Inocencia Fiscal: el nuevo régimen que busca atraer los dólares del colchón y reducir la presión tributaria

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y puso en vigencia un nuevo esquema tributario con el que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes. La iniciativa, según la mirada oficial, procura dejar atrás un sistema basado en la sospecha permanente y avanzar hacia un modelo sustentado en la buena fe fiscal.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial, y tiene como uno de sus principales objetivos incentivar la formalización de los ahorros no declarados, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, para volcarlos a la economía real.

Los dólares fuera del sistema

La reglamentación constituye una de las apuestas centrales del ministro de Economía, Luis Caputo, quien enfrenta el desafío de reactivar la actividad económica y ampliar la base tributaria sin recurrir a aumentos impositivos. De acuerdo con cálculos oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos 170.000 millones de dólares, aunque estimaciones privadas —y del propio FMI— elevan esa cifra a niveles sensiblemente mayores.

El corazón del régimen

El eje del nuevo esquema es el Régimen de Inocencia Fiscal, que se apoya en dos pilares: el efecto liberatorio del pago y la presunción de veracidad de las declaraciones juradas. En términos prácticos, quienes declaren y paguen correctamente quedarán resguardados de futuras revisiones administrativas o penales sobre esos períodos, salvo excepciones expresamente previstas.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostienen que el objetivo es abandonar un enfoque “persecutorio” para avanzar hacia un sistema de fiscalización selectiva, basado en criterios de riesgo. La normativa limita la reapertura de inspecciones a casos de discrepancias significativas, definidas como diferencias superiores al 15%, montos que excedan los umbrales del Régimen Penal Tributario o la utilización de documentación apócrifa.

^{El gobierno va en busca de los dólares atesorados fuera del sistema}

Objeciones del sistema financiero

Pese al impulso oficial, las críticas desde el sistema financiero no tardaron en aparecer. En on, referentes del sector advierten que el régimen podría vulnerar normas internacionales asumidas por la Argentina. En off, alertan que la flexibilización de controles abre la puerta al lavado de activos, poniendo en tensión los estándares que sostienen al sistema financiero.

Ganancias simplificado y alivio administrativo

La reglamentación también pone en funcionamiento el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, una de las reformas centrales de la Ley 27.799. Se trata de un esquema voluntario destinado a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonios por debajo de los topes establecidos y fuera del universo de grandes contribuyentes.

En este marco, ARCA elabora una declaración jurada precargada con información propia y de terceros, que el contribuyente puede revisar y confirmar. A cambio, queda liberado de varias obligaciones informativas. El control fiscal se limita a los ingresos declarados y las deducciones admitidas, excluyendo la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios.

Un “blanqueo permanente”

El Gobierno presenta este esquema como una suerte de blanqueo permanente, orientado a pequeños y medianos ahorristas que mantienen divisas fuera del sistema por temor a sanciones retroactivas. La expectativa es que estos fondos se destinen al consumo, la inversión productiva o el financiamiento de pymes.

Todo parece alineado con el espíritu del Gobierno de captar dólares, sin demasiadas preguntas sobre su origen.

Cambios penales y nuevas sanciones

En el plano penal, la reglamentación eleva los umbrales de evasión simple a 100 millones de pesos y los de evasión agravada a 1.000 millones, al tiempo que reduce el plazo de prescripción de cinco a tres años. Además, se prioriza la regularización administrativa por sobre la persecución penal.

Las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal también fueron actualizadas. Antes de una intimación formal, ARCA deberá enviar un aviso previo, con beneficios especiales para pymes y reducciones de hasta el 50% en caso de cumplimiento voluntario.

Bancarización y límites de información

El decreto establece que los fondos no declarados deberán ingresar al sistema financiero para operar dentro del régimen, con excepción de las operaciones inmobiliarias, que podrán continuar realizándose en efectivo. Asimismo, se elevaron los umbrales de información que los bancos deben reportar a ARCA, fijados en hasta 10 millones de pesos mensuales.

Con este nuevo marco, el Ejecutivo intenta transformar la formalización de activos en un mecanismo permanente. El desafío político será demostrar que la promesa de confianza fiscal resulta suficiente para que los dólares guardados durante años abandonen el colchón y se integren al circuito productivo.