Caso Fecovita: agravan imputación por balances falsos y deudas ocultas

La investigación judicial que involucra a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de peso institucional. La Fiscalía de Delitos Económicos agravó la imputación al secretario de la Federación y vicepresidente de CONINAGRO, Marcelo Federici, como autor en la causa que investiga la falsificación de los estados contables correspondientes al ejercicio 2023, lo que implica un agravamiento de su situación procesal y refuerza la hipótesis de una maniobra sistemática en la conducción de la entidad.

Directivos imputados y notificación formal

Con esta decisión, Federici se suma al grupo de directivos que ya se encontraban imputados en la misma causa: el actual presidente de Fecovita, Rubén Panella; el tesorero, Gustavo Arangüena; y los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti. Todos ellos fueron notificados formalmente del cambio de calificación el viernes 6 de febrero en la sede del Ministerio Público Fiscal y, al igual que en instancias anteriores, optaron por abstenerse de declarar.

Antecedentes: balances 2021 y 2022 ya elevados a juicio

La situación judicial de la conducción de Fecovita no se limita, sin embargo, al ejercicio 2023. Sobre los actuales directivos y sobre ex autoridades de la entidad, como Eduardo Sancho (ex presidente) y Jorge Irañeta (ex tesorero), pesa una imputación idéntica por la presunta falsificación de los balances correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022. Esa causa ya fue elevada a juicio, luego de una pericia contable oficial que supera las 140 páginas y que describe un esquema de irregularidades de magnitud.

^{Grupo de los denunciados ingresando al Polo Judicial para notificarse de la imputación}

Pericia contable y deudas ocultas millonarias

De acuerdo con ese informe técnico, los estados contables de esos años habrían incluido aportes simulados, sobrevaluación de activos y omisión de pasivos relevantes, lo que permitiría inferir la existencia de deudas ocultas por un monto superior a los 100 millones de dólares. Incluso la auditoría externa que revisó los balances no habría advertido hechos posteriores al cierre que debían haberse incorporado, un aspecto que la Fiscalía considera particularmente grave.

Causa paralela por estafa y empresas afectadas

A este cuadro se suma una investigación paralela por el delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal. En esa causa están imputados Panella, Sancho, Juan Ángel Rodríguez (gerente general) e Irañeta, una situación procesal que ya fue confirmada tanto por el Juzgado de Garantías como por la Cámara de Apelaciones interviniente. El expediente se vincula con la presunta defraudación a la empresa Iberte y a la sociedad Evisa, constituida para la exportación de vino y mosto.

Fondos, contraprestaciones incumplidas y maniobra contable

Según la acusación fiscal, Fecovita habría recibido fondos por más de 30 millones de dólares sin cumplir con las contraprestaciones acordadas, como la entrega de mercadería o la transferencia de la bodega Resero, lo que habría dejado a Evisa en una situación de descapitalización. Para los investigadores, la falsificación de los balances habría sido funcional a ese esquema, al permitir ocultar los pasivos derivados de la operatoria y presentar una imagen de solvencia ante terceros.

Posible ampliación de cargos y nuevos balances bajo la lupa

El abogado de las empresas querellantes, Carlos Aguinaga, sostuvo que el agravamiento de la imputación a Federici representa “un paso adelante en la investigación” y abre el camino tanto al debate oral por los balances falsos como a una eventual ampliación de cargos. En ese sentido, anticipó que debería incorporarse a la brevedad la imputación por la falsedad del balance 2024 y avanzar también con el juicio por la estafa que, según afirmó, afectó de manera directa a los productores vitivinícolas de la región.

Impacto institucional y credibilidad del sistema cooperativo

Más allá de las responsabilidades penales individuales, lo que está en juego en este entramado judicial es la credibilidad patrimonial y económica de una de las principales cooperativas del sector vitivinícola argentino. De confirmarse las acusaciones, los balances habrían sido utilizados como un instrumento para distorsionar la realidad financiera de la Federación, vulnerando el deber de veracidad informativa y trasladando a los cooperativistas un pasivo de dimensiones excepcionales, cuyas consecuencias aún están por dimensionarse plenamente.