La Justicia frenó la desregulación del INV y restableció el CIU a días del inicio de la vendimia

El Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza resolvió restablecer, de manera cautelar, la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) para la próxima cosecha, una decisión que posterga la iniciativa de desregulación impulsada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y devuelve previsibilidad a la actividad vitivinícola en la antesala de la vendimia.

El fallo, que suspende parcialmente los efectos de la Resolución 37/2025 del INV, fue dictado cuando restan apenas días para el inicio de la cosecha, un momento crítico para la cadena productiva. La resolución lleva la firma del juez Pablo Quirós y representa un fuerte revés para la estrategia del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, quien recibió además cuestionamientos públicos del gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

El reclamo de los viñateros y la urgencia del calendario productivo

Desde el sector productivo, la decisión judicial fue leída como una señal de alivio frente a la incertidumbre normativa. Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza, una de las entidades que promovió la acción de amparo, explicó que el fallo no aborda todavía el fondo de la cuestión, pero resulta determinante por su oportunidad.

“El juez se pronunció a favor de la obligatoriedad del CIU”, señaló el dirigente, y subrayó que la falta de definiciones generaba preocupación en un contexto productivo sensible. “Nos apremiaba que estaba por empezar la cosecha y había indefinición respecto de la obligación”, sostuvo.

Para los productores primarios, la medida cautelar garantiza la continuidad de una herramienta considerada clave para el normal funcionamiento del mercado. Manzanares destacó que el fallo otorga certeza operativa y confirmó que el sistema se mantendrá vigente, al menos, durante la próxima vendimia. En un sector marcado por la estacionalidad, la perecibilidad de la uva y una histórica asimetría en las relaciones comerciales, la previsibilidad resulta un factor central.

Los productores lograron mantener el CIU para está cosecha con una orden judicial

Debate estructural y rol del Estado en la vitivinicultura

Más allá del efecto inmediato, la resolución judicial abre un debate de fondo sobre el alcance de las políticas de desregulación y el rol del Estado en el control de las transacciones vitivinícolas. Según Manzanares, el fallo expone tanto los argumentos de las entidades demandantes como la posición del INV, y deja planteadas discusiones que deberán resolverse en una etapa posterior.

Uno de los puntos destacados es el alcance general de la decisión. “La Justicia le ha dado la razón no a cuatro entidades, sino a toda la vitivinicultura del país”, afirmó el dirigente. La obligatoriedad del CIU, recordó, había sido solicitada en reiteradas instancias institucionales y cuenta con el respaldo de la mayoría de las entidades vitivinícolas y de los ministros de Producción de diez provincias.

El origen del conflicto normativo

El conflicto se desencadenó a partir de la decisión del Ministerio de Desregulación de avanzar con un nuevo Digesto Normativo del INV, que eliminaba la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) en favor de un esquema basado en la modernización administrativa y la libertad contractual. Desde el organismo se argumentó que el Estado no debía actuar como un “escribano público gratuito” de las operaciones privadas y que la trazabilidad digital resultaba suficiente para garantizar la fiscalización.

Las entidades demandantes, sin embargo, advirtieron que la supresión del CIU dejaba a los productores en una situación de vulnerabilidad jurídica, especialmente a quienes operan bajo contratos de maquila o como contratistas de viña. El juez recogió ese planteo al ponderar el carácter perecedero de la uva y la imposibilidad técnica de reconstruir, una vez procesada, los datos de volumen y calidad.

Impacto previsional y seguridad jurídica

El fallo también otorgó relevancia al rol del CIU como base para el cálculo de aportes previsionales, al advertir que su eliminación podía afectar el financiamiento del sistema de seguridad social del trabajador rural. Además, subrayó que en los contratos de maquila resulta indispensable la identificación precisa de la materia prima, dado que la propiedad de la uva permanece en manos del productor durante el proceso de vinificación.

Una cautelar clave para la vendimia 2026

Con una vigencia prevista de cinco meses, la medida cautelar asegura que la vendimia 2026 se desarrollará bajo las reglas de control tradicionales. Si bien el debate sobre la modernización del sistema estadístico vitivinícola y la potestad reglamentaria del INV sigue abierto, la Justicia dejó en claro que la discrecionalidad administrativa encuentra su límite en la protección de la parte más débil de la cadena productiva.