La vitivinicultura mendocina, base histórica del entramado productivo provincial, volvió a quedar bajo análisis tras la divulgación de un exhaustivo estudio impulsado por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI). El informe, realizado por el economista Daniel Rada, examina con precisión el aporte económico del sistema cooperativo, responsable hoy de cerca del 30% de la industria vitivinícola de Mendoza. Sus resultados confirman el peso estructural de este modelo en términos de estabilidad productiva, generación de empleo y sostén territorial.
El núcleo del trabajo se concentra en la contribución del cooperativismo a lo largo de la cadena de valor, desde la producción de uva hasta el fraccionamiento final. De acuerdo con las estimaciones, el sector aporta 184.430 millones de pesos en Valor Agregado a la economía mendocina, un dato que permite dimensionar la magnitud del entramado y su incidencia directa en la modernización tecnológica, la incorporación de equipamiento y la diversificación de productos.
En un plano más amplio, el informe reafirma que la vitivinicultura constituye la principal actividad agrícola de la provincia. Considerada como cadena integrada, su participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG) 2024 asciende al 12,4% del Valor Agregado provincial. De ese total, las cooperativas nucleadas en ACOVI representan un 3,4% del PBG, superando incluso a actividades históricamente determinantes como el comercio, el transporte o la industria petrolera.

Fabian Ruggeri, presidente de ACOVI
El análisis destaca, además, la capacidad del sistema cooperativo para sostener la actividad en escenarios de retracción. ACOVI agrupa 5.000 productores, aproximadamente la mitad del total provincial, que trabajan 25.000 hectáreas de vid, equivalentes al 17,5% del área cultivada. Esta escala no solo garantiza volumen y estabilidad, sino que también amortigua los efectos de contingencias climáticas y fluctuaciones económicas que han afectado a otras regiones vitivinícolas.
La organización cooperativa facilita el acceso a asistencia técnica, financiamiento, innovación y mejores condiciones de comercialización, elementos decisivos en un sector que demanda inversiones permanentes. Asimismo, el sistema concentra alrededor del 30% del vino destinado al mercado interno, un indicador que reafirma su influencia en el abastecimiento y en la formación de precios.
El entramado cooperativo sostiene más de 10.000 empleos registrados, lo que equivale a que uno de cada cuatro puestos de trabajo del sector vitivinícola se origina en este modelo asociativo. En la fase primaria se generan 6.575 empleos, el 26,7% de la mano de obra agrícola provincial, mientras que las etapas de elaboración y fraccionamiento aportan 3.650 puestos, es decir, el 25% del empleo industrial vinculado al vino.
Este volumen ratifica que el cooperativismo no solo tiene incidencia en la producción de uva, sino que desempeña un papel central en la industrialización y en la articulación de capacidades técnicas y laborales dentro de la cadena.
En la producción primaria, el Valor Agregado alcanza 72.838 millones de pesos, de los cuales 45.430 millones —casi el 40%— corresponden a salarios, un componente que demuestra la importancia del empleo intensivo en esta etapa. El fraccionamiento se posiciona como el eslabón de mayor aporte económico, con 92.898 millones de pesos, mientras que la etapa de elaboración contribuye con 18.694 millones.
El estudio concluye que el modelo cooperativo se ha consolidado como un estabilizador estructural de la economía mendocina. Su capacidad para mantener niveles de producción, empleo y demanda de insumos aun en coyunturas críticas -ya sea por fenómenos climáticos o por contracción macroeconómica- revela la fortaleza de un sistema basado en la integración y la escala colectiva.
Las 5.000 familias que integran ACOVI conforman un engranaje que aporta continuidad, previsibilidad y destino comercial a la producción vitivinícola. Frente a actividades más expuestas a los ciclos del mercado, el cooperativismo emerge como un sostén del tejido social y del arraigo rural, elementos esenciales para la estabilidad productiva de Mendoza.