El Senado hizo realidad el PSJ Cobre Mendocino y comienza una nueva era en Mendoza

El Senado de Mendoza selló hoy el comienzo de una nueva era en la economía provincial con la aprobación de DIA de PSJ Cobre Mendocino y de está manera el proyecto uspallatino se transforma en en el primero que podrá pasar a la fase de construcción y explotación iniciando una nueva era para la minería mendocina.

Por amplias mayorías, el cuerpo legislativo otorgó aval a la aprobación de 27 DIAs de exploración en el departamento de Malargüe y la creación del Fondo de Compensación Ambiental. A ellas se sumó el tratamiento del nuevo régimen provincial de regalías mineras. En un contexto de debate social persistente, estos avances delinean un nuevo marco regulatorio para la actividad y reconfiguran el mapa productivo de la provincia.

La apuesta por el cobre y la proyección energética

El proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado a 37 kilómetros de Uspallata, obtuvo la ratificación legislativa necesaria para avanzar hacia su construcción para posterior expotación. La propuesta, aprobada por 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, se posiciona como la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los desarrollos más relevantes del país desde la explotación de Bajo de la Alumbrera.

La producción del emprendimiento está orientada a la provisión de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global, un objetivo que ha cobrado creciente relevancia en las políticas públicas nacionales y provinciales. Según la documentación presentada, el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó dictámenes técnicos sectoriales y el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. La Autoridad Ambiental Minera emitió su Informe Técnico Final tras analizar las respuestas del proponente y las observaciones surgidas durante el procedimiento.

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El estudio incorporó un fuerte componente de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y una audiencia pública específica. Además, se garantizó el acceso a la totalidad del expediente tanto en sede administrativa como en plataformas oficiales. A ello se sumó el proceso de consulta previa con comunidades originarias ubicadas en el área de influencia, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales vigentes.

La Declaración de Impacto Ambiental aprobada introduce una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, y organiza las obligaciones en torno a cinco ejes: agua, biodiversidad, patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, aire y emisiones, y participación ciudadana y control social. También prevé la conformación de una Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto, un Fondo Socioambiental y de Compensación, y un programa de monitoreo participativo que contempla el funcionamiento del Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana, dotado de telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas. El conjunto estará conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera, y se complementará con protocolos de acción ante contingencias como sismos, crecidas o derrames.

La empresa deberá aplicar Programas de Integridad para toda la cadena de contratación y actualizar su Declaración Jurada de Buenas Prácticas mediante informes de sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria. Además, se integrará a un Plan de Desarrollo Económico junto con el Municipio de Las Heras y actores locales, orientado a la diversificación productiva de Uspallata y otras localidades de Alta Montaña.

Malargüe: expansión del mapa exploratorio

En la misma sesión, el Senado avaló las 27 Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes a la segunda etapa del Distrito Minero Occidental II de Malargüe. La aprobación, también por 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, habilita la continuidad de un proceso que comenzó con una audiencia pública de dos jornadas y la evaluación técnica de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales.

Las DIAs de esta etapa contemplan planes de manejo específicos para zonas de altura y metodologías de seguimiento ambiental estricto. En el debate legislativo se destacó que, para fortalecer la transparencia del proceso, la ciudadanía pudo acceder a la totalidad de la documentación tanto en formato digital como en soporte físico. Incluso se mantuvo abierta la posibilidad de realizar presentaciones por escrito tras la finalización de la audiencia pública.

Tras esta aprobación, Malargüe alcanzaría un total de 65 proyectos de exploración minera, consolidándose como el distrito de mayor dinamismo dentro del esquema provincial.

Un Fondo de Compensación Ambiental con respaldo legal

El Senado también dio sanción definitiva al proyecto que crea el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta destinada a financiar acciones de restauración, mitigación o intervención de urgencia ante daños ambientales cuando los responsables no puedan afrontarlos o no estén determinados. La iniciativa, aprobada por 30 votos a favor y 6 en contra, se fundamenta en lo previsto por la Ley General del Ambiente y en los compromisos asumidos por la provincia en ese marco.

El Fondo se financiará con multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente, que deberá presentar un informe anual de gestión. La norma establece su exención impositiva, la inembargabilidad de sus recursos y su afectación exclusiva a objetivos ambientales, al tiempo que invita a municipios y al Departamento General de Irrigación a adherir al nuevo régimen.

Las nuevas reglas para las regalías mineras

Por último, los senadores aprobaron el proyecto de ley que establece el régimen jurídico para la percepción de regalías mineras derivadas de la explotación de recursos provinciales. La norma, también aprobada por 30 votos contra 6, actualiza los procedimientos de determinación, liquidación, distribución y control de los fondos, en consonancia con la Ley Nacional de Inversiones Mineras.

La alícuota general será del tres por ciento sobre el valor “boca mina”, con la posibilidad de una escala progresiva hasta un máximo del cinco por ciento para futuros proyectos. El régimen prevé incentivos para iniciativas que incorporen valor agregado local, tecnologías limpias, obras de infraestructura social o estándares de inclusión y sostenibilidad.

De la recaudación, el 88 por ciento se destinará a Rentas Generales, pero el 15 por ciento de ese monto integrará un Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental destinado a obras, control ambiental, fortalecimiento institucional y proyectos de desarrollo territorial. El 12 por ciento restante corresponderá a los municipios que adhieran al régimen y deberá destinarse exclusivamente a infraestructura pública.

Un escenario en redefinición

El paquete legislativo aprobado configura un marco renovado para la actividad minera en Mendoza, con mayores exigencias de control, participación ciudadana y responsabilidad ambiental. Al mismo tiempo, introduce nuevos instrumentos financieros y regulatorios para capturar y distribuir los beneficios económicos derivados de la explotación de recursos. El verdadero alcance de estas medidas dependerá ahora de su implementación efectiva y de la capacidad institucional para sostener los estándares planteados. En una provincia donde el debate minero ha sido históricamente intenso, la sesión legislativa de esta semana abre una etapa cuya consolidación se jugará en los próximos años.