Aliados incómodos: la elite corporativa frente al experimento de Javier Milei

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la relación entre el Poder Ejecutivo y la elite corporativa argentina se convirtió en una pieza central del nuevo esquema de gobernabilidad económica. Las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria -en particular en materia laboral, fiscal, impositiva y comercial- recuperaron demandas históricas del empresariado, pero también expusieron tensiones, matices y disputas sectoriales que desmienten la idea de un respaldo homogéneo y automático.

El relevamiento del Observatorio de las Elites

Un informe reciente del Observatorio de las Elites del CITRA (UMET-CONICET) permite reconstruir con precisión los posicionamientos públicos de las principales asociaciones empresarias del país durante los dos primeros años de la gestión Milei. El estudio analiza más de un centenar de comunicados oficiales, declaraciones públicas y pronunciamientos institucionales de entidades con alto poder económico y capacidad de lobby, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), AmCham, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la CIARA-CEC.

Un apoyo mayoritario, pero no incondicional

El relevamiento muestra que el empresariado no actuó como un bloque monolítico, sino como un conjunto de actores con intereses diferenciados que acompañaron el rumbo general de las reformas, aunque introduciendo condiciones, advertencias y reclamos específicos. La mayoría de las corporaciones respaldó iniciativas como la Ley Bases, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la desregulación económica y el orden fiscal, valorando la baja de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y la previsibilidad macroeconómica como condiciones necesarias para la inversión. Sin embargo, ese apoyo estuvo lejos de ser incondicional.

El consenso en la reforma laboral

El eje laboral aparece como uno de los puntos de mayor coincidencia. Entidades como la UIA, la CAC y AmCham se manifestaron de manera explícita a favor de una modernización del marco normativo, asociando la reforma laboral con la reducción de costos, la baja de la litigiosidad y la creación de empleo formal. Otras asociaciones, como CAMARCO, CIARA-CEC y las entidades bancarias, acompañaron el rumbo, pero reclamaron una implementación gradual y sensible a las particularidades sectoriales. En contraste, la SRA y la AEA relativizaron el impacto de los cambios laborales si no se avanzaba de manera simultánea en una reforma impositiva profunda que alivie la carga fiscal.

La cuestión tributaria y sus divergencias

Precisamente, el consenso más amplio se observa en torno a la cuestión tributaria. Todas las corporaciones coincidieron en señalar que la elevada presión impositiva constituye un obstáculo central para la competitividad, la inversión y el crecimiento. No obstante, las diferencias emergen al momento de definir qué impuestos deben reducirse, con qué velocidad y sobre qué sectores. El agro concentró sus reclamos en la eliminación de las retenciones a las exportaciones, calificadas como un freno estructural a la producción, mientras que la industria y el comercio pusieron el foco en la simplificación del sistema y en los tributos subnacionales. Las entidades financieras, por su parte, denunciaron el impacto de los impuestos locales sobre el crédito y la inclusión financiera.

La reforma previsional como límite

La reforma previsional, en cambio, aparece como el terreno más sensible y menos explorado. Allí predominan los pronunciamientos cautelosos, las referencias generales a la sostenibilidad fiscal y, en muchos casos, el silencio. La prudencia empresarial frente a este tema refleja tanto su complejidad política como los costos sociales asociados a cualquier modificación del sistema jubilatorio.

Tiempos y picos de intervención corporativa

Otro hallazgo relevante del informe es la dinámica temporal de las intervenciones corporativas. Lejos de una presencia constante, las asociaciones empresarias intensificaron su visibilidad pública en coyunturas críticas: el lanzamiento de las primeras medidas en diciembre de 2023, el debate legislativo de la Ley Bases en 2024, la negociación con el FMI y, especialmente, el segundo semestre de 2025, atravesado por reformas en discusión y elecciones legislativas. Estos picos de pronunciamientos funcionan como un termómetro de la relación entre el poder económico y el poder político.

Apoyos, matices y críticas

En términos analíticos, el estudio clasifica los posicionamientos en tres grandes grupos: apoyos explícitos, respaldos con matices y posturas críticas o ambivalentes. UIA, CAC y AmCham se destacan entre las entidades más alineadas con el programa oficial; SRA, CIARA-CEC, CAMARCO, BCBA y ABA acompañan el rumbo general, pero condicionan su respaldo a cambios fiscales e institucionales; mientras que ADEBA y AEA exhiben posturas más cautas o críticas en aspectos específicos.

Una relación estratégica y condicionada

En síntesis, la elite corporativa argentina acompañó mayoritariamente las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, pero lo hizo desde una lógica estratégica y condicionada. Detrás del discurso del consenso persisten intereses sectoriales, asimetrías de poder y disputas por la distribución de costos y beneficios. La implementación efectiva de las reformas dependerá, en buena medida, de cómo el Gobierno administre ese delicado equilibrio entre respaldo empresarial, conflicto sectorial y legitimidad social.