por Redacción Mendoza Económico
Días atrás el calendario anual marcó el Día Internacional de la Energía Limpia, una fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre la urgencia de una transición justa y ordenada hacia la utilización de fuentes energéticas que no hipotequen el futuro del planeta.
Más allá de la efeméride y los compromisos internacionales, para Mendoza la discusión sobre la energía trasciende la narrativa ecológica global para convertirse en un asunto estratégico.
Según explican Paula Blodinger y Carlos Valdivia, becarios del CONICET en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), la incorporación de energías limpias es fundamental para ampliar y asegurar la matriz energética provincial.
Mendoza, históricamente, ha construido su identidad productiva sobre dos pilares que hoy enfrentan desafíos estructurales: la extracción de hidrocarburos -albergando la segunda destilería más grande del país en Luján de Cuyo- y el aprovechamiento de sus ríos para la generación hidroeléctrica.

Una de la pequeñas centrales hidroeléctricas que desarrolló Mendoza
Al analizar la radiografía actual del sistema eléctrico mendocino, las cifras revelan una realidad compleja. Según datos de la compañía administradora del mercado mayorista nacional, la provincia ostenta una potencia instalada de 1.515 MW. De este total, más del 50% de la electricidad generada proviene de las ocho grandes represas que operan en el territorio, mientras que otro 42% corresponde a tecnologías térmicas alimentadas por combustibles fósiles, como el gas y el diésel, provenientes de centrales como Luján de Cuyo, Cruz de Piedra y Anchoris.
La vulnerabilidad de este esquema parece evidente. El suministro local ha estado anclado históricamente al caudal de los ríos, configurando un modelo altamente expuesto a los vaivenes climáticos. Las sequías recurrentes y la variabilidad en los ciclos de deshielo, exacerbados por el cambio climático, representan hoy un “cuello de botella” crítico para la estabilidad del sistema. En este contexto, la diversificación no es una opción, sino una necesidad para garantizar la autonomía energética.
Aquí es donde entra en juego la definición legal y técnica de las energías renovables. En Argentina, la Ley 27.191 de 2015 establece un marco específico que incluye a la energía eólica, solar, biomasa y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (hasta 50 MW), entre otros. Bajo esta normativa, las grandes represas -que sostienen la mitad de la luz que consumen los mendocinos- no computan estrictamente como renovables debido a los impactos ecosistémicos que conlleva su construcción, advierten los investigadores del CONICET.
Bajo los parámetros de la citada ley, las energías renovables tienen todavía un aporte marginal en la matriz eléctrica provincial, alcanzando apenas el 8% del total. De esa fracción, el 7% corresponde a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y tan solo un escaso 1% a la energía solar.
Existe una brecha significativa entre el potencial de heliofanía (horas de sol) de Mendoza y su aprovechamiento efectivo. Si bien existen proyectos en marcha, como el parque solar El Quemado en el departamento de Las Heras, que prometen aumentar la participación de esta fuente, el camino no está exento de obstáculos.
Los científicos del CONICET advierten sobre limitaciones técnicas considerables, como la falta de infraestructura de transporte de energía adecuada y la intermitencia inherente a la generación solar, la cual solo produce electricidad durante las horas diurnas. Estos factores son centrales al momento de definir el mix energético provincial y requieren de inversiones que van más allá de la simple instalación de paneles.
Además, el debate sobre lo “limpio” no está cerrado. Blodinger y Valdivia señalan que estas tecnologías no son inocuas en sentido estricto, ya que requieren minerales cuya extracción genera impactos ambientales, lo que vincula la transición energética con los debates sobre la minería, como la explotación de cobre. Asimismo, en términos laborales, la energía solar fotovoltaica genera una cantidad de puestos de trabajo limitada, concentrada principalmente en la etapa de construcción, a diferencia de las obras hidráulicas que demandan mayor mano de obra.
No obstante, la transición energética ofrece oportunidades que exceden la macroeconomía. La generación distribuida, habilitada en la provincia desde 2017, permite descentralizar la producción mediante la instalación de paneles en viviendas y pymes. Este cambio de paradigma dinamiza una red de empresas locales de instalación y mantenimiento, creando un entramado productivo virtuoso.
El impacto social de estas tecnologías es tangible. La característica modular de la energía solar permite llevar electricidad a zonas aisladas donde la infraestructura tradicional no llega, beneficiando a puesteros y comunidades rurales. En el sector agrícola, vital para Mendoza, el uso de bombas solares para riego reduce significativamente los costos operativos, mejorando la competitividad. Del mismo modo, los equipos termosolares ofrecen agua caliente sanitaria sin consumo de gas, mejorando la calidad de vida y la salud de la población.
El contexto global nos recuerda que la energía es un derecho humano habilitante. A nivel mundial, 666 millones de personas aún viven sin electricidad, y el uso de combustibles contaminantes para cocinar perpetúa la pobreza y las enfermedades en regiones como el África subsahariana. Si bien Mendoza no enfrenta esos niveles de carencia, la premisa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de la ONU es clara: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable y moderna para todos.
Para la provincia, la ampliación de la matriz energética renovable debe ser entendida como una estrategia de desarrollo local. La eficiencia energética -consumir menos para obtener los mismos resultados- y la participación ciudadana en los debates sobre el uso del suelo y el impacto paisajístico son pilares indispensables para una transición que se pretenda justa.
En conclusión, Mendoza se encuentra ante una oportunidad histórica. La ciencia es clara respecto a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para mitigar los gases de efecto invernadero. Pero para la provincia cuyana, apostar al sol y diversificar su matriz es, ante todo, la única vía para asegurar que su sistema productivo y la calidad de vida de sus habitantes no queden a merced de un clima cada vez más impredecible.