por Redacción Mendoza Económico
Un dictamen pericial contable incorporado a una causa que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza determinó que Bodegas Galán (Antonio González S.A.) adeuda a la empresa extranjera Iberte el equivalente a más de 9,6 millones de litros de vino, como resultado de pagos anticipados que no fueron compensados con la entrega del producto pactado.
El informe, elaborado por el cuerpo de peritos oficiales de la justicia, a pedido del Juzgado Federal y firmado por la contadora pública nacional Susana Alemany, se incorpora a la causa caratulada “Antonio González S.A. c/ Iberte S.R.O. s/ rescisión de contrato”, que se sustancia en la Secretaría Civil N° 5 del tribunal federal mendocino. El dictamen (oficial, no de parte) arroja luz sobre una trama de incumplimientos contractuales que compromete la credibilidad del sector vitivinícola argentino en los mercados externos.
El trabajo pericial reconstruyó minuciosamente la operatoria comercial entre ambas compañías durante las temporadas 2019 y 2020. A partir del análisis de contratos, transferencias bancarias internacionales y documentación respaldatoria incorporada al expediente, la experta concluyó que Iberte transfirió fondos por un total de 1.132.662,91 euros que nunca se tradujeron en envíos efectivos de mercadería. Convertido al valor del producto acordado, ese monto representa 9.649.329,65 litros de vino, discriminados en 7.857.523,32 litros de tinto y 1.791.806,34 litros de blanco.
Uno de los puntos centrales del dictamen reside en la evaluación de la prueba aportada por la parte actora. Según la pericia, Bodega Galán no logró respaldar documentalmente los gastos operativos y logísticos que pretendía imputar a la cuenta de la operación con IBERTE. Si bien presentó planillas internas de cálculo, no acompañó facturas abonadas, contratos laborales ni comprobantes formales de fletes que permitieran validar tales erogaciones. Esa carencia probatoria, subraya el informe, impide compensar los pagos anticipados realizados por Iberte y deja en evidencia un incumplimiento objetivo en la entrega del vino comprometido.
Las consecuencias económicas del conflicto no se agotaron en la relación bilateral entre vendedor y comprador. Ante la interrupción intempestiva de los envíos desde Mendoza, Iberte se vio obligada a recurrir de manera urgente al mercado internacional para evitar un incumplimiento en cadena con sus propios clientes. El dictamen pericial reconoce este perjuicio adicional como daño emergente y consigna que la empresa europea debió adquirir volúmenes significativos de vino a un proveedor alternativo, Eco Green International LLC, a un costo superior estimado en 0,17843 dólares por litro.
El contexto temporal del conflicto añade un elemento de complejidad. El quiebre de la relación comercial coincidió con el inicio de la pandemia de Covid-19, un período signado por disrupciones logísticas y tensiones en los mercados de materias primas. En 2020, la provincia de Mendoza registró una caída del 15,5% en su cosecha de uva respecto del ciclo anterior, lo que presionó al alza los precios del vino. Sin embargo, la pericia descarta que ese escenario pueda ser invocado como causa eximente. Aun bajo el régimen de emergencia sanitaria, la actividad vitivinícola fue declarada esencial y las bodegas continuaron operando sin interrupciones, tanto en la elaboración como en la comercialización.

El trabajo de los peritos de la Justicia federal complica seriamente a Bodegas Galan
Desde la perspectiva de la defensa de Iberte, el caso excede a una empresa puntual y revela un patrón de conducta que merece atención. Juan Pablo García Diez, abogado representante de la firma eslovaca, sostiene que su cliente actuó siempre bajo estándares de buena fe comercial, cumpliendo con pagos anticipados por mercadería que nunca llegó a destino. En ese marco, el dictamen pericial no haría más que confirmar una práctica reiterada que, de consolidarse judicialmente, podría tener efectos reputacionales para la industria local.
El historial reciente de litigios que llegan a la justicia (y los casos que se conocen en el mundillo de la industria pero que no llegan al reclamo judicial) en la provincia refuerza esa lectura. Iberte ya obtuvo fallos favorables en controversias de características similares contra otras compañías regionales. Entre los antecedentes más relevantes figura el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Mendoza en el caso contra Jugos Australes, que obligó al pago de más de 12 millones de dólares, suma que con intereses se aproxima hoy a los 16 millones. A ello se suma una sentencia judicial que reconoció un crédito de 573.000 dólares contra Fraccionadora San Juan.