por Redacción Mendoza Económico
La vida financiera de los hogares argentinos atraviesa una reconfiguración profunda, impulsada por la combinación de restricciones de ingresos, expansión tecnológica y un cambio de régimen macroeconómico. El crédito volvió a crecer con fuerza durante 2024 y 2025, pero lo hizo bajo una lógica diferente a la de otros ciclos expansivos. Esta vez, el motor no es el sistema bancario tradicional, sino un entramado de actores no financieros que ofrecen financiamiento inmediato, de fácil acceso y a costos significativamente más elevados.
Según un análisis de la consultora encabezada por la economista Marina Dal Poggetto, el crédito total de la economía duplicó su peso sobre el Producto Bruto Interno, al pasar de cinco a doce puntos porcentuales en apenas un año. Sin embargo, detrás de esa expansión se esconde un cambio estructural en el comportamiento de los deudores y en la calidad del financiamiento disponible.
Con las tarjetas bancarias saturadas, los límites de crédito agotados y criterios de evaluación más restrictivos, una porción creciente de los consumidores migra hacia billeteras virtuales, aplicaciones fintech y tarjetas emitidas por grandes cadenas comerciales. Se trata de un crédito de acceso inmediato, sin demasiadas barreras formales, pero con condiciones financieras claramente más onerosas.
Este desplazamiento no responde a decisiones de inversión ni a estrategias de expansión del consumo, sino a la necesidad de cubrir gastos básicos de subsistencia. El crecimiento del crédito argentino ya no financia bienes durables, proyectos productivos o mejoras patrimoniales: financia alimentos, medicamentos, servicios esenciales. En términos simples, el endeudamiento cumple hoy una función de supervivencia económica.
A diferencia de los bancos, los proveedores no financieros de crédito operan bajo reglas de fondeo distintas. Al no captar depósitos del público, se financian mediante capital propio, fondos comunes de inversión o la securitización de carteras en el mercado de capitales. Este esquema encarece estructuralmente el crédito y explica, en parte, las tasas aplicadas a los usuarios finales.
Aunque el volumen total de este financiamiento aún es menor en relación con el sistema bancario, su crecimiento ha sido acelerado. Actualmente, el stock de crédito no bancario equivale a cerca de un tercio de la masa salarial mensual del país, una magnitud que ilustra su creciente relevancia en la economía cotidiana de los hogares.

El atractivo del crédito alternativo choca con una nueva realidad macroeconómica. El viejo hábito de endeudarse esperando que la inflación licuara las cuotas fijas dejó de ser una estrategia viable. Con tasas de interés reales positivas, el peso de la deuda ya no se diluye con el tiempo. La cuota mensual deja de ser un alivio transitorio y se transforma en una carga persistente sobre ingresos que, en muchos casos, no logran recomponerse al mismo ritmo.
El problema se agrava porque el consumidor promedio decide en función del valor de la cuota mensual y no del costo financiero total. En el ecosistema fintech, donde los algoritmos de scoring asignan tasas personalizadas según el perfil de riesgo, se observan costos financieros anuales superiores al 300 % para quienes financian consumos en pocas cuotas y sin promociones. El crédito rápido se convierte así en una trampa financiera para hogares que ya operan al límite de su capacidad de pago.
La consecuencia directa de esta dinámica es un deterioro marcado de los indicadores de morosidad. Mientras la irregularidad del sistema financiero tradicional se ubica en torno al 5 %, en el segmento no bancario supera el 18 % y, según estimaciones privadas, se aproxima al 20 %. Se trata de niveles que incluso superan los picos registrados durante la crisis cambiaria de 2018 y el período más crítico de la pandemia.
El fenómeno ya no se limita a trabajadores informales. Cada vez más asalariados registrados recurren a estos créditos para cubrir gastos corrientes, profundizando una dinámica de endeudamiento defensivo.
En este contexto se consolida una estrategia de supervivencia que replica, a escala doméstica, las prácticas de administración de pasivos del propio Estado. Muchos hogares toman deuda en plataformas alternativas para cancelar vencimientos de créditos formales, en una suerte de “bicicleta financiera” personal. Endeudarse para pagar deudas se vuelve una práctica extendida, aunque claramente insostenible si los salarios reales no acompañan la carga financiera.
La preocupación por el sobreendeudamiento llegó también al plano legislativo. En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley que propone que la ANSES otorgue créditos específicos para la cancelación de deudas de tarjetas y operadores no financieros. La iniciativa, presentada por el diputado Guillermo Michel con acompañamiento multipartidario, está dirigida a jubilados, trabajadores con ingresos de hasta seis salarios mínimos, monotributistas de categorías bajas y beneficiarios de programas sociales.
El esquema contempla préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, ajustables semestralmente según el salario mínimo, con una tasa vinculada a la TAMAR más un margen adicional. La ANSES cancelaría directamente la deuda con la entidad acreedora y luego cobraría al beneficiario en cuotas que no superen el 30 % de sus ingresos, bajo el argumento de sustituir pasivos con tasas abusivas sin generar riesgo fiscal.
Los datos oficiales confirman la magnitud del problema. Según el Banco Central, cerca del 8 % de los créditos personales y de tarjetas presentan atrasos en los pagos, un récord histórico que duplica los niveles de crisis anteriores. En diciembre de 2025, la tasa activa promedio para préstamos personales rondaba el 71 % anual y la de tarjetas el 96 %, mientras que el costo financiero total superaba ampliamente el 120 %, multiplicando varias veces la inflación.
Por ahora, el fenómeno no constituye un riesgo sistémico para la estabilidad financiera. Sin embargo, funciona como un termómetro de la tensión social y económica. El poco consumo que persiste en la economía argentina se sostiene gracias a estas inyecciones de liquidez, pero al costo de una acumulación de deuda que compromete la estabilidad financiera de millones de hogares.