por Redacción Mendoza Económico
La inminente aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado proyecta un escenario particularmente crítico para el sistema educativo y científico argentino. De confirmarse el dictamen, el país ingresará en una de las etapas de mayor fragilidad para estas áreas desde la recuperación democrática, no como resultado de un ajuste transitorio sino como expresión de una redefinición estructural del rol del Estado en la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico.
Los datos oficiales y los informes técnicos disponibles revelan una contracción sostenida del financiamiento público que excede la lógica de la coyuntura fiscal. El proyecto presupuestario, junto con la ejecución de los últimos ejercicios, expone una orientación que consolida el repliegue estatal en sectores estratégicos. Así lo señala un análisis detallado del capítulo educativo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Uno de los capítulos más sensibles es el de la educación técnico-profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por la Ley 26.058 como instrumento central para el fortalecimiento de las escuelas técnicas, enfrenta una reducción de magnitud inédita. Según el relevamiento del CEPA, la caída acumulada proyectada para 2026 alcanza el 93% en términos reales respecto de lo ejecutado en 2023.
El ajuste no solo limita el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino que implica un incumplimiento explícito de la legislación vigente, que establece un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional.
La evolución reciente del FoNETP confirma un proceso de vaciamiento progresivo. En 2023, los recursos asignados representaron apenas la mitad de lo estipulado por ley; en 2024 y 2025 el porcentaje descendió a niveles de un solo dígito; y para 2026 se prevé una asignación prácticamente simbólica.
A este deterioro presupuestario se suma una decisión de carácter estructural. El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados, propone la eliminación del FoNETP, suprimiendo el mecanismo de financiamiento automático que garantizaba previsibilidad a la educación técnica.

La educación superior atraviesa un proceso similar. Las universidades nacionales registran una caída real cercana al 34% respecto de 2023, profundizando un conflicto que desborda la discusión presupuestaria y adquiere ribetes institucionales.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, y su posterior suspensión por decreto, reabrieron el debate sobre la división de poderes. Especialistas en derecho constitucional advierten que la paralización de una norma vigente bajo el argumento de la falta de partidas tensiona el equilibrio republicano y sienta un precedente controvertido.
El impacto social de estas decisiones se manifiesta con particular crudeza en los programas de apoyo estudiantil. Las becas y transferencias directas destinadas a sostener las trayectorias educativas acumulan una caída real superior al 70% desde 2023.
En un contexto de deterioro de los ingresos familiares, la reducción de estas herramientas incrementa el riesgo de abandono del sistema educativo, especialmente entre estudiantes de los primeros años de formación universitaria y técnica.
La contracción también alcanza al sistema científico. La función de Ciencia, Tecnología e Innovación muestra un recorte cercano al 50% en términos reales frente a los niveles de 2023. Más allá de la disminución de partidas, el Presupuesto 2026 introduce modificaciones normativas de largo alcance.
Entre ellas se destacan la derogación de la senda de inversión progresiva que debía llevar el financiamiento científico al 1% del PBI, y la eliminación de la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional. Estas decisiones implican el abandono de consensos construidos durante décadas en torno a políticas de Estado sostenidas.
En términos globales, la función Educación y Cultura presenta una caída real superior al 47% respecto de 2023. La magnitud del ajuste sugiere un cambio de paradigma, en el que el equilibrio fiscal se impone como objetivo prioritario, aun a costa de debilitar las bases de la formación de recursos humanos y la producción de conocimiento.
La casi segura aprobación del presupuesto, sumada al proyecto de nueva ley educativa impulsado por el Ejecutivo, deja al sistema educativo argentino ante un proceso de desfinanciación que pone en tensión un modelo de educación pública, gratuita y universal que, pese a sus dificultades, continúa siendo una referencia regional e internacional.