesión de soberanía tecnológica a intereses externos.

Un debate de fondo

La discusión sobre Nucleoeléctrica Argentina no se reduce a balances ni a cálculos de eficiencia. El trasfondo remite al valor de la soberanía energética y tecnológica en un contexto internacional cada vez más competitivo. La energía nuclear no solo provee electricidad limpia, sino que también otorga prestigio científico y capacidad de negociación geopolítica.

La privatización parcial de NASA plantea, así, un dilema central: ¿priorizar la atracción de capitales privados en el corto plazo o preservar la conducción estratégica de un sector que, por su impacto en la seguridad energética y la innovación, define parte del futuro del país?