Retenciones cero: el agro argentino entre el rentismo, la presión fiscal y la pérdida de competitividad

La reciente maniobra de “retenciones cero” expuso cómo el esquema actual consolida al rentista y al exportador, mientras los pequeños y medianos productores pierden competitividad y capacidad de inversión.

El sector agroindustrial argentino, histórico motor de la generación de divisas, se encuentra sumido en una profunda crisis estructural, exacerbada por un modelo económico que, según el vicepresidente de la Fundación Independencia, Antonio Muñiz, prioriza la renta financiera y otros commodities como minerales y energía, relegando al agro a un plano secundario.

Esta crisis no es meramente coyuntural; combina problemas históricos con nuevas presiones, configurando un escenario adverso que pone en jaque la sostenibilidad del productor primario.

Un modelo que favorece a las exportadoras

El trabajo de Muñiz señala que la tensión estructural del campo se manifiesta en múltiples frentes: sequías persistentes, elevados costos de insumos, presión tributaria, alquileres dolarizados y un tipo de cambio que erosiona sistemáticamente la competitividad de las exportaciones.

En este marco, la maniobra de las “retenciones cero” dejó al descubierto un sesgo claro: los beneficios fiscales se concentraron en las grandes agroexportadoras, sin alcanzar al productor primario.

En apenas tres días, las compañías acumularon ganancias extraordinarias por más de 1.700 millones de dólares gracias a un mecanismo que les permitió registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) sin respaldo físico suficiente de granos. Así, el alivio fiscal se tradujo en rentabilidad extraordinaria para las exportadoras, mientras los productores chicos quedaron atrapados en pérdidas.

El corto periodo de retenciones cero dejo expuestos problemas de fondo del sector agropecuario.

La consolidación del rentismo

El informe también destaca que la transformación de la estructura agraria es un fenómeno de larga data, profundizado por la concentración y extranjerización de la tierra desde los años noventa.

En la campaña 2023/2024, alrededor del 70% de la superficie cultivada estuvo en manos de arrendatarios, obligados a enfrentar contratos dolarizados y onerosos. En provincias clave como Córdoba, los alquileres oscilaron entre 4 y 14 quintales de soja por hectárea, con un promedio de 10 qq/ha, cifras que asfixian la rentabilidad.

En contraste, la figura del propietario rentista se consolidó como el actor dominante: percibe ganancias sin riesgo productivo, mientras los chacareros afrontan la incertidumbre climática y de mercado. La paradoja es evidente: producir alimentos es cada vez más riesgoso, pero alquilar tierras sigue siendo altamente rentable.

Presión impositiva y caída real de la recaudación

A este panorama se suma una carga fiscal agobiante. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en junio de 2025 los productores destinaron en promedio el 63,6% de su renta bruta al pago de impuestos, en su mayoría nacionales y no coparticipables.

Los Derechos de Exportación mostraron un aumento moderado del 4,3% en septiembre de 2025, totalizando $562.892 millones, tras la reducción arancelaria establecida por los Decretos 526/2025 y 682/2025.

En paralelo, la recaudación total de impuestos alcanzó en septiembre de 2025 los $15,4 billones, con un incremento interanual del 20,2%. Sin embargo, al considerar una inflación estimada del 30%, el resultado fue una caída real cercana al 10%.

Un agro en riesgo de primarización

El productor argentino queda atrapado entre un Estado que absorbe renta vía impuestos y unas exportadoras que concentran ventajas comerciales y beneficios fiscales.

De no mediar cambios en el régimen de arrendamientos, políticas que protejan al productor chico, mayor transparencia en las operaciones de exportación y una reducción de la presión fiscal, Argentina corre el riesgo de consolidar un agro sin productores, donde la tierra fértil se convierta en un negocio financiero primarizado.