por Redacción Mendoza Económico
La investigación penal que involucra a la cúpula directiva de Fecovita por los presuntos balances falsos del ejercicio 2023 ingresó en la etapa decisiva y quizás la más esperada: la elevación a juicio oral.
La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos solicitó la elevación a juicio de seis integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa vitivinícola por el presunto delito de autorización, certificación y publicación de balance falso, tipificado en el artículo 300, inciso 2°, del Código Penal.
Entre los imputados figuran el presidente de la entidad, Rubén Panella, y el tesorero Gustavo Arangüena, además del secretario Marcelo Federici y los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.
Ahora el tribunal deberá resolver, después de analizar las pruebas y escuchar a testigos, peritos y las partes, sobre la acusación del fiscal, que asegura que los directivos habrían acreditado en los estados contables cheques por un total de 1.878 millones de pesos como si correspondieran al cumplimiento de un acuerdo firmado el 13 de octubre de 2022 con la empresa IBERTE.
La elevación a juicio de la fiscalía sostiene que, sin embargo, de acuerdo con la prueba reunida, esas obligaciones nunca fueron cumplidas y los instrumentos correspondían en realidad a un contrato anterior que había quedado sin efecto.
Para la Fiscalía, la imputación de ese monto a favor de la cooperativa carecía de sustento jurídico y contable.

El dictamen subraya que el delito se configura con la sola autorización y publicación del balance falso, aun cuando no se verifique un daño patrimonial efectivo. En ese sentido, consideran que existen elementos de convicción suficientes para elevar la causa a juicio oral y público.
El escrito también detalla el entramado contractual previo: a partir de la decisión de Fecovita de retirarse de la sociedad comercial con IBERTE, asegura que las partes negociaron durante varios meses hasta firmar un “Contrato de finalización de las relaciones recíprocas” que reemplazó todos los acuerdos anteriores. Solo ante el incumplimiento de ese contrato podían renacer determinados derechos, circunstancia que, según la Fiscalía, no habilitaba la imputación contable cuestionada.
La acusación se enmarca en un escenario judicial más amplio. “Nos encaminamos a un juicio oral en el que se dictará sentencia”, sostuvo Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa. El letrado afirmó que los balances falseados ocultaron deudas con ambas firmas por unos 30 millones de dólares y que las irregularidades se repiten en ejercicios anteriores.
Según explicó, los estados contables de 2021 y 2022 habrían encubierto pasivos por 3.000 y 6.000 millones de pesos, respectivamente, mediante aportes simulados, sobrevaluación de activos y omisión de deudas.
Para Aguinaga, la maniobra tuvo una doble finalidad: encubrir la presunta estafa a Iberte y Evisa —causa en la que también están imputados Panella y otros ex directivos— y disimular pasivos que, en última instancia, deberán afrontar los cooperativistas.
Con varias causas ya elevadas a juicio y otras aún en trámite, el futuro judicial de Fecovita aparece atravesado por un proceso que pone en cuestión la gestión de las autoridades de uno de los principales actores del sector vitivinícola argentino. Ahora la Justicia tiene la palabra en un proceso oral y público donde las partes podrán exponer sus acusaciones y defensas y, sobre todo, la sociedad podría escuchar los argumentos, contrastarlos y evaluarlos a la par del Tribunal.