La reforma laboral y un debate que vuelve a tensar la escena social

El Gobierno nacional se vio obligado a moderar su estrategia y postergar, al menos hasta febrero, el tratamiento parlamentario de la reforma laboral presentada bajo el rótulo de “modernización”. La decisión llegó en un contexto de creciente conflictividad social, con movilizaciones en distintos puntos del país que expusieron la sensibilidad política del tema y la dificultad oficial para imponer el debate en los términos previstos.

Más allá del calendario legislativo, la discusión volvió a poner en primer plano una controversia estructural de la economía argentina: el vínculo entre flexibilización normativa, creación de empleo y distribución del ingreso. El Poder Ejecutivo intenta encuadrar la iniciativa dentro de una ley tipo ómnibus, que reúne un conjunto heterogéneo de disposiciones, muchas de ellas ajenas al mundo del trabajo. Para sus críticos, esta estrategia diluye el debate de fondo y busca acelerar una transformación profunda del régimen laboral.

Crecen los cuestionamientos

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) ofrece una crítica integral del proyecto y advierte que sus efectos distan de promover un mercado laboral más dinámico. Por el contrario, sostiene que se trata de una reforma regresiva, orientada a abaratar los despidos, debilitar la negociación colectiva y trasladar recursos desde el sector público hacia el privado, en particular hacia las grandes empresas.

Según el IAG, el diseño general de la iniciativa prioriza la reducción de costos empresariales sin garantizar mecanismos efectivos de creación de empleo genuino. En ese marco, varias de las modificaciones propuestas tienden a profundizar desigualdades preexistentes dentro del entramado productivo.

Aportes patronales y sesgo pro–grandes empresas

Uno de los núcleos centrales de la reforma es la modificación de los aportes patronales para nuevas contrataciones. El proyecto unifica alícuotas y reduce los aportes al 5 % durante los primeros 48 meses, sin distinguir entre empresas según su tamaño o nivel de facturación. Esta homogeneización elimina los beneficios diferenciales que hasta ahora favorecían a las pequeñas y medianas empresas, y termina otorgando una ventaja significativa a las grandes compañías, que pasan a tributar muy por debajo de los niveles previos.

El informe señala que esta medida implica una transferencia regresiva, ya que las firmas de mayor escala cuentan con mayor capacidad financiera para absorber costos laborales, mientras que las PYMES ven erosionada una herramienta clave de competitividad.

Patricia Bullrich no pudo garantizar los votos y el tratamiento se posterga para febrero

Indemnizaciones, salario y protección social

El mismo sesgo se replica en los cambios propuestos para el cálculo de indemnizaciones y aportes. La exclusión de los denominados beneficios sociales y de los componentes variables o en especie —como medicina prepaga, viáticos o almuerzos— reduce la base salarial sobre la que se calculan tanto los aportes a la seguridad social como las indemnizaciones por despido.

Para el IAG, esta modificación habilita una reducción indirecta del salario efectivo, debilita la protección del trabajador frente a la desvinculación y, al mismo tiempo, recorta los ingresos del sistema previsional. El impacto se profundiza con la posibilidad de abonar hasta un 30 % del salario mediante distintos tipos de ticket, disminuyendo aún más los montos computables.

El Fondo de Asistencia Laboral y el costo fiscal

Otro punto crítico es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El mecanismo establece un aporte mensual obligatorio del 3 % del salario bruto para financiar futuras indemnizaciones, compensado con una reducción equivalente de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El informe advierte que el esquema resulta particularmente beneficioso para empresas con alta rotación de personal, mientras penaliza a aquellas con relaciones laborales estables, un perfil característico de las PYMES.

Además, el costo fiscal no desaparece: el Tesoro deberá cubrir el déficit previsional generado por la caída de aportes, lo que implica un subsidio indirecto a los despidos, independientemente del tamaño de la empresa.

Negociación colectiva y derecho laboral

En el plano institucional, la reforma introduce cambios que afectan pilares históricos del derecho laboral argentino. La habilitación de convenios colectivos por empresa, con primacía sobre los convenios de actividad, rompe el principio de norma más favorable al trabajador y fragmenta la negociación colectiva. A ello se suma el debilitamiento de la ultraactividad y la flexibilización para la creación de sindicatos por empresa, factores que, según el IAG, erosionan el poder de negociación sindical.

Huelga, organización del tiempo y vida familiar

Las restricciones al derecho de huelga refuerzan este diagnóstico. La ampliación de los servicios esenciales y la incorporación de los llamados servicios trascendentales elevan del 7 % al 43 % la proporción de trabajadores con el ejercicio del derecho severamente limitado, alterando el equilibrio entre capital y trabajo.

En paralelo, el impacto social de la reforma se extiende a la vida familiar. El fraccionamiento de las vacaciones, la implementación de bancos de horas y la eliminación de descansos mínimos entre jornadas introducen una mayor imprevisibilidad en los ingresos y en la organización del tiempo. Para el IAG, se trata de una reforma con rasgos claramente “antifamilia”.

Plataformas digitales 

El capítulo dedicado al trabajo en plataformas digitales es otro de los más cuestionados. La figura de los prestadores independientes niega la relación laboral, traslada la carga previsional al trabajador y no garantiza ingresos mínimos. A diferencia de otras experiencias regionales, el proyecto carece de exigencias de transparencia algorítmica, consolidando un marco especialmente desfavorable.

En sus conclusiones, el IAG refuta el supuesto central de la reforma: que la reducción de costos laborales genera automáticamente más empleo. La evidencia histórica argentina muestra que los períodos de mayor crecimiento del empleo registrado coincidieron con esquemas de mayor protección. En el actual contexto de caída del empleo privado, la reforma aparece como pro-cíclica, profundizando la recesión y debilitando el consumo.