Tensión en la vitivinicultura: fuerte división por la desregulación de normas del INV

Horas después de mantener una reunión privada con el ministro Federico Sturzenegger y horas después del encuentro general convocado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Bodegas de Argentina sorprendió al sector al expresar un respaldo total y sin matices a la Resolución 37/2025, el paquete normativo con el que el Gobierno busca una desregulación drástica del sistema de control vitivinícola.

La norma, presentada por el ministro como un hito de modernización administrativa, elimina más de 900 disposiciones y reorganiza el rol del INV, que pasará a concentrar buena parte de sus verificaciones en la etapa final de comercialización. Para el oficialismo, se trata de un giro hacia la eficiencia. Para amplios segmentos de la cadena, es una desarticulación de garantías básicas construidas durante décadas.

Una adhesión que profundiza las fracturas

El comunicado difundido por la cámara empresarial -breve y cuidadosamente redactado- sostiene que la medida “actualiza y ordena” el marco regulatorio, refuerza el rol fiscalizador del INV y simplifica procesos sin poner en riesgo la genuinidad, inocuidad y trazabilidad de los vinos. La valoración técnica de la entidad va incluso más allá: afirma que el nuevo esquema de controles enfocado en el tramo comercial no compromete la calidad ni altera la cadena de seguimiento.

Sin embargo, la posición de la cámara fue interpretada dentro del propio sector como un alineamiento político que profundiza el quiebre interno. No solo por su contenido, sino por el modo y el momento en que fue emitido: después de una reunión privada con Sturzenegger, realizada antes de la cita general a la que asistieron los demás actores productivos.

La situación escaló el viernes, cuando se difundieron fotos del encuentro reservado, publicadas por el dirigente libertario y enólogo Guillermo Fuentes Riva. La difusión pública de esa reunión —que hasta entonces era apenas un rumor— acentuó el malestar, alimentó suspicacias sobre acuerdos subterráneos y dejó expuesta una dinámica de diálogo desigual entre el Gobierno y los distintos segmentos de la cadena vitivinícola.

“Evidentemente aquí hay un toma y daca que no conocemos”, expresó a Sitio Andino un dirigente del sector, que remarcó que ningún actor, salvo la cámara empresaria, respaldó la reforma dentro del propio INV, y que hasta el gobierno de San Juan manifestó su desacuerdo. En tono desafiante, agregó que Bodegas de Argentina “tiene la posibilidad de demostrar la sinceridad de su postura sancionando al señor de la anilina”.

Los viñateros, en alerta por la pérdida de instrumentos básicos

Los productores primarios reaccionaron con dureza. La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) expresó un “profundo malestar” y advirtió que la desregulación elimina herramientas clave de resguardo, como el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), documento que acredita la entrega de la materia prima y la titularidad del productor en operaciones por cuenta de terceros.

Para el viñatero, el CIU no es un trámite: es un respaldo jurídico vital en una actividad con elevada informalidad histórica y con un poder de negociación estructuralmente asimétrico frente a las bodegas. Su supresión —señalan— debilita la trazabilidad documental y expone al productor a mayores riesgos contractuales.

A esto se suma el recorte del seguimiento del INV a la etapa final del proceso. La AVM advierte que esa decisión compromete la posibilidad de reconstruir el origen, volumen y destino de la uva, datos que el Estado necesita para diseñar políticas sectoriales y garantizar transparencia.

Certificaciones optativas y pérdida de identidad

Los productores señalan otro punto crítico: la transformación de las certificaciones de origen, añada y varietal en procesos optativos. Esa flexibilización -afirman- abre la puerta a un debilitamiento del valor identitario del vino argentino, donde la coherencia entre territorio, elaboración y comunicación es uno de los pilares del posicionamiento internacional.

La industria vitivinícola es especialmente sensible a las certificaciones: suprimirlas o relativizarlas no solo afecta al productor primario, sino que erosiona atributos diferenciales que sostienen la competitividad del vino argentino en mercados externos.

Los profesionales, ante la pérdida de atribuciones y control

Los Consejos Profesionales de Enólogos de Mendoza, San Juan y La Rioja sumaron críticas desde otra perspectiva: la preservación de las responsabilidades técnicas y del ejercicio profesional. Aunque reconocen la necesidad de actualizar procedimientos, advierten que la derogación de resoluciones históricas deja zonas grises en la distribución de responsabilidades dentro de las bodegas.

La incorporación de ingenieros químicos y en alimentos como perfiles habilitados para la dirección técnica encendió alarmas. Para los consejos, esa apertura puede poner en riesgo la tipicidad del vino, ya que la formación enológica abarca contenidos sensoriales y territoriales específicos que otras disciplinas no contemplan.

La eliminación del Registro Nacional de Profesionales de la Enología y de la exigencia de matriculación agrava el cuadro: representa un retroceso respecto de los estándares consolidados en las provincias y debilita la capacidad institucional de control. Los organismos profesionales recuerdan que la regulación previa estaba alineada con el artículo 39 de la Ley General de Vinos, que exige dirección técnica a cargo de un profesional con título habilitante.

Un reclamo creciente de revisión

Tanto viñateros como consejos profesionales coinciden en pedir la revisión de la resolución y la reapertura de instancias formales de diálogo. Reclaman que la simplificación administrativa no se convierta en un eufemismo para desmantelar garantías históricas del sector.

Mientras tanto, Bodegas de Argentina permanece sola en su apoyo al Gobierno, una posición que ya empieza a tener consecuencias: la fractura interna de la industria es profunda y, para muchos, irreversible. En un contexto económico delicado y con tensiones políticas latentes, la Resolución 37/2025 terminó exhibiendo algo que venía gestándose: un sector vitivinícola partido, con agendas contrapuestas y una disputa abierta sobre el rumbo institucional del INV y la identidad futura del vino argentino.