por Redacción Mendoza Económico
La provincia de Mendoza se prepara para dar un paso decisivo este martes, cuando el Senado trate la ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el primer emprendimiento cuprífero que podría entrar en explotación en varias décadas. Todo indica que el aval legislativo se concretará, abriendo una nueva etapa para la matriz productiva provincial, que busca diversificarse, modernizarse y aprovechar las oportunidades globales sin abandonar los pilares históricos del desarrollo mendocino.
El proyecto prevé una inversión de U$S 600 millones y una producción estimada de 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con un horizonte de 16 años, ampliable a 27 si las condiciones del mercado lo permiten. De ejecutarse, sería el primer proyecto de cobre de mediana escala en Mendoza y uno de los más relevantes del país. Tras el cierre de Minera Alumbrera en 2018, PSJ sería incluso el único proyecto cuprífero operativo de Argentina.
La expectativa que genera PSJ no se debe solo a su volumen de inversión, sino al valor estratégico del cobre en un contexto global atravesado por la transición energética, la electromovilidad y la expansión de la infraestructura tecnológica.
Uno de los ejes centrales del debate radica en el potencial de PSJ para ampliar la matriz productiva mendocina. La provincia ha construido su identidad sobre sectores tradicionales como la vitivinicultura, el agro, la agroindustria, el turismo y los servicios. Sin embargo, incluso estos sectores coinciden en la necesidad de nuevas fuentes de ingresos, empleo e inversiones para sostener el crecimiento.
En este marco, la minería de cobre aparece como una alternativa regulada, altamente exigida en términos ambientales y capaz de integrarse al entramado económico sin desplazar actividades ya consolidadas. Tal como expresó el gobernador Alfredo Cornejo: “Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua”.
Desde el Gobierno provincial destacan que el proyecto generará empleo de calidad, directo e indirecto, además de impulsar la participación de proveedores y profesionales locales, promoviendo cadenas de valor inexistentes hasta ahora en Mendoza. Los promotores remarcan que este desarrollo abre puertas para formación técnica, trabajo especializado e innovación, áreas donde el ecosistema académico mendocino ya tiene capacidad de expansión.

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El tratamiento legislativo también reavivó la discusión sobre la necesidad de una minería moderna, con controles rigurosos y fuerte supervisión estatal. Mendoza cuenta con una normativa ambiental exigente y una ciudadanía activa, condiciones que obligan a las empresas a adoptar tecnologías avanzadas y procesos de gestión alineados con buenas prácticas internacionales.
La DIA no es un cheque en blanco: exige monitoreos periódicos, informes obligatorios, auditorías, inspecciones y la actualización bienal de la Declaración. Esto convierte el permiso en un esquema de supervisión continua, no en una habilitación definitiva.
A esto se suma la creación de una Unidad de Gestión Ambiental, donde la participación ciudadana ocupa un lugar central. Organizaciones, vecinos y entidades académicas pueden acceder a información y realizar observaciones durante el seguimiento del proyecto.
En las audiencias públicas realizadas en Uspallata, la mayoría de los expositores se manifestó a favor del proyecto, destacando la necesidad de empleo, inversión y desarrollo local. También surgieron voces críticas que reclamaron mayores garantías sobre el uso del agua, el manejo de residuos y la protección del entorno natural.
El impacto económico es uno de los argumentos más sólidos en apoyo a PSJ. Según estimaciones oficiales, la construcción de la mina generaría 3.900 empleos directos e indirectos, mientras que la operación crearía alrededor de 2.400 puestos de trabajo.
El proyecto se beneficiará del Compre Mendocino, que prioriza a proveedores locales, potenciando sectores industriales, tecnológicos y de servicios. La etapa de construcción demandará áreas como transporte, energía, ingeniería, mantenimiento, telecomunicaciones, diagnósticos ambientales y obras complementarias en altura.
El efecto multiplicador de la minería moderna es significativo: por cada empleo directo se generan varios indirectos, desde pymes proveedoras hasta empresas especializadas en servicios críticos para la operación. En regiones como Uspallata y Alta Montaña, PSJ también representa una oportunidad para mejorar la infraestructura vial y energética.
El tratamiento de la DIA llega al Senado en un escenario político particular: desde 2022 existe un empate estructural de 19 a 19 entre oficialismo y oposición, lo que obliga a negociaciones finas para garantizar mayorías.
El oficialismo estima contar con al menos 25 votos, evitando el desempate de la vicegobernadora Hebe Casado. El bloque de La Unión Mendocina aportaría cinco votos clave, mientras el senador demócrata Armando Magistretti también acompañaría el proyecto. En el sector del rechazo se cuentan los votos del Partido Verde y de parte del peronismo, que aún debate su postura final.
El presidente Javier Milei, por su parte, manifestó su apoyo explícito al proyecto, destacando que generará una inversión de USD 600 millones y acusando a la oposición kirchnerista de “estar siempre en contra del progreso y el trabajo”.
PSJ Cobre Mendocino podría convertirse en el único proyecto cuprífero operativo del país en el corto plazo. Esto le otorga relevancia no solo provincial, sino estratégica para la oferta argentina en un mercado global cada vez más competitivo.
De obtener la aprobación legislativa, Mendoza daría un paso histórico hacia la consolidación de un nuevo sector productivo, capaz de convivir con sus actividades tradicionales, generar desarrollo local y posicionarse en un mercado global donde el cobre es un recurso clave para las economías del futuro.