El país en pausa: por qué la estabilización sin desarrollo no es salida

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Hemos sido testigos recientes de dinámicas electorales que, una vez más, han teñido el mapa nacional de un color inesperado, generando euforia en ciertos sectores y renovando promesas de transformación profunda. Sin embargo, detrás del frenesí de los resultados y de la volatilidad de los mercados, persisten restricciones estructurales que definen la cancha de juego, independientemente de quién ostente el poder.
Mi análisis de hoy se estructura en tres ejes temáticos fundamentales que emergen de la coyuntura actual y de la memoria histórica reciente, buscando entender si estamos ante un verdadero cambio de época o, simplemente, frente a la repetición de viejos libretos con nuevos protagonistas.

El primer eje abordará la dinámica electoral y la ilusión del consenso, analizando cómo la victoria política es interpretada como un cheque en blanco para el ajuste. El segundo eje se centrará en el dilema de la restricción externa y la dependencia financiera, el verdadero cuello de botella de la economía argentina. Finalmente, exploraremos la persistencia de la agenda de reforma estructural, poniendo bajo la lupa la continuidad histórica de las políticas de precarización laboral y la enajenación del patrimonio público.

La Dinámica Electoral Post-Victoria: Ilusiones de Consenso y la Restricción Política

Observamos en la política argentina un patrón recurrente tras ciertas victorias electorales significativas: una suerte de éxtasis post-triunfal que lleva a sobredimensionar el mandato recibido. Este fenómeno, que podríamos denominar el “Mal de otra galaxia”, consiste en considerar que un triunfo en elecciones de medio término equivale a un cheque en blanco del electorado.

Recordemos el optimismo desbordante que siguió a la victoria de Cambiemos en octubre de 2017, cuando el analista Eduardo Fidanza celebró el triunfo de Mauricio Macri, colocándolo en la "nómina selecta" de líderes nacionales y concluyendo que su liderazgo era "de otra galaxia". Similar frenesí se vivió recientemente tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA), con análisis definitivos que volvían a decretar el "final —otro más— del kirchnerismo".

Ilusión de Consenso: Javier Milei  junto a los gobernadores y parte de sus colaboradores

El Cheque en Blanco y la Psicología del Voto

La creencia de haber obtenido un consenso total impulsa a los gobiernos a buscar lo que el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en 2017, llamó un "gran acuerdo nacional tendiente a dar un plan de reformas profundas para la Argentina", incluyendo reformas previsional, laboral y fiscal. Hoy, el oficialismo de LLA parece transitar ese mismo estado: extasiado por la supuesta falta de respuesta popular a un ajuste incluso más severo que el anterior, sintiendo que los argentinos han entendido que deben empobrecerse temporalmente para alcanzar la prosperidad futura.

No obstante, esta euforia choca con la realidad. En 2017, Cambiemos, a pesar del apoyo entusiasta de los medios y la victoria contundente, solo pudo avanzar con la reforma previsional, perdiendo la iniciativa política poco después. La historia nos enseña que la realidad también juega.

Es fundamental entender qué motivó el voto. Si bien los mercados financieros celebran cuanto más a la derecha se posicionan las políticas de cualquier gobierno, la elección popular se explica por una compleja mezcla de factores. Algunas encuestadoras notaron la recuperación del voto libertario diferenciándose de las preferencias provinciales. Hay un componente de voto defensivo ante el miedo a una hecatombe económica inminente.

El electorado, que ya padece problemas de deuda y dificultades económicas, pudo haber percibido el riesgo de un desmadre político-económico si la oposición ganaba. Incluso la advertencia explícita de Donald Trump sobre el cese del apoyo de Estados Unidos si Milei perdía pudo haber operado en el imaginario colectivo.

También se observa la persistencia del "voto cuota" (fenómeno ya visto en la década menemista de 1990), una respuesta individualista ante las tropelías gubernamentales, reforzada por el desmembramiento de las redes de solidaridad social y la precarización cultural. Para una parte del electorado, el voto a LLA representa un remedo estético de rebeldía o de ruptura con lo instituido. Este voto tiene un alto componente juvenil y no puede reducirse simplemente a una "pasión antiperonista".

Las elecciones son momentos de verdad plena del sistema político. El reciente triunfo electoral despejó momentáneamente el factor de riesgo político, otorgando al gobierno un periodo de calma. Sin embargo, este resultado coloca todo el peso de la responsabilidad sobre la administración actual para los años 2026 y 2027, sin poder culpar ya a la "herencia" o a la "oposición golpista".

La gobernabilidad que hoy se invoca no se sostiene con tuits ni ventas puntuales de divisas, sino con la construcción de un régimen cambiario sustentable.

El Dilema de la Restricción Externa

A pesar de la euforia financiera post-electoral -con acciones argentinas subiendo hasta un 80% y una fuerte baja del riesgo país-, la realidad macroeconómica es ineludible. La restricción fiscal es el límite del gobierno, pero la restricción de la cuenta corriente del balance de pagos es la restricción de toda la economía. Esta restricción, ligada a la crónica falta de reservas internacionales, no ha desaparecido.

