Productores van a la Justicia para frenar la reforma del INV antes de la cosecha 2026

En la jornada de hoy, diversas entidades vitivinícolas presentaron ante la Justicia Federal de Mendoza una acción de amparo contra las recientes desregulaciones en las normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La presentación, que reúne a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) y otras instituciones del sector, abre un capítulo decisivo en la disputa por el alcance de las funciones del organismo.

Serán ahora los tribunales federales quienes determinen si la decisión del Gobierno nacional de avanzar hacia una desregulación casi total de los controles del sector vitivinícola se ajusta o no al marco legal vigente. Las cámaras que impulsan el amparo buscan, como primera medida, suspender la entrada en vigencia de la nueva normativa, prevista para el 1 de enero de 2026, en plena antesala de la cosecha.

Una reforma que altera el sistema histórico de control

La Resolución Nº 37/2025, impulsada por la administración de Javier Milei y defendida públicamente por el ministro Federico Sturzenegger, marca una transformación estructural en el funcionamiento del INV. Según lo dispuesto, el organismo dejará desde 2026 de ejercer sus controles sobre las etapas iniciales e intermedias de la cadena productiva, limitando su accionar al vino embotellado, es decir, al producto final que llega al mercado.

Para el Gobierno, la medida representa un avance en términos de “modernización” y simplificación normativa. Para la mayoría de las entidades del sector —con la única excepción de Bodegas de Argentina, que no adhirió al planteo judicial—, se trata de una alteración riesgosa del andamiaje regulatorio que dio forma al modelo de control vitivinícola durante décadas.

La desregulación de las normas del INV que presentó Federico Sturzenegger fueron cuestionadas en la Justicia

Menos inspecciones, más digitalización

El nuevo esquema reduce de manera drástica la presencia del INV en el territorio. La focalización del control exclusivamente en el producto final implica la eliminación de unas 5.000 inspecciones presenciales anuales en establecimientos elaboradores. Al mismo tiempo, las certificaciones analíticas pasarán a gestionarse mediante declaraciones juradas digitales, y las etiquetas deberán incluir el número de Análisis de Libre Circulación junto con la indicación de sulfitos o dióxido de azufre cuando superen los límites reglamentarios.

La reforma también prevé la unificación normativa a través de un Digesto, que deroga 973 normas y elimina trámites como la declaración jurada semanal de elaboración, los permisos de tránsito y más de 140.000 autorizaciones anuales que regulaban la circulación de productos vitivinícolas. Otro punto clave es la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), documento utilizado históricamente para acreditar la titularidad y procedencia de la materia prima.

Este último aspecto constituye el eje central del amparo. Las entidades sostienen que la desaparición del CIU y de los controles en las etapas primarias del proceso productivo implica la pérdida de trazabilidad del origen de las uvas y los vinos, generando condiciones para la proliferación de productos de origen desconocido, dudosa calidad o directamente fraudulentos. Según afirman, la reforma abre la puerta a un “festival” de vinos sin verificación real sobre su procedencia, una situación que consideran incompatible con la transparencia y competitividad del sector.