Desregulación vitivinícola: fuerte choque entre Sturzenegger y los viñateros mendocinos

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la vitivinicultura mendocina volvió a ocupar el centro del debate público tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dirigidas contra la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM). El eje del conflicto es la decisión oficial de convertir en opcional el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una herramienta histórica de control y registro de la actividad, y la posterior presentación judicial de los productores para revertir esa medida.

Una comparación que encendió la polémica

La controversia se desató a partir de un texto difundido por el propio ministro en redes sociales, en el que cuestionó duramente a la AVM por recurrir a la Justicia. En su argumentación, Sturzenegger equiparó la resistencia de los viñateros con la postura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a la posibilidad de habilitar sociedades anónimas en los clubes.

Según el funcionario, en ambos casos subyace una negativa a permitir la libre elección y la competencia. La comparación fue interpretada por el sector como forzada y carente de sustento, al mezclar realidades productivas, institucionales y culturales sin puntos de contacto evidentes.

El marco normativo de la desregulación

La eliminación de la obligatoriedad del CIU forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y sus normas complementarias, que comenzará a regir el 1 de enero. Desde la óptica del Gobierno, se trata de desmontar un entramado de regulaciones que, según Sturzenegger, “asfixiaban a la industria” mediante trámites innecesarios, cargas burocráticas e injerencias estatales.

En ese marco, el ministro sostuvo que el 45% de los productores ya no utilizaba el CIU, por lo que su carácter obligatorio resultaría redundante para una parte significativa del sector.

La respuesta judicial de los viñateros

La Asociación de Viñateros de Mendoza acudió al Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, para solicitar la restitución inmediata de la obligatoriedad del certificado. Para los productores primarios, el CIU no es un trámite accesorio, sino la única constancia oficial que acredita la entrega de la uva, su procedencia, variedad y condiciones.

Según la entidad, la eliminación de esa herramienta deja al viñatero jurídicamente desprotegido, debilita la trazabilidad y erosiona la transparencia comercial en la cadena vitivinícola.

Cartelización, Coviar y el trasfondo político

Lejos de limitarse a una defensa técnica de la medida, Sturzenegger avanzó en una lectura política del conflicto. Afirmó que el CIU no cumple una función genuina de control, sino que facilita mecanismos de cartelización, al permitir el cruce de información sensible entre actores de la industria.

El ministro también vinculó la discusión con el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), al señalar que sin un registro obligatorio se dificultaría el cálculo de aportes y tasas sobre los volúmenes comercializados. La afirmación, formulada en tono irónico, fue interpretada por distintos actores como una simplificación extrema de un entramado institucional construido durante más de tres décadas.

Desde el sector vitivinícola se admite que la información del CIU resulta clave no solo para el cálculo de contribuciones, sino también para el diseño de políticas públicas, promoción y ordenamiento de la actividad.

Apoyos parciales y representatividad en debate

En su escrito, Sturzenegger sostuvo que la desregulación cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y de un grupo de bodegas y productores, especialmente de San Juan. Los viñateros mendocinos relativizan ese apoyo y recuerdan que Argentina cuenta con más de 900 bodegas en actividad y miles de productores primarios, muchos de los cuales no se sienten representados por esa visión.

El comunicado de la AVM y la defensa del productor primario

El comunicado difundido por la AVM expresó un “profundo malestar y rechazo” ante las declaraciones del ministro, al considerar que banalizan un debate estructural para una de las principales economías regionales del país.

“La vitivinicultura no es un espectáculo deportivo, es producción, trabajo e identidad cultural”, subraya el texto, que también rechaza la idea de que la resistencia responda a intereses concentrados o a una negativa al cambio. La entidad sostiene que defiende una vitivinicultura moderna y competitiva, pero con reglas consensuadas que protejan al eslabón más vulnerable de la cadena.

Los viñateros mendocinos atacados insólitamente por Sturzenegger

Un debate que trasciende lo administrativo

La controversia se inscribe en un momento especialmente delicado para la actividad. Referentes como José Zuccardi advierten sobre la crisis global de consumo, la presión cultural contra el vino y la necesidad de preservar las herramientas institucionales que permitieron sostener al sector durante décadas.

En ese contexto, el debate sobre el CIU trasciende lo administrativo y se convierte en una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y el equilibrio entre libertad económica y reglas sectoriales consensuadas.

Mientras el juez Quirós analiza el planteo judicial y el Gobierno espera un fallo que convalide la desregulación, la vitivinicultura vuelve a exhibir una tensión histórica: la que enfrenta una mirada centralista con la lógica de una economía regional compleja, que reclama ser escuchada desde su realidad productiva, social y cultural.