En economías abiertas y altamente endeudadas, como la argentina, no se puede prescindir de los mercados financieros. Un gobierno nacional y popular siempre tendrá a los mercados en contra y le exigirá una "prueba de virtud" que nunca podrá demostrar. La única defensa real consistiría en tener una macroeconomía sólida, con reservas y un aparato productivo generando divisas a todo vapor.

El Barril Sin Fondo de Divisas y los Acreedores Privilegiados

La economía sigue dependiendo crítica y estructuralmente de la entrada de capitales. Los desafíos financieros son inmensos. El monto promedio anual de vencimientos de deuda en dólares asciende a 15.000 millones, y los vencimientos de 2026 y 2027 suman 19.400 millones y 14.800 millones respectivamente. El stock de reservas líquidas roza apenas los 5.000 millones.

El gran desafío del equipo económico (Luis Caputo y Santiago Bausili) es reabrir el mercado voluntario de crédito internacional -el big short de Caputo-. Para lograr esto, el índice de riesgo país debe estacionarse en el umbral de los 400 puntos básicos. Abril de 2016 es la referencia inmediata, cuando las reservas brutas eran 30.000 millones y el riesgo país estaba en 430 puntos básicos. Actualmente, para alcanzar el umbral deseado, serían necesarios 20.000 millones de dólares adicionales.

El gobierno de Milei ha utilizado una secuencia asombrosa de salvavidas de dólares. No solo se recurrió a un préstamo extraordinario del FMI -organismo que, por cierto, tiene a Argentina representando un tercio de su cartera, y cuyas posibilidades de ampliación están agotadas-, sino también a una asistencia financiera inédita y explícita del Tesoro de Estados Unidos, con ventas directas de dólares en el mercado local para evitar que “derrapen los bonos argentinos”.

Esta injerencia externa tiene un costo: la estabilización no se compra, se construye. La presencia de acreedores con privilegio -el FMI y ahora el Tesoro de Estados Unidos- desalienta la participación de nuevos fondos externos en la colocación de deuda, ya que se ubican en la fila de cobro en primer y segundo lugar, respectivamente.

El equipo económico enfrenta un dilema: la compra de reservas por parte del Banco Central -necesaria para bajar el riesgo país- genera presión de demanda en el mercado cambiario, lo que empuja al alza la cotización del dólar y, por ende, acelera la tasa de inflación. No comprar dólares, en cambio, haría inviable la apertura del crédito internacional.

Sin una estrategia consistente para acumular reservas, la economía queda como un "barril sin fondo de divisas". La solución inmediata pasa por el endeudamiento y la venta de activos públicos como garantía, pues, como afirmó Scott Bessent, para pagar, Argentina tiene "uranio y tierras raras".

Mientras el gobierno insista en el atajo del crédito caro y en la tutela de Washington, la calma financiera será solo un "veranito". La restricción externa es una realidad que exige una hoja de ruta que priorice el crecimiento y el superávit comercial creciente sobre la bicicleta financiera.

Sin dólares propios, y con vencimientos abultados, el escenario exige una paridad cambiaria sustancialmente más elevada que la actual.

Argentina parece depender de Estados Unidos

La Persistencia de la Agenda Neoliberal

Tras la validación electoral, el optimismo se traslada a lo político: el gobierno busca un acuerdo con gobernadores para la profundización institucional del ajuste, es decir, el impulso de medidas antitrabajadores y antijubilados, disfrazadas de "modernización".

Esta "modernización" no es un concepto nuevo. Desde 2017, cuando el entonces ministro Triaca anunciaba la discusión de convenios colectivos para adaptarlos a parámetros de "productividad y competitividad", el eufemismo siempre ha sido el mismo: transferencia de recursos de los trabajadores hacia los empleadores.

La No Novedad de la Reforma Estructural

Las reformas que el gobierno de Milei proyecta no tienen relación con un despegue productivo real. El objetivo de toda la reforma laboral que circula es volver más angustiante y precario el trabajo asalariado, e incrementar el poder de las empresas.

Lo que presenciamos es la reaparición de un libreto histórico, una "novedad de los museos" como definió la abogada Natalia Salvo. Los proyectos de reforma de Milei (como el DNU 70/23 o la Ley Bases 27.742) son casi idénticos a los implementados o propuestos durante el segundo y tercer ciclo de endeudamiento neoliberal de Carlos Menem (1990s) y Mauricio Macri (2017).

La Era Menem 

Bajo la exigencia del FMI, la flexibilización laboral se consolidó. La Ley Nacional de Empleo (1991) estableció los llamados "contratos basura", creando trabajadores de primera y segunda categoría. Aparecieron los aumentos “por productividad”, la Ley Pymes (1994) permitió reducir indemnizaciones, extender la jornada laboral hasta 12 horas y fraccionar vacaciones. En 1998 se fulminó la ultraactividad de los convenios colectivos.

La Era Macri 

Aunque lo negó, Macri impulsó la reforma que incluía la limitación de la irrenunciabilidad de derechos, facilitaba la tercerización y, fundamentalmente, habilitaba la creación del "banco de horas". Además, propuso el Fondo de Cese Laboral con aportes del trabajador para financiar su propio despido, un mecanismo que hoy se encuentra vigente en la Ley Bases.

La Era Milei

El objetivo actual, según expertos laboralistas, es la deslaboralización de los vínculos contractuales, convertir la relación de dependencia en una excepción y quitar el carácter salarial a los salarios. Se busca legalizar el fraude contractual, excluyendo contrataciones de obra y servicios del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los trascendidos más firmes (cuya negativa por parte del Ejecutivo solo los confirma) aseguran que el proyecto amplía el periodo de prueba hasta ocho meses, se reduce la base de cálculo de la indemnización al 67%, y se mantiene la implementación del fondo de cese laboral. Algunos borradores, de autoría no confirmada, proponen la ampliación de la jornada laboral a 12 horas (al estilo griego) y la derogación virtual del salario mínimo, sustituido por el salario sujeto a productividad y balances de la empresa aunque los trabajadores no puedan decidir sobre esta.

Los argumentos utilizados -como la necesidad de combatir la informalidad (43% del universo laboral) y terminar con la quiebra de las PYMEs- son tan vetustos como efectivos. Sin embargo, se omite convenientemente que en la quiebra de las empresas influyen mucho más la retracción del consumo, la dolarización de tarifas y la apertura de la importación, que los derechos laborales.

Las reformas propuestas no son el puente hacia el porvenir que necesita Argentina. Si bien es probable que el gobierno obtenga apoyo para el avance privatizador de empresas públicas e infraestructura con potencial de caja, las reformas laborales y fiscales propuestas apuntan a reducir impuestos al capital (sin garantía de la esperada “lluvia de inversiones” o “brotes verdes”) y a precarizar a los trabajadores.

El resultado de estas políticas probablemente sea el aumento de la pobreza y la exclusión, con recursos destinados al pago de deuda externa y a la fuga de capitales.

La Encrucijada de la Estabilización y el Desafío Transformador

Argentina se encuentra hoy ante una encrucijada histórica. Tras un año de ajuste inédito que se impuso como camino único hacia la estabilidad, el país muestra los límites de un modelo que promete orden a través del empobrecimiento de los trabajadores y disciplina social mediante la desintegración del trabajo.

El gobierno ha logrado una estabilización macroeconómica primaria, sostenida en la licuación de ingresos, el atraso cambiario y la postergación del consumo interno. Pero esta estrategia, carente de motor productivo y distributivo, no genera condiciones de desarrollo ni consolida una base social duradera.

La recesión prolongada, el deterioro del poder adquisitivo, la desinversión en sectores estratégicos y la pérdida de capacidades estatales son indicadores de una estabilidad ficticia. Los números pueden parecer equilibrados, pero la sociedad está desbalanceada.

En este escenario, la agenda política se define entre dos caminos:

1. El de la profundización del ajuste, la consolidación de un modelo extractivista y primario, dependiente del endeudamiento externo y de la tutela financiera internacional.

2. El del rearme de un proyecto nacional de desarrollo, que articule inversión pública, innovación productiva, reconstrucción del empleo y una nueva institucionalidad democrática y federal.

La experiencia histórica muestra que la estabilización sin desarrollo es un espejismo. Ya ocurrió en 1979, 1993 y 2018: cada ciclo de ajuste y apertura indiscriminada fue seguido por recesión, endeudamiento y crisis social. La repetición del patrón actual advierte que el rumbo es insostenible si no se lo acompaña con una estrategia de crecimiento inclusivo.

El desafío, por tanto, es convertir la estabilización en plataforma de transformación. Para ello, se requiere una revisión profunda del vínculo entre Estado, mercado y trabajo, y la reconstrucción de consensos federales que permitan movilizar recursos productivos y tecnológicos hacia un desarrollo sustentable.

No se trata solo de equilibrar las cuentas fiscales, sino de redefinir el sentido del equilibrio social: un equilibrio que integre justicia distributiva, soberanía económica y cohesión institucional.

En última instancia, la economía no es una técnica, sino una forma de organización social. Y en esa dimensión se juega el destino del país. La política económica que renuncia a transformar termina administrando la decadencia.

Por eso, frente a la falsa dicotomía entre ajuste o caos, la verdadera alternativa es reconstruir un proyecto que reconcilie estabilidad con inclusión, crecimiento con justicia, y Estado con sociedad.

Esa es, en definitiva, la tarea histórica pendiente: recuperar la soberanía del desarrollo frente a la subordinación del ajuste, y volver a hacer de la economía un instrumento de emancipación, no de sometimiento.