por Redacción Mendoza Económico
El fin de semana dejó una marca difícil de borrar en el gobierno de Javier Milei. La causa judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA —que en febrero de 2025 dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias tras un colapso fulminante de su cotización— acumuló en apenas 48 horas un volumen de evidencia que el oficialismo no ha logrado rebatir con argumentos sólidos. Lo que comenzó como una polémica por el respaldo presidencial a un activo digital de dudosa procedencia se consolida, semana a semana, como el mayor desafío institucional de la gestión libertaria.
La revelación más explosiva del fin de semana provino del peritaje del teléfono del empresario y lobista Mauricio Novelli. Los peritos del Ministerio Público Fiscal hallaron en el dispositivo un documento que describía un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al respaldo público del presidente al proyecto. El esquema contemplaba tres tramos: un primer pago de 1,5 millones de dólares, un segundo monto similar condicionado a que Milei realizara una publicación en redes sociales promocionando la criptomoneda, y un tercer desembolso cercano a los dos millones ligado a la eventual firma de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial.
Más revelador aún resultó ser el estado en que fue hallada la evidencia: el archivo había sido eliminado del dispositivo por el propio Novelli, aunque recuperado en su totalidad por los peritos. La destrucción fallida de pruebas no es un detalle procesal menor; en materia penal, constituye un indicio de conducta elusiva que los fiscales actuantes no pasarán por alto.

Desde el estallido del escándalo, la defensa pública de Milei se sostuvo sobre un argumento relativamente simple: él solo había difundido de buena fe un proyecto ajeno, sin saber de sus implicancias ni tener vínculos previos con sus promotores. El registro de llamadas y el contenido de los mensajes del celular de Novelli contradicen punto por punto esas explicaciones.
La reconstrucción cronológica del 14 de febrero de 2025 es elocuente. Novelli mantuvo una secuencia de llamadas con Javier y Karina Milei en los minutos previos y posteriores al lanzamiento, y se comunicó con el asesor presidencial Santiago Caputo cuando la crisis comenzaba a gestarse. No hubo, en otras palabras, un presidente distraído que compartió un enlace como si fuera un gesto impulsivo: hubo coordinación telefónica intensa, en tiempo real, desde Dallas hasta Olivos.
Un dato adicional completa el cuadro de situación: los investigadores encontraron borradores de mensajes que luego Milei publicó en la red X, en los que intentaba tomar distancia del proyecto y apuntaba contra la oposición tras el estallido del escándalo. Que los textos del supuesto “desconocimiento” hayan sido redactados con anticipación sugiere, cuando menos, que la narrativa de la sorpresa fue fabricada con premeditación.
El caso $LIBRA no compromete únicamente la figura presidencial. Los peritajes detectaron más de veinte comunicaciones entre Novelli y Karina Milei, así como al menos catorce llamadas con Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la posterior caída de la criptomoneda. El círculo íntimo del poder queda así involucrado en una trama que ya no admite la cómoda figura del funcionario desinformado.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tampoco escapó a la semana caliente. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro difundió en sus redes sociales una captura de un supuesto intercambio entre la ministra y Novelli, exigiéndole que confirmara o desmintiera la conversación, precisara si se había otorgado una audiencia oficial y aclarara si existió alguna contratación vinculada a una empresa educativa mencionada en el chat. La respuesta de Pettovello, sarcástica y evasiva, no disipó ninguna duda.
En el plano institucional, la presión sobre el Ejecutivo también se intensifica. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados ya había concluido que Milei prestó una “colaboración imprescindible” en la presunta estafa internacional, y el documento recomendó evaluar si el mandatario incurrió en mal desempeño, una figura que podría habilitar la apertura de un proceso de juicio político.
Ante el torrente de revelaciones del fin de semana, legisladores integrantes de esa comisión convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 de marzo, con el objetivo de presentar nuevas informaciones y detallar los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como judicial. La sesión ordinaria del Congreso se perfila, así, como un nuevo escenario de batalla política para un gobierno que prefiere combatir en las redes antes que dar explicaciones en los recintos de la democracia representativa.
La honestidad intelectual obliga a la precisión: las anotaciones encontradas en el celular de Novelli no prueban que el Presidente haya recibido dinero. Sin embargo, sí fortalecen la hipótesis de cohecho y debilitan de manera sustantiva el argumento oficial de desconocimiento. Las preguntas centrales de la investigación judicial siguen en pie: ¿cobró el Presidente por difundir la criptomoneda? ¿Participó activamente del plan o solo fue un promotor bienintencionado? ¿Cómo obtuvo el código alfanumérico de 44 caracteres que publicó antes de que estuviera disponible en ningún otro sitio? ¿Por qué tardó cinco horas y media en borrar el posteo, mucho después del derrumbe de la cotización?
Son interrogantes que la Justicia deberá responder. Pero en el terreno político, el daño ya es visible: desde fines de enero, en coincidencia con el avance de la investigación judicial, Milei intensificó su discurso contra empresarios nacionales y el kirchnerismo, incorporando además un tono moral a su narrativa. En ese escenario, la confianza en el Gobierno muestra señales de desgaste.
Un gobierno que llegó al poder proclamando la honestidad como bandera enfrenta hoy la posibilidad de que su propio presidente haya cobrado —o intentado cobrar— por promocionar una criptomoneda que arruinó a miles de argentinos. La libertad, al parecer, también tiene precio de lista. Y ese precio, en el caso $LIBRA, quedó registrado en un archivo que alguien intentó borrar y que los peritos del Estado recuperaron íntegramente. En política, como en los sistemas informáticos, lo que se borra pocas veces desaparece del todo.