Ley de Estabilidad Fiscal: el proyecto de Milei que busca eliminar el déficit de forma permanente

El Gobierno nacional volvió a ubicar en el centro del debate político y económico una de las banderas identitarias de la gestión de Javier Milei: la eliminación permanente del déficit fiscal y el fin de la emisión monetaria sin respaldo. Con ese objetivo, el Presidente envió al Congreso, junto con el Presupuesto, el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa que busca transformar en reglas permanentes principios de política económica que hasta ahora operaban como lineamientos de gestión.

Reglas fiscales con vocación de permanencia

El oficialismo procura dotar de carácter estructural a un conjunto de normas que restrinjan de manera estricta la política fiscal y monetaria, con consecuencias institucionales, macroeconómicas y legales de largo alcance. El proyecto se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la reforma laboral, la continuidad del ajuste fiscal iniciado en los primeros meses de la administración y una redefinición profunda del rol del Estado en la economía.

En términos formales, la iniciativa establece que el Presupuesto General de la Nación deberá proyectar obligatoriamente un resultado equilibrado o superavitario. Para garantizar su cumplimiento, se introduce un mecanismo automático de ajuste ante caídas de ingresos o incrementos del gasto, reduciendo al mínimo los márgenes de discrecionalidad política.

Nuevas condiciones para las leyes de gasto

Uno de los ejes centrales del proyecto es la imposición de requisitos adicionales para la sanción de nuevas leyes que impliquen erogaciones. Toda norma deberá contar con un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, que identifique de manera explícita la fuente de financiamiento no solo para el ejercicio vigente, sino también para los años siguientes.

Además, las leyes que autoricen gastos no contemplados en el presupuesto solo podrán entrar en vigor cuando sean incorporadas al presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que cuenten con recursos específicos previamente garantizados. El objetivo declarado es evitar la acumulación de compromisos fiscales sin respaldo.

Avance sobre el plano penal

El proyecto también introduce cambios de alto impacto en el Código Penal, un aspecto que especialistas califican como inusual y de dudosa constitucionalidad. Se propone tipificar nuevos delitos vinculados al manejo irresponsable de las finanzas públicas, con penas de prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el presupuesto sin recursos acreditados.

En el caso de las autoridades del Banco Central, las sanciones son más severas: entre tres y diez años de prisión para quienes autoricen o faciliten emisiones monetarias consideradas irregulares, sin que el proyecto precise con claridad los criterios de dicha irregularidad. Las penas se agravan si se comprueba ánimo de enriquecimiento personal o de terceros.

Alcance sobre todo el sector público

En materia de administración financiera, la ley extiende las reglas fiscales a todo el Sector Público Nacional, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas estatales, entes reguladores y fondos fiduciarios con participación mayoritaria del Estado, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Asimismo, se prohíbe de manera expresa al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario y se condiciona la transferencia de fondos del Tesoro a la presentación completa de información presupuestaria, reforzando los mecanismos de control.

Apoyos parciales y críticas técnicas

El enfoque adoptado por el Gobierno genera adhesiones parciales y cuestionamientos relevantes entre economistas. Guido Zack, director de Economía del think tank Fundar, advirtió en un trabajo reciente que las reglas fiscales exitosas combinan solvencia y flexibilidad. Desde esa perspectiva, calificó al proyecto como una “sobrerreacción”, al imponer el equilibrio fiscal sin considerar el contexto macroeconómico y eliminar herramientas de política contracíclica.

El Congreso tendrá la última palabra 

Milei, el déficit y la idea de crecimiento

El debate trasciende lo técnico y se conecta con la visión que el propio Milei tiene sobre la historia económica argentina. Para el Presidente, el déficit fiscal crónico fue la causa estructural de la inflación y del estancamiento. Bajo esa premisa, el ajuste no es presentado como una medida transitoria, sino como el único camino hacia un crecimiento genuino, basado en el superávit sostenido.

Esa lógica fue reafirmada por el propio mandatario, quien anticipó que, ante la decisión del Congreso de votar el Presupuesto sin el denominado capítulo 11, el Ejecutivo avanzará en nuevos recortes para cumplir con la meta de superávit equivalente al 1,5% del PBI en 2026.

Evidencia internacional y dilemas abiertos

Sin embargo, la experiencia internacional introduce matices. En la mayoría de los países con crecimiento sostenido, el déficit fiscal moderado fue la norma. De los 196 países relevados por el Fondo Monetario Internacional, casi la mitad registraron déficits superiores al argentino durante las dos décadas previas, sin derivar en procesos inflacionarios comparables.

La reducción de la inflación lograda por el actual Gobierno es innegable. Pero que el ajuste haya contribuido a ese resultado no implica necesariamente que el déficit haya sido su causa principal. En determinadas condiciones, el déficit cumple una función clave: proveer instrumentos financieros para canalizar el ahorro privado.

Un marco rígido para una economía volátil

En este contexto, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, junto con el Presupuesto que podría recibir aprobación definitiva, sintetiza una definición política clara: priorizar reglas rígidas y permanentes por sobre la flexibilidad macroeconómica. El interrogante abierto es si ese marco jurídico será compatible con un sendero de crecimiento sostenido en una economía históricamente volátil como la argentina y, sobre todo, si resistirá el escrutinio constitucional.