por Redacción Mendoza Económico
La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) se sumó a las críticas contra la reciente desregulación de normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), señalando que la medida fue elaborada “sin comprender las tareas culturales del sector ni el impacto real en la cadena productiva”.
La nueva normativa redefine de manera sustancial el rol del organismo y establece que el INV concentrará sus inspecciones únicamente en el producto final embotellado, dejando atrás su histórica función de supervisar viñedos, cosechas, procesos de elaboración y fraccionamiento. Para FOEVA, esta reinterpretación de los controles constituye un retroceso significativo. “Si el INV solo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad. No sabremos cuánta uva se cosechó, cómo, dónde ni bajo qué condiciones laborales”, advirtió Daniel Romero, Secretario de Prensa del gremio.

Los trabajadores de FOEVA se oponen a la desregulación del INV
La reforma incorpora cambios de gran impacto para la cadena productiva. Entre ellos, la certificación de origen, añada y varietal deja de ser obligatoria y pasa a un régimen optativo, lo que podría afectar la consistencia de los registros productivos y la precisión de la información sobre volúmenes y zonas de procedencia.
Del mismo modo, el organismo ya no deberá aprobar previamente las etiquetas, y el tradicional parámetro del grado alcohólico mínimo anual queda desregulado.
Otro punto relevante es que los relevamientos productivos, hasta ahora a cargo del INV, pasarán a depender de Senasa, generando así una posible fragmentación en el sistema de información y fiscalización.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma forma parte de un proceso de modernización, reducción de trámites y digitalización, desde FOEVA alertan que la eliminación de inspecciones presenciales sin controles alternativos puede derivar en mayor informalidad y evasión, afectando tanto a los trabajadores como a la transparencia de la industria.
Las repercusiones potenciales generan inquietud entre diversos actores del sector. La reducción de controles sobre viñedos y bodegas podría debilitar la fiscalización laboral, especialmente en una actividad marcada por la estacionalidad.
A su vez, la pérdida de trazabilidad podría comprometer la competitividad internacional del vino argentino, en un contexto donde la verificación del origen y la calidad es cada vez más exigida por los mercados externos.
Uno de los aspectos más sensibles es la posible afectación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG), cuyo funcionamiento depende de registros precisos de quintales cosechados.
La falta de controles en las etapas iniciales del proceso productivo —advierten desde FOEVA— debilita la herramienta y abre dudas sobre la continuidad de un sistema clave para garantizar aportes y derechos laborales.
FOEVA recuerda que durante la pandemia el sector privado argumentó que el vino debía ser considerado alimento para asegurar su inclusión entre las actividades esenciales. Sin embargo, afirman que la nueva regulación “elimina justamente la lógica que protege a un alimento”, al reducir los parámetros que garantizan la calidad, la seguridad y la trazabilidad del producto.
En este contexto, el futuro del INV y su rol en la supervisión de la cadena vitivinícola se instala como un tema de creciente debate entre el Gobierno, los trabajadores y las bodegas.
Mientras tanto, FOEVA insiste en que la Resolución 37/2025 introduce riesgos estructurales que podrían impactar tanto en las condiciones laborales como en la imagen internacional del vino argentino.