por Redacción Mendoza Económico
Javier Milei dará hoy luz verde para una nueva etapa donde se siente fortalecido con la primera minoría en el Congreso, pero deberá todavía transpirar para conseguir las voluntades que le faltan para llegar a la mitad más uno de los legisladores que garanticen el quórum y los votos necesarios para la aprobación de proyectos clave.
Hoy se firmaría el llamado a sesiones extraordinarias, que promete 20 días intensos en diciembre. El Presupuesto, la Reforma Laboral con sesgo empresarial, la Ley de Glaciares y la llamada “inocencia fiscal”, que pondría finalmente en marcha el postergado Plan Colchón, conforman un paquete legislativo que anticipa debates interminables y sesiones de alta tensión.
Desde la Casa Rosada aseguran que, según cómo evolucione este primer tramo legislativo, podría haber nuevas convocatorias a extraordinarias para enero y febrero de 2026, con el objetivo de avanzar en las reformas estructurales que el Presidente considera indispensables para consolidar la orientación política, económica y administrativa de su gestión.
En el centro de la primera convocatoria aparece el tratamiento del Presupuesto 2026, aunque la iniciativa que promete dominar el debate es la reforma laboral. El Gobierno presenta al Presupuesto como la prioridad inmediata. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negocian con gobernadores y bloques aliados para garantizar una media sanción antes de fin de año.
La discusión incluye temas sensibles como la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Su jefe de Gobierno, Jorge Macri, exige precisiones frente a posibles efectos fiscales adversos.
En un Congreso donde La Libertad Avanza no tiene mayoría propia, cada voto debe negociarse. Pese a ello, en la Rosada creen que el Presupuesto tendrá apoyo suficiente, tanto por la necesidad de las provincias de asegurar recursos como por la voluntad política de evitar un vacío administrativo al inicio del próximo ejercicio.
El verdadero pulso se librará en torno a la reforma laboral, elaborada bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Tras filtraciones que generaron tensiones internas, el proyecto plantea cuatro ejes centrales:
Fin de la ultraactividad de los convenios colectivos
Sanciones más severas para los bloqueos sindicales
Regulación estricta de las asambleas internas
Reformulación del régimen indemnizatorio, con un Fondo de Asistencia Laboral financiado con el 3% de la masa salarial
El punto más polémico es la eliminación de la ultraactividad, que mantiene vigentes las condiciones de un convenio incluso tras su vencimiento. Para la CGT, esto debilita el poder de negociación y abre la puerta a una mayor precarización. Para el Gobierno, en cambio, significa desmontar estructuras laborales obsoletas y avanzar hacia una modernización del mercado de trabajo.

La reforma laboral en el centro del debate de las Extraordinarias
El segundo foco de conflicto es la tipificación de los bloqueos sindicales como infracciones graves. El Ejecutivo afirma que afectan la producción y no se amparan en el derecho a huelga, mientras que los gremios denuncian un intento de criminalizar herramientas históricas de protesta.
La regulación de las asambleas internas y el rediseño del sistema indemnizatorio completan una reforma que promete una de las discusiones más intensas desde el inicio del gobierno libertario.
Además de los temas centrales, el temario incluye la “inocencia fiscal”, orientada a simplificar declaraciones juradas y promover el blanqueo de capitales, y la modificación de la Ley de Glaciares, un reclamo de provincias cordilleranas que, según Milei, fue transmitido personalmente por Alfredo Cornejo.
El objetivo: habilitar inversiones mineras en zonas periglaciares.
Se suman también la reforma del Código Penal y la declaración de la educación como servicio esencial, que implicaría límites más estrictos a los paros docentes.
La filtración del borrador de la reforma laboral –presuntamente en conversaciones con Patricia Bullrich– aceleró la reacción sindical y generó incomodidad en el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no habrá concesiones en los puntos considerados “núcleo duro”.
Las sesiones extraordinarias se perfilan como el primer gran test político de la segunda etapa del gobierno de Milei, que llega con bases parlamentarias fortalecidas y la reciente validación en las urnas.
Pero el camino no está despejado: si bien en Diputados obtuvo la primera minoría y en el Senado un bloque robusto, aún está lejos de garantizar el quórum y las mayorías requeridas. Solo en Diputados necesitaría unas treinta voluntades adicionales.
La tarea demandará negociación política, capacidad de persuasión y un fino equilibrio con legisladores dispuestos a hacer valer el peso de sus votos.
El debate será áspero y las próximas semanas resultarán decisivas para medir la fortaleza legislativa de un gobierno que ha hecho del conflicto su principal motor político.