Revés judicial para Bodegas Galán: la Justicia ordenó medidas cautelares sobre 11 inmuebles

La Justicia federal y penal de Mendoza dictó  dos resoluciones que fortalecen la posición de Iberte en el litigio que mantiene contra Bodegas Galán (Antonio González S.A.) por incumplimiento contractual. Por un lado, se ordenaron medidas precautorias sobre once inmuebles de la firma vitivinícola y, en paralelo, se dispuso el archivo de una denuncia penal presentada por la empresa contra el apoderado de Iberte, Guillermo García.

Desde la empresa acreedora sostienen que ambas decisiones confirman el avance de los procesos judiciales y desestiman maniobras dilatorias impulsadas por la demandada, en una causa de alto impacto económico para el sector.

Medidas precautorias: inmuebles bajo resguardo judicial

El Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza resolvió dictar una medida cautelar sobre once inmuebles pertenecientes a Antonio González S.A., ubicados en distintos departamentos de la provincia. El objetivo es asegurar una eventual ejecución de condena en el marco de la causa que investiga el incumplimiento del contrato de compraventa de vino celebrado con Iberte.

Según la resolución, el magistrado consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora y dispuso una cautelar destinada a impedir la disposición de los bienes sin garantizar el resultado del proceso. La medida busca preservar el patrimonio ante un eventual fallo condenatorio.

“El juez optó por una medida que asegura que Bodegas Galán no pueda disponer de sus inmuebles sin que quede resguardada una eventual ejecución de condena. En términos simples, los bienes quedan ‘marcados’ judicialmente, lo que también advierte a terceros”, explicó Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte.

El reclamo económico es de magnitud: más de 8 millones de litros de vino adeudados, con un valor estimado superior a los 4,5 millones de dólares. El tribunal valoró la existencia de contratos firmados y reconocimientos de deuda como sustento suficiente para avanzar sobre el patrimonio de la empresa demandada.

Archivo de la denuncia penal contra el apoderado de Iberte

En paralelo, el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza, con sede en San Martín, confirmó el archivo de actuaciones penales iniciadas a partir de denuncias de Antonio González S.A. contra Guillermo García, apoderado de Iberte, por presunta defraudación y estafa procesal.

La resolución del Tribunal de Garantías coincidió con el criterio del Ministerio Público Fiscal y concluyó que no existió delito alguno.

“La denuncia tuvo únicamente un fin mediático y de desprestigio. Tanto la Fiscalía como el juez de Garantías coincidieron en la inexistencia de delito, lo que llevó al archivo definitivo. La denuncia carecía por completo de sustento de hecho y de derecho”, afirmó Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.

Guillermo García, la justicia archivo una denuncia en su contra 

Un conflicto enmarcado en otros litigios del sector

La causa contra Bodegas Galán se inscribe en un conjunto de cuatro litigios que Iberte mantiene con distintas empresas del sector vitivinícola. Los otros procesos involucran a Fraccionadora San Juan, Jugos Australes (Marcelo Bocardo) y Fecovita.

En el caso de Jugos Australes y Ecogreen, el Tribunal Arbitral de Mendoza, convalidado posteriormente por la Justicia, dictó una resolución firme que condena a la empresa a pagar 16 millones de dólares a Iberte.

Respecto de Fecovita, la controversia surge tras la fallida conformación de la sociedad exportadora Evisa. Iberte aportó más de 31,7 millones de dólares, transferidos a cuentas de la federación, que no habría cumplido con la obligación de aportar la Bodega Resero, ni mosto y vino para exportación en consignación. En el fuero penal, directivos y exdirectivos de Fecovita se encuentran imputados por la presunta falsificación de balances de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, además de otra causa por estafa. La causa por balances falsos 2021 y 2022 ya fue elevada a juicio oral.

Finalmente, en el caso de Fraccionadora San Juan, la Justicia provincial dictó sentencias favorables en primera y segunda instancia, condenando a la bodega al pago de más de 500.000 dólares.