Argentina vuelve al mercado de deuda: un retorno limitado con fuerte costo político y financiero

El regreso del Gobierno argentino a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera, aun bajo legislación local, introdujo una novedad financiera y un movimiento político significativo. Tras casi ocho años sin emitir deuda en dólares por vía voluntaria, la administración de Javier Milei decidió avanzar con la colocación de un bono con vencimiento en 2029 y aprovechó el anuncio para reforzar su discurso de retorno a la normalidad económica. Sin embargo, la arquitectura de la operación y la propia reacción oficial revelaron más tensiones internas que convicción estratégica.

Desde Oslo, donde se encontraba en visita oficial, el Presidente celebró la emisión como un triunfo de su plan económico. Pero la lectura técnica y política muestra una realidad más compleja: la necesidad urgente de dólares para cubrir dólares, en un contexto de reservas sin crecimiento, vencimientos inminentes y un frente fiscal que todavía transita un camino estrecho. La emisión, lejos de reflejar la apertura plena de los mercados internacionales, fue un instrumento táctico circunscripto a la jurisdicción local.

VOLVIMOS AL MERCADO
VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!
VLLC!

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— Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025

La operación permitió captar 910 millones de dólares sobre un total de 1.000 millones emitidos, con un rendimiento del 9,26%. El dato más elocuente es la tasa elevada, incluso en un día en que la Reserva Federal volvió a recortar la tasa de referencia. El ministro Luis Caputo no logró perforar la barrera del 9%, un objetivo que había mencionado en reuniones privadas. Aun así, el rendimiento quedó 100 puntos básicos por debajo del que muestran bonos comparables en el mercado secundario, lo que implica que el Estado debió pagar caro, pero algo menos que el precio implícito en los títulos ya negociados.

Una colocación financiera en clima de cautela internacional

El nuevo Bonar 2029, emitido bajo legislación local, ofrece un cupón del 6,5% y amortización íntegra al vencimiento. Según Economía, estas características mejoraron la potencia comercial del instrumento. Sin embargo, la brecha respecto de los bonos del Tesoro estadounidense sigue siendo amplia: el rendimiento quedó aproximadamente 550 puntos básicos por encima de los títulos de similar plazo en Estados Unidos. El riesgo país, en torno a los 625 puntos, ratifica que la desconfianza sobre la capacidad del soberano se mantiene elevada.

El Gobierno defendió la emisión como parte de una estrategia de reconstrucción de la curva en dólares bajo normativa local. El destino de los fondos captados también muestra la urgencia fiscal: se utilizarán para enfrentar los vencimientos de los Bonares 2029 y 2030, por más de 1.180 millones de dólares. Es decir, se emite deuda nueva para pagar deuda vieja. Un movimiento habitual en la gestión financiera, pero políticamente sensible para una administración que hizo de la crítica al endeudamiento uno de sus argumentos centrales.

En perspectiva histórica, la última operación comparable ocurrió durante la reestructuración de 2020, y la última emisión voluntaria se remontaba a enero de 2018. Ese hiato evidencia el tamaño del desafío: restaurar credibilidad macroeconómica frente a un mercado que exige señales más sólidas que anuncios discursivos.

Mercado y política: expectativas acotadas, apoyos limitados

Entre los analistas financieros predominó una mirada prudente. Javier Timerman, managing partner de Adcap, recordó que los retornos a los mercados de crédito son graduales y que los inversores exigen varios rounds de validación antes de ajustar sus percepciones de riesgo. También señaló que comparar esta operación con emisiones provinciales de tasas más bajas es engañoso, dado que el riesgo soberano argentino se mantiene muy por encima del de cualquier jurisdicción subnacional.

Los bonos AL29 y AL30 siguieron rindiendo 9,6% y 10,6%, respectivamente, lo que indica que la emisión no alteró el perfil general del riesgo argentino. Para el oficialismo, este dato es políticamente incómodo: la tasa elevada contradice la narrativa de un regreso pleno a los mercados y obliga al Gobierno a reforzar su argumento de que la estabilización macro debe consolidarse antes de que el financiamiento se abarate.

El capítulo cambiario: operaciones silenciosas y presión de corto plazo

La emisión coincidió con movimientos relevantes en el mercado cambiario. El Tesoro compró 50 millones de dólares, después de jornadas en las que operadores habían detectado ventas atribuibles al Banco Central. Aunque la autoridad monetaria negó haber intervenido, fuentes oficiales confirmaron que las operaciones se realizaron por cuenta y orden del Tesoro, un recurso que agrega una dimensión política a la discusión.

Al mismo tiempo, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central cayeron 86 millones entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, luego de haber acumulado 346 millones tras las elecciones. La tendencia revela una presión constante entre las necesidades de intervención, los compromisos inminentes y la disponibilidad real de divisas.

Javier Milei y Luis Caputo festejan la supuesta vuelta a los mercados

Un retorno parcial que desnuda contradicciones discursivas

La comunicación oficial tuvo su propio capítulo. En redes sociales y entre voceros del oficialismo se celebró inicialmente que Argentina había retornado a los mercados internacionales. Pero la emisión bajo ley local contradijo esa lectura. La Jefatura de Gabinete debió corregir el mensaje y aclarar que se trató de un paso intermedio. La marcha atrás expuso una tensión política interna: la dependencia del relato de normalización para explicar la estrategia económica y, al mismo tiempo, la dificultad para consolidar hechos que respalden ese relato.

Economía insiste en que habrá nuevas emisiones bajo legislación extranjera cuando la macroeconomía muestre mayor previsibilidad. Su objetivo declarado es reducir el costo del financiamiento, aplanar la curva de rendimientos y recuperar acceso pleno al crédito. No obstante, consultoras internacionales y bancos globales coinciden en un diagnóstico central: Argentina enfrenta un déficit estructural de dólares que condiciona cualquier estrategia de reapertura.

El paso dado por el Gobierno representa, en suma, un avance táctico más que un relanzamiento financiero. Permite ganar tiempo para atravesar un calendario inmediato de vencimientos, pero no despeja la incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa económico. La pregunta crucial sigue abierta: cómo resolver un faltante crónico de divisas que no se corrige con operaciones aisladas, sino con transformaciones profundas en la estructura productiva y fiscal del país.