Ajuste estatal 2025-2026: Javier Milei avanza con nuevos recortes en organismos y empresas públicas

La administración del presidente Javier Milei dejó trascender el inicio de una nueva fase en su política de recorte del gasto público, una estrategia que el oficialismo considera central en el rumbo económico fijado desde diciembre de 2023. Bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno avanza con un paquete adicional de ajustes que se proyectan hasta mediados de 2026 y que esta vez se enfocan en organismos descentralizados y empresas estatales, junto con una reducción extra del 10% de la planta de personal del Estado nacional.

Desde Casa Rosada insisten en que la intención es “optimizar estructuras” y eliminar “duplicidades”, con el objetivo de avanzar hacia un Estado más eficiente. Los gremios estatales, sin embargo, anticipan un conflicto creciente: sostienen que el volumen del ajuste afectará de manera directa el funcionamiento de áreas sensibles de la administración pública.

Un retroceso persistente en el empleo estatal

Los datos oficiales muestran que, desde el inicio del gobierno de Milei, se eliminaron más de 58.000 puestos de trabajo. El recorte abarca cargos de la administración central, organismos descentralizados, empresas públicas y también personal militar y de seguridad. Según el INDEC, solo en octubre la dotación total se redujo un 0,3%, y las proyecciones indican que el proceso se profundizará durante 2025.

La próxima etapa podría incluir un recorte adicional del 10% sobre los cerca de 285.000 empleados del sector público nacional. De concretarse, implicaría unas 28.000 nuevas desvinculaciones, que se sumarían a las ya ejecutadas. Voceros gubernamentales remarcan que el número final dependerá de la revisión “organismo por organismo”, una tarea que ya avanza en más de ocho dependencias estatales.

El Presidente ordenó una supervisión detallada de estructuras y funciones, con la premisa de detectar tareas superpuestas o consideradas prescindibles. La imagen de la “motosierra”, que Milei mantiene incluso en su despacho, se convirtió en un emblema político del programa de ajuste.

Los trabajadores del estado se preparan para resistir un nuevo embate de la motosierra

Organismos descentralizados bajo revisión

A diferencia de la primera ola de recortes, concentrada en la administración central, la nueva fase apunta directamente a los organismos descentralizados. Entre los más comprometidos figuran AFIP, ANSES, CONICET, INDEC, ANMAT, ENARGAS, INTI, INTA y ENACOM, que enfrentarán auditorías periódicas y eventuales reducciones durante 2026.

Un informe del CEPA advierte que el ajuste es especialmente crítico en áreas de alta especialización técnica o científica, como CONICET, INTI o INTA, donde ya se acumulan cientos de bajas. En organismos como ANSES o AFIP, el impacto recae sobre áreas operativas y administrativas que cumplen funciones federales de gran alcance.

En paralelo, se aceleran cambios estructurales en instituciones de menor tamaño pero de amplio despliegue territorial. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar fue prácticamente desmantelado con 777 despidos y su posterior disolución. A su vez, el INADI y el Instituto Nacional Belgraniano fueron eliminados bajo argumentos de “politización” o falta de funciones esenciales.

Según el CEPA, hasta julio de 2025 el Poder Ejecutivo contabiliza 101 entidades cerradas o reestructuradas, entre ellas la Agencia Nacional de Seguridad Vial y diversos fondos fiduciarios.

Empresas estatales: ajustes de gran escala

El ajuste también avanza sobre las empresas y sociedades del Estado. El Correo Argentino encabeza la lista con más de 5.100 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. En términos proporcionales, el caso más drástico es el de la ex Télam, que desvinculó al 80% de su personal, dejando a la agencia prácticamente sin operaciones.

En la Administración Pública Nacional, el organismo con mayor reducción absoluta fue ARCA, con 3.220 puestos eliminados. Le siguen CONICET, con 1.964, y ANSES, con 1.584. Otras dependencias muestran ajustes particularmente severos: el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64% de su planta; la Junta de Seguridad en el Transporte, el 46,6%; y el INAES, el 43,5%.

Tensiones crecientes con los gremios

Para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el ajuste no obedece a razones presupuestarias, sino a una “decisión política” orientada a redefinir el rol del Estado. Frente a la posibilidad de nuevas cesantías en 2025 y 2026, el gremio ya anticipó medidas de fuerza ampliadas en todo el país.

El Gobierno sostiene que la reducción del empleo público es parte de un proceso mayor destinado a modernizar y desburocratizar la administración estatal. Los sindicatos, en cambio, advierten que el recorte compromete funciones esenciales, deteriora la capacidad operativa del Estado y afecta la prestación de servicios en áreas clave